Tegucigalpa.- Treinta meses han transcurrido desde la desaparición forzada de los defensores garífunas: Sneider Centeno, Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Tróchez, en la comunidad del Triunfo de la Cruz en Tela, en el Caribe hondureño, sin que hasta la fecha el Ministerio Público muestre avances en el caso.
Así lo denunció la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) el pasado miércoles, al recordar que los cuatro defensores fueron sacados de sus viviendas la madrugada del 18 de julio de 2020, por elementos de las fuerzas de seguridad en medio del toque de queda implantado durante la pandemia de covid-19.
Al momento de su desaparición, Sneider Centeno fungía como presidente del patronato del Triunfo de la Cruz, una comunidad garífuna que tiene siete años exigiendo el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en la cual se exige al Estado la devolución del territorio conocido como Lote A1 donde, según denuncia Ofraneh, la oligarquía hondureña construyó casas.
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La organización señaló que Centeno, Martínez, Mejía y Tróchez, entre otros, realizaron labores de protección de los manglares de Punta Izopo al inicio de la pandemia, pero que estos fueron posteriormente destruidos.
En un video compartido por la Ofraneh, Sneider Centeno afirmó: “Entidades tanto municipal como gobierno [central], son las que han querido desbaratar nuestra comunidad y todas las comunidades garífunas. Nosotros hemos venido viendo cómo nos matan y criminalizan a los garífunas por ser acreedores y poseedores de nuestras tierras, que son ricas para producir”.
La coordinadora general de la Ofraneh, Miriam Miranda, sostuvo la exigencia de incorporar el SUNLA en los procesos de investigación por la desaparición forzada de los cuatro jóvenes garífunas, así como el cumplimiento de las sentencias de la Corte-IDH.
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Miranda ha sostenido en varias ocasiones que existe un plan de genocidio y desplazamiento contra el pueblo garífuna, a causa de los grandes intereses económicos mineros, energéticos y megaindustria que se juegan en los territorios de la costa Atlántica de Honduras, perdiendo de esta forma la paz y tranquilidad que caracterizaban a estas comunidades.
En octubre del año pasado, la Ofraneh denunció la amenaza de muerte contra el fiscal del Comité de Defensa de Tierras del Triunfo de la Cruz, Alfredo López Álvarez, en caso que no abandonara dicha comunidad y cesara en la lucha para la restitución del derecho del pueblo garífuna.
El domingo 15 de enero se registró el múltiple femicidio de tres mujeres garífunas en la comunidad de Travesía en el municipio de Puerto Cortés, siempre en la zona Atlántica de Honduras, pese a que se había ampliado hasta dicho municipio el estado de excepción decretado por la presidenta Xiomara Castro como una medida “para combatir la criminalidad heredada”.
La Ofraneh se solidarizó con familiares de las víctimas, condenó el violento hecho y señaló que la sangrienta agresión no es un hecho aislado. Agregó, que el asesinato de Cristy Fabiana Espinoza, Janahira Jaqueline Aranda Castillo y Ana Castillo es un hecho abominable que además de evidenciar la escalada de violencia contra mujeres garífunas, también evidencia “el paraíso de la impunidad” en el que se ha convertido Honduras.
