Por: Carlos Zelaya Herrera
El lunes 28 de marzo en horas de la tarde el pleno 15 de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ratificó la decisión del juez de primera de instancia que concedió la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, ante la comisión de tres delitos de narcotráfico imputados por la Fiscalía de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El jueves, 21 de abril al filo de la 2:30 de la tarde y tras agotar las instancias de la Corte Suprema de Justicia, culminó el proceso de extradición amparado en el Auto Acordado, por lo que, en medio de un enorme despliegue de seguridad y mediático el exgobernante quedó en manos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos que en un vuelo expreso lo trasladó a la ciudad de Nueva York.
Los roces se evidenciaron desde agosto de 2019 cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi y una comitiva bipartidista evitó en una gira por Guatemala, El Salvador y Honduras, los países del Triángulo Norte de Centroamérica, reunirse con el mandatario nacionalista, aunque revelaciones posteriores indican que se le daba seguimiento desde el 2004, en el gobierno de Ricardo Maduro Joest.
Pelosi, tercera en la jerarquía de mando de la potencia del norte, informó que viajaba al área a fin de mejorar la estabilidad regional e involucrar a los líderes en una discusión sobre migración. A fines de mayo de ese año fiscales estadounidenses presentan documentos originalmente publicados en 2015 que revelaban que Hernández era objeto de una gran investigación de narcotráfico y lavado de dinero, junto con su hermana Hilda y otras personas de su círculo.
No obstante, después de siete meses de reservar la información, el 7 de febrero de 2022 el Departamento de Estado confirmó la inclusión del presidente Hernández en una lista clasificada de funcionarios sospechosos de corrupción o socavar la democracia en Centroamérica.
Ese día, en la capital de Honduras, el portal digital de la Embajada de Estados Unidos reveló que desde el 1 de julio de 2021 el exgobernante fue incluido en la lista vigente por el Departamento de Estado.
El exlíder político se une a Rafael Leonardo Callejas, ya fallecido, y a Porfirio Lobo Sosa, como los expresidentes nacionalistas con su visa revocada por escándalos de corrupción por EE. UU., entre más de 50 legisladores, altos políticos y exfuncionarios activos en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a acciones corruptas. Nadie está por encima de la ley, informó vía Twitter el secretario de Estado, Antony Blinken.
El 23 de noviembre de 2018 el hermano del exmandatario, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, es capturado en el aeropuerto de Miami por actividades de narcotráfico, trasladado a New York para responder por hechos ocurridos entre 2004 y 2016. Fue a partir de este vínculo familiar directo que las sospechas alcanzaron al expresidente.
El 30 de marzo de 2021 el juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castell, sentencia a cadena perpetua más 30 años de cárcel a Juan Antonio “Tony” Hernández, y le ordena devolver 138.5 millones de dólares por cuatro cargos de narcotráfico, incluyendo el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.
Castell, dijo que espero que mientras esté en prisión reflexione sobre su vida y lo que ha hecho. Quizás pueda hacer algo bueno por su familia y su país.
Las insistentes informaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado han sido desmentidas una y otra vez por el ahora exmandatario; que en un Twitter advirtió que “se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios”.
El 8 de enero en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York fiscales federales presentan mociones acusando a Hernández de aceptar sobornos de narcotraficantes; y por primera vez se refirieren a él como conspirador número 4 (CC-4), a su cargo como presidente y al vínculo con su hermano, Tony Hernández.
El 23 de enero de 2021 el Congreso Nacional rechaza una moción de los diputados Luis Redondo, David Armando Reyes y Jorge Cáliz, del PSH y Libre, respectivamente, para abrir un juicio político contra el presidente Hernández ante acusaciones de fiscales estadounidenses de haber recibido en 2013 sobornos de narcotraficantes para financiar su campaña presidencial y su posterior reelección.
El 15 de febrero de este año el exgobernante nacionalista es acusado de tres delitos relacionados con conspiración para el envío de más de 500 mil kilos de cocaína a Estados Unidos, según la traducción de la nota de extradición 119, enviada por el gobierno de EE. UU. a Honduras.
En el juicio contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes, en marzo 9 de 2021, el fiscal de Nueva York, Jacob Gutwillig, afirmó que el exmandatario pactó una alianza con el cartel Los Cachiros para introducir miles de kilos de cocaína en Estados Unidos. El fiscal describió Honduras como un “narco estado”.
Los fiscales mostraron documentos de reuniones secretas entre Fuentes y Hernández que, según las pruebas de la Fiscalía, recibió millonarios sobornos de narcotraficantes como Joaquín Guzmán Loera, alias “Chapo Guzmán”, a cambio de refugio y protección.
En uno de esos encuentros Hernández habría declarado su intención de “meterles drogas por las narices a los gringos”, según los fiscales.
El vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, en rueda de prensa confirmó la tarde de este lunes la decisión del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que declaró no ha lugar a la apelación de la defensa técnica y ratificar la resolución del Juez Natural que autorizó la extradición a Estados Unidos del exmandatario, conforme a la Constitución de la República, el tratado de extradición y las leyes nacionales.
La votación, sobre la cual no hay otro recurso más, fue 15 votos a favor de conceder la extradición por el primer cargo y 13-2 por los siguientes dos delitos; A seis meses de cumplir 54 años, la entrega de Hernández Alvarado a la justicia estadounidense se espera para las próximas horas.
Este sería el final de 24 años de vida política que comenzó en 1997, cuando el exgobernante ganó la primera diputación del departamento de Lempira, para escalar en la jerarquía partidaria y política en el Congreso Nacional violentando el marco jurídico ya que no podía aspirar al cargo por conflictos de interés por parentesco con la jueza María Elena Matute de Hernández, su cuñada.
El 27 de noviembre de 2021 marcó su declive con la derrota electoral de Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional y su punto álgido el 27 de enero, con la toma del poder de Libertad y Refundación y Xiomara Castro como presidenta más votada en la historia política de Honduras.
