Tegucigalpa.- La derogada Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera declinó demanda, pero anunció arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington D.C., Estados Unidos.
El aviso fue realizado durante una conferencia en un hotel de la capital hondureña, en el que el director ejecutivo de Próspera, Erick Brimen, mantuvo la posición que siempre han operado de manera legal, que poseen derechos legales adquiridos, como el derecho a seguir invirtiendo para “crear oportunidades con Honduras” y “anticipamos hacer todo lo necesario para defender dichos derechos”.
Por su parte, Arturo Zacapa, socio director de Dentons Muñoz Zacapa, firma legal que representa a Próspera, declaró que espera llegar a un acuerdo negociado que sea favorable para el país.
A la vez que sostuvo que las inversiones se realizaron cuando las leyes estaban vigentes y que “Honduras les garantizó mantener estas condiciones por al menos 50 años sin cambiar las reglas y reconociéndoles todos sus derechos”.
La conferencia también contó con la participación de Virginia Mann, a quien identificaron como una pobladora de Crawfish Rock, comunidad negra inglesa en Roatán, territorio insular de Honduras, y vecina de Próspera. Mann adujo que la cercanía de Próspera a Crawfish Rock ha beneficiado a la comunidad.
Sin embargo, también es cierto que Crawfish Rock ha sido una de las comunidades más vocales en su oposición a la instalación del inconsulto proyecto de Próspera, como lo comprobó Criterio.hn durante sus visitas en 2020 y 2021.
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CAMBIO DE DISCURSO SE BASA EN INCOMPATIBILIDAD DE
LAS ZEDE CON NORMATIVA INTERNACIONAL EN DD HH
Durante la conferencia estuvo presente el coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Christopher Castillo, quien interpeló a los representantes de Próspera.
ARCAH ha mantenido una postura de oposición a las ciudades privadas y ha denunciado en varias ocasiones que además de inconstitucionales, son un proyecto neocolonial con implicaciones ambientales que afectarán al sistema de arrecifes mesoamericano, así como el territorio insular de Islas de la Bahía.
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De igual forma, fuera de la sala de conferencia, Castillo subrayó el cambio de discurso por parte de Próspera, el cual paso de amenazas de demanda, dos meses atrás, a finalmente un arbitraje ante la CIADI.
El coordinador de ARCAH apuntó que 43 de los 45 artículos de la derogada ley orgánica de las ZEDE son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos. “Es precisamente por eso que Erick Brimen hoy no ha hablado de un tema concretamente de demanda”, afirmó.
“Lo hemos dicho muchas veces, no hay ninguna corte internacional que pueda proceder en el marco de los términos que están hablando porque violaron la Constitución”, afirmó Castillo, quien agregó que “ninguna corte internacional va a querer meter sus manos, obligando el Estado de Honduras a que ceda su soberanía en el marco de la ilegalidad”.
Sumado a esto, uno de sus principales promotores, el extraditado expresidente Juan Orlando Hernández, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, acusado por cargos ligados al narcotráfico y cuyo juicio iniciará el 24 abril de 2023.
De igual forma, Ebal Díaz, el otrora mano derecha del expresidente Hernández, promotor de las ZEDE, miembro de la Comisión Permanente del Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas (CAMP), y ahora recientemente ciudadano nacionalizado de Nicaragua, es un exfuncionario altamente cuestionado por actos de corrupción en Honduras.
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¿QUÉ PASARÁ EN UN ARBITRAJE?
La fundadora de Honduras Resurge e integrante del Movimiento Nacional Contra las ZEDE y en Defensa de la Soberanía, Jimena García Merino, dijo a Criterio.hn que desde Próspera se ha buscado hacer presión mediática, la cual no ha tenido mayor efecto en el gobierno, pero si se percibe cierto temor por parte de ellos.
García Merino dijo que de lo poco que pudo escuchar de la conferencia llamó su atención la admisión “que había un alto riesgo para todas las partes. Lo cual implica el reconocimiento por parte de ellos de que no la tienen fácil, pues como todos sabemos esta fue una derogación de una ley inconstitucional, no un problema de Derecho Comercial”.
Además, explicó que al irse por el arbitraje internacional, el Estado de Honduras deberá elegir un arbitro, Próspera deberá escoger otro, y un tercero seleccionado por ambos. “La responsabilidad de estos árbitros de velar por el Estado de Derecho y la seguridad territorial de todos los países del mundo esta en juego en este fallo”, explicó.
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La defensora de la soberanía señaló que tanto el Estado como Próspera, están corriendo un riesgo al irse a arbitraje. No obstante, este es todavía mayor para las derogadas ZEDE puesto que “ellos han vendido castillos en el aire a inversionistas en todas partes del mundo, teniendo conocimiento de la inconstitucionalidad bajo la cual ellos constituyeron dicha empresa, por lo cual ante sus inversores pueden llegar a ser demandados hasta por fraude, entre muchos otros”.
Mientras que el Estado de Honduras en caso de perder el arbitraje tendría que pagar una indemnización, sin embargo, apuntó que desde la perspectiva de muchos juristas, “ningún juez, sea de una corte o de un centro de arbitraje, va a fallar a favor de que se violente la soberanía de un país”.
Sin embargo, para establecer el monto a pagar por esta indemnización, Próspera tendría que primero probar que tendrían el crecimiento de la magnitud que han hablado. “Según nuestros cálculos y análisis, ni aún cuando fueran duplicando el PIB [Producto Interno Bruto] que ellos quieren manejar que tienen de manera anual y constante por 10 años, lo lograrían. Lo que ellos están pidiendo es realmente irrisorio”, comentó García Merino.
“Si llegase a darse la posibilidad de que tengamos como Estado de Honduras que pagar una indemnización, nunca sería por los montos que ellos están estableciendo. Esto teniendo en consideración de que el Estado de Honduras no les ha quitado el derecho a operar ni tampoco les ha quitado o expropiado como quieren hacer creer. Lo que se les está pidiendo es que se acojan a cualquiera de los regímenes que son legales y legítimos dentro de nuestro país”, concluyó.
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