OACNUDH y Conadeh llamaron a la aplicación del Protocolo de Minnesota sobre Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas en la investigación del asesinato del joven campesino integrante de la EACI, Kevin Meza.
Tegucigalpa. – Mientras funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro llaman a la Secretaría de Seguridad a esclarecer los hechos que rodearon el asesinato del joven campesino Kevin Meza, esta misma institución refiere que investigarán “como cualquier otro incidente de violencia entre grupos campesinos”.
Énfasis en “incidente de violencia entre grupos campesinos”, sobre todo porque el crimen involucraría, según la Plataforma Agraria, a integrantes de la Policía Nacional, quienes recibieron con balas a las familias de la Empresa Asociativa Campesina Isletas (EACI) cuando intentaban recuperar parte de las tierras asignadas para procesos de reforma agraria en Sonaguera, Colón.
“Lo que ocurrió el 14 de octubre fue una emboscada por parte de funcionarios policiales a la Empresa Asociativa Campesina Isletas”, contó a Criterio.hn el portavoz de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas, en referencia al suceso en el que perdió la vida Meza y del que existen testigos sobrevivientes, así como un video, que muestra el momento en que se abre fuego contra las familias campesinas.
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Rivas afirmó que desde la Plataforma Agraria preocupa que el comunicado de la Secretaría de Seguridad pretenda criminalizar a la empresa asociativa, argumentando la existencia de un enfrentamiento entre campesinos. “No sabemos quién puede estarle transmitiendo ese tipo de información, cuando nosotros tenemos testimonios de sobrevivientes del hecho”, afirmó.
Rivas señaló que no descarta que exista voluntad entre algunos altos funcionarios en el esclarecimiento de los hechos, pero reparó que a nivel regional se continúa replicando una ideología de represión contra el pueblo y es bajo esta dinámica que se cometen los hechos violentos, puesto que los policías son los mismos que estaban durante la narcodictadura.
“Por otro lado, existe la influencia de los grupos empresariales, agroindustriales, que incentivan la violencia y de esa manera es que se provocan estos hechos violentos y dejan pues, muy mal parado al gobierno a nivel del Ejecutivo que bueno, no cabe duda de que hay intención de poder contribuir a mejorar toda la situación de restablecimiento de derechos fundamentales”, dijo.
ÓRGANOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD NO PUEDEN INVESTIGARSE A SÍ MISMOS
El coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (MADJ), Víctor Fernández, quien acompaña la causa Aguán, refirió que la información que manejan es que en efecto miembros de la policía esperaron para atacar y agredir a las familias campesinas de la EACI el 14 de octubre en el marco de la reivindicación de los derechos agrarios, y el resultado fue una muerte violenta, así como otros ataques contra la vida y la integridad de las personas.
Fernández, quien fue fiscal del Ministerio Público, señaló que la primera reacción tanto de la Policía Nacional y funcionarios del gobierno “es de autoprotección”. Explicó que “como norma un policía o un militar no dispara si no tiene una instrucción implícita o directa de que puede disparar, o en aquellos casos en que su vida […] o integridad esté en situación de riesgo”.
Tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas —en general los órganos de defensa y seguridad— operan bajo el principio de un solo cuerpo y como norma se defienden entre sí, por lo que nunca expondrán a sus miembros, señaló el coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández.
El abogado argumentó que en este caso las familias no representaban un riesgo para los policías designados en la zona, “pareciera que tienen orden de disparar y efectivamente dispararon y mataron”.
A partir de esta acción violenta que inició con los policías y no un “incidente de violencia entre grupos campesinos”, Fernández declaró que “la policía no puede investigarse a sí misma […] porque eso va a implicar señalar responsabilidad directa a quienes dispararon en contra del compañero Kevin y en contra de las demás personas, familias”.
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Desde la perspectiva del abogado de la causa Aguán, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas —en general los órganos de defensa y seguridad— estas operan bajo el principio de un solo cuerpo.
“Como norma se defienden siempre, nunca se exponen ni exponen a sus miembros, esa es la norma así que nunca se van a investigar o procurar acciones que puedan redundar en deducción de responsabilidades, porque implica una especie de autodestrucción en la lógica del funcionamiento de estas instancias”, relató.
El profesional del derecho detalló que ya existen “indicios que hay un sentido de cuerpo, de protección [por parte de las autoridades de seguridad] y por eso hablan de disputas o contiendas entre grupos campesinos, que no es el caso en este ni en ningún otro, pero menos en este”.
INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO DE KEVIN MEZA EXIGE RADICAL INDEPENDENCIA DE QUIENES PODRÍAN ESTAR INVOLUCRADOS
Fernández especificó que en el proceso de investigación del hecho que terminó en la muerte violenta de Meza es importante que quienes se involucren guarden “una radical independencia de los funcionarios policiales y los funcionarios de gobierno que podrían estar participando por acción o por omisión en este tipo de violencias que están sufriendo el movimiento, las familias y las personas campesinas en el Bajo Aguán”.
En este caso, el abogado señaló que estos casos suelen ser asignados para su investigación a la Unidad de Muertes Violentas en el Bajo Aguán (Umviba). No obstante, reparó que la misma esta “hartamente desprestigiada porque en lugar de investigar este tipo de muertes es identificada por las familias y organizaciones campesinas en el Valle del Aguán como la principal fuente de riesgo, que estaría conectada con una serie de agresiones” que han sufrido en la zona.
Agregó que considera oportuno llamar a que se configure una unidad con personas, funcionarios e investigadores independientes de los “tentáculos del crimen empresarial que opera en la zona”, así como de los crímenes de grupos agroindustriales vinculados con funcionarios corruptos y de esta forma se tenga confianza y garantía de una investigación independiente”.
Fernández observa que esta garantía de independencia en la investigación es compleja, delicada y casi imposible, a partir de la forma que viene operando el crimen en la zona del Aguán, pero en ello está el desafío, encontrar funcionarios y unidades que guarden y se aseguren de ser independientes frente a la dinámica de corrupción y violencia instalada en el Valle del Aguán.
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Tras el asesinato del joven campesino Kevin Meza en la finca El Guanacaste, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) llamaron al Ministerio Público a llevar a cabo una investigación pronta e imparcial, bajo el principio de debida diligencia y que incluya la aplicación del Protocolo de Minnesota sobre Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.
El Protocolo de Minnesota tiene por objeto proteger el derecho a la vida y la promoción de justicia, rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada, señala OACNUDH.
Mediante este instrumento se “establece una norma común de desempeño en la investigación de una muerte potencialmente ilícita o una sospecha de desaparición forzada, así como un conjunto común de principios y directrices para los Estados, las instituciones y las personas que participen en la investigación”.
Hasta el 21 de octubre de 2023 se han registrado al menos once asesinatos de personas ligadas a la defensa de la tierra, territorio y ambiente en el Bajo Aguán. Sus nombres son: Alí Domínguez y Jairo Bonilla, Omar Cruz Tomé y Andy Martínez Murillo, Santos Hipolito Rivas y Javier Rivas, Emerson Martínez, José Gilberto Martínez Cardona, Óscar Oquelí Domínguez Ramos, José David Fortín, y Kevin Meza.
