Otros cargos además del narcotráfico

Cada vez que un hondureño es extraditado hacia las cortes del extranjero, de inmediato todos prestan atención sobre los cargos que acompañan las solicitudes de extradición, y por lo general resaltan los cargos ligados a trafico de drogas, pero muy pocos prestamos atención a los “otros cargos”, y es que esos cargos por lo general corresponden a delitos de tráfico, fabricación y/o uso ilegal de armas de fuego que, aunque, son delitos tan delicados como los demás, por alguna razón siempre se tratan de forma diferente a los de tráfico de drogas.

Pero en el fondo ambos son figuras que componen el catálogo de delitos de crimen organizado, lo interesante de estos cargos que últimamente vemos, es que se ha adherido el tema de uso de armas para custodia de actividades del narcotráfico o para asegurar cargas o a los mismos narcotraficantes, sin duda algo nuevo para quienes estamos acostumbrados a estudiar estos temas.

Entre los aspectos que de inmediato generan interrogantes es la identificación de fuentes de armas de estos sujetos, ¿cómo es que terminan accediendo a uno de los objetos más regulados y controlados? Si a cualquier ciudadano que quiere portar un arma de fuego se le establecen una serie de requisitos antes de poner en su mano una licencia de portación o aprobarle una transacción de venta de municiones gracias a los esfuerzos de fortalecimiento de normas de regulación de armas.

Las respuestas van apareciendo a medida que se desarrollan los juicios de estas personas, poco a poco se develan los misterios de la predilección de estas organizaciones de hacerse de empresas de seguridad privada, cuyas licencias de transacciones de compra/venta de armas y municiones suelen ser por mayoreo y no en detalle, incluso con atribuciones de importación de ciertas piezas y accesorios, al igual que la predilección de hacerse de empresas mineras o de construcción de mega obras cuyas licencias para la compra/uso de materiales controlados es más delicado todavía.

Así exactamente vamos viendo la ruta que siguen estas facciones del crimen para hacerse de sus armamentos, pero esto aplica a las armas de uso no restringido en nuestra ley, y ¿qué sucede con esos otros tipos de armas que suelen describirse en esos juicios y que corresponden a categorías de uso prohibido junto con sus municiones? Cuáles son las fuentes de donde se nutren los hondureños extraditables para adquirir armas que muchas veces solo las fuerzas especiales de seguridad y defensa pueden legalmente utilizar bajo el ejercicio de sus cargos e incluso ellos tienen restricciones cuando no están en funciones.

También las respuestas van surgiendo poco a poco en los relatos publicados de imputados que dentro de sus enjuiciamientos aceptaron haber realizado actividades o transacciones con funcionarios de seguridad que posteriormente aceptaron sus propios cargos al ser extraditados o entregarse de forma voluntaria, y que al aceptar cargos también aceptaron en otras palabras, haber puesto en manos de estos señores las armas con las cuales posteriormente eliminaron a cuanto enemigo se puso en su camino, indicando listas de hasta 78 y más víctimas de homicidios por arma de fuego; funcionarios de altos cargos con acceso al stock o armamentos oficiales cuyas desapariciones han sido conocidas desde hace algunos años en donde desde lanza cohetes RPG hasta fusiles y ametralladoras han sido reportados como extraviadas de varios inventarios oficiales.

Exfuncionarios que en su momento también alcanzaron estos altos cargos y que posteriormente también adquirieron sus propias empresas de seguridad privada en asociaciones o como propietarios únicos, o como parte de juntas directivas de dichas empresas en donde una vez vinculados con dichos capos han terminado por infringir la ley de control de armas del país no solo en su versión de 2018 sino también la del 2003.

Por demás interesante, ha estado la presencia de uno de los nombres mas conocidos en el tema de representación legal de empresas para la recuperación de armas incautadas por el Estado dentro de la lista de 78 víctimas que en su momento diera uno de estos señores ya sentenciados, y es que la abogada, Alemán que se volvió famosa mientras litigaba en medio de un proceso penal tratando de recuperar un armamento que se hizo famoso en los periódicos de las décadas pasadas y luego asesinada nada más y nada menos que frente a las instalaciones de la propia fiscalía como si se tratara de un mensaje de estos criminales a la fiscalía misma mientras seguramente ya estaban siendo investigados.

Entre todo esto, lo trágico es que jamás escuchamos de suspensiones de licencias a las empresas de seguridad de estos sujetos, en donde por cierto, también blindan sus vehículos -mientras funcionarios como el fiscal de oro y el Zar antidroga a quinees recuerdo con mucho respeto se conducían en sus modestos vehículos personales mientras una bala letal atravesaba sus vidrios frontales dándoles muerte inmediata-, tampoco escuchamos de procesos en donde sus armamentos fueran periciados para verificar si al menos coinciden con escenas de crimen pasadas o las ya confesadas por dichos imputados.

Pero haciendo un poco de justicia, si fue conocida una sola suspensión por la vía de incautación de una empresa minera de propiedad de estos señores que al parecer no acompañó la correspondiente suspensión de licencia de uso de materiales controlados por la costumbre de administrar/subastar bienes incautados.

En fin, observando todos estos modos de operar que relatan los protagonistas de la criminalidad organizada, sin duda que es necesario seguir prestando más atención a este tipo de delitos, que se aclara que no es complementario en un requerimiento fiscal para ver si no pega el primer cargo que peguen los otros cargos, no. Quienes se especializan en esa materia han de estar más alertas para evitar que estas dinámicas criminales sigan sucediendo a la vista y paciencia de todos.

Hasta la próxima entrega. Que estemos bien.