Por: Marcia Perdomo
Ilustración: Guillermo Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa.- Pese a la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras, estás siguen siendo un dolor de cabeza para la ciudadanía y el Estado.
Durante el fin de semana, los inversionistas anunciaron que iniciaban “un proceso formal para hacer valer los derechos de Próspera ZEDE” a través de un procedimiento de consultas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como CAFTA-DR.
Próspera, con sede en Roatán, detalló que el viernes 3 de junio notificó a la Secretaría de Desarrollo Económico sobre una solicitud de consultas y negociación al amparo del artículo 10.15 del CAFTA-DR.
Esto a causa de “reiteradas solicitudes de diálogo” que no han tenido respuesta. En la publicación realizada en su sitio web, adjuntaron tanto la carta dirigida a la Secretaría de Desarrollo Económico, como dos cartas previas enviadas a la presidenta Xiomara Castro, el martes 26 de abril y el miércoles 11 de mayo de este año.
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A estas afirmaciones, agregaron que desde “los medios de comunicación se han hecho declaraciones engañosas de que Próspera ZEDE no podrá operar”. Esto tras la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE, reformas constitucionales y demás leyes secundarias.
Remarcaron que, pese a los recientes esfuerzos por derogar el marco legal de las ZEDE, Próspera sigue disfrutando de los derechos que se le concedieron previamente debido a que Honduras les garantizó estabilidad legal por 50 años.
“Próspera espera que el Gobierno de Honduras respete sus compromisos de estabilidad jurídica; y, en consecuencia, que el marco legal de las ZEDE siga teniendo plena vigencia en lo que respecta a Honduras Próspera, a pesar de los recientes esfuerzos de derogación. El incumplimiento de estos compromisos constituiría una violación del derecho internacional y hondureño, así como un trato injusto a Honduras Próspera”. publicaron.
A modo de advertencia señalaron que “no es demasiado tarde para que Honduras reafirme y cumpla con las obligaciones que adquirió para atraer la inversión extranjera y evite un arbitraje internacional entre inversionistas y el Estado. El equipo legal de Honduras Próspera Inc. está listo, dispuesto y capacitado para participar de buena fe y espera que Honduras haga lo mismo”.
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Próspera y sus inversionistas están siendo representados por la firma legal neoyorquina White & Case LLP, fundada en 1901 y con 46 oficinas en 31 países del mundo. La revista Forbes recoge que, hasta noviembre de 2021, la firma tuvo ingresos por hasta USD 2.4 billones. Sus clientes incluyen empresas, gobiernos e instituciones financieras.
UN PROYECTO INSTALADO EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DEL PUEBLO HONDUREÑO
Pese al rechazo de la población en general desde su instalación, los inversionistas de la ZEDE continúan argumentando que tanto Próspera como sus filiales “han realizado importantes inversiones en Honduras confiando en el marco jurídico de las ZEDE” y que “la empresa tiene previsto invertir cientos de millones de dólares más en los próximos años”.
De igual forma mantienen que el “modelo de negocio ya ha generado empleo remunerado para cientos de hondureños locales y docenas de empresas innovadoras hondureñas e internacionales, y se prevé mucho más en los próximos años”.
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Ante el más reciente ultimátum de Próspera, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) calificó las acciones de los inversionistas como “chantaje al pueblo hondureño” y la negación al reconocimiento de la soberanía de Honduras.
La Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico entró en vigor en septiembre de 2013, tras pasar por un proceso plagado de irregularidades. Estas incluyeron la reforma a artículos pétreos de la Constitución de Honduras y la remoción de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes por mayoría de votos declararon inconstitucionales las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), precursoras de las ZEDE.
El proyecto -desde su concepción hasta su instalación- fue promovido por los liderazgos del Partido Nacional de Honduras, que en doce años en el poder se caracterizó por fuertes señalamientos en casos ligados a corrupción y narcotráfico.
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Al punto que el expresidente Juan Orlando Hernández por el Partido Nacional, quien fungió cuatro años como presidente del Congreso Nacional y ocho como presidente del Poder Ejecutivo, fue solicitado en extradición por delitos conexos al narcotráfico el mismo día en que dejó el poder.
