Xiomara Castro, dos años de promesas cumplidas, incumplidas y a medias

A dos años de que Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras, Criterio.hn examina cuáles promesas presentes en su Plan de Gobierno se han cumplido y cuáles no

Tegucigalpa, Honduras.- Han transcurrido dos años desde que Xiomara Castro asumió la presidencia de la República con la promesa de refundar a Honduras.

A lo largo de estos dos años, entre aciertos y desaciertos, Criterio.hn ha examinado por segunda vez su Plan de Gobierno, analizando lo que se ha cumplido y lo que no.

Hace un año, con la publicación de Lo dulce y lo amargo del primer año del Gobierno de Xiomara Castro, este medio digital destacó algunos esfuerzos del Gobierno para reducir pérdidas en la energía eléctrica y otorgar subsidios a hogares. Sin embargo, también lamentó fallas en salud y educación, ausencia en derechos reproductivos y una desmilitarización incompleta.

Además, se abordó la persistencia de la minería, las promesas para la comunidad LGBTIQ+ y el incumplimiento de algunas reformas legales a cargo de la bancada oficialista dentro del Congreso Nacional.

En esta segunda entrega, Criterio.hn revisó que algunas de las tareas pendientes de hace un año se han solventado, pero la mayoría sigue siendo una promesa de campaña.

DEUDA CON DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LA MUJER

En cuanto a los derechos reproductivos de la mujer, lo único que se ha cumplido es la aprobación del uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) el 9 de marzo de 2023. La PAE comenzó a comercializarse a partir de julio de 2023, pero hasta el 9 de diciembre, organizaciones como el Grupo Estratégico por las PAE (GE PAE) denunciaban que, aunque existe el registro sanitario, la disponibilidad en el sistema de salud público es escasa.

Presidenta Castro aprobó el uso de la PAE
En vallas las mujeres exigíana la presidenta Xiomara Castro la liberación del uso de la PAE

Otra promesa que le ha sido imposible cumplir a Xiomara Castro es la despenalización del aborto por las tres causales, como indicó su Plan de Gobierno. Sin embargo, cabe mencionar que el aborto quedó prohibido dentro de la misma Constitución de la República, y se requeriría un fallo de la Sala de lo Constitucional para retirar el blindaje a su prohibición o que la mayoría calificada del Congreso Nacional, es decir, 86 diputadas o diputados, voten para su derogación.

Además, la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema latente en el país. Según cifras oficiales, en 2023 murieron violentamente 380 hondureñas, pero organizaciones como el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y la Red Cattrachas apuntan que son 386 y 397, respectivamente.

La implementación de un protocolo de atención a víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual, prometida por Xiomara Castro en campaña, también continúa sin materializarse.

SECTOR OBRERO Y CAMPESINO, EN ESPERA

La presidenta Xiomara Castro prometió «un salario justo, digno y remunerador para todos» dentro de su Plan de Gobierno. Aunque el 8 de febrero de 2023 el Poder Ejecutivo aprobó un ajuste del 9.80% al salario mínimo, las condiciones de vida de la ciudadanía continúan siendo precarias ante el costo de la canasta básica. Los ajustes salariales, en promedio, fueron de apenas L 1,302.81.

Los campesinos han realizado varias movilizaciones en la capital Tegucigalpa, exigiendo la legalizacion de sus tierras y apoyo para la producción

El 6 de junio de 2023, se creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, con el objetivo de revisar el estamento jurídico de propiedades en disputa y elaborar un plan que resuelva la mora agraria, para luego elaborar un proyecto de decreto a ser enviado al Congreso Nacional. Sin embargo, según han denunciado organizaciones campesinas, esta comisión ha estado más concentrada en los desalojos violentos sin investigar la titularidad de las tierras y en atemorizar a grupos campesinos.

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Dentro de su Plan de Gobierno, la presidenta Xiomara Castro también prometió fortalecer el Instituto Nacional Agrario (INA) y abogar por una reforma agraria que continúa pendiente. Entre 2022 y 2023, el presupuesto correspondiente al INA pasó de L 396,558,208.00 a L 555,408,208.00.

REFORMA TRIBUTARIA, ‘JUSTA Y NECESARIA’

Aunque ha abogado por ello, se ha encontrado con una férrea oposición, sobre todo en los sectores empresariales más fuertes del país, y la presidenta Xiomara Castro continúa sin llevar a cabo su reforma fiscal conocida como Ley de Justicia Tributaria.

El 26 de abril de 2023, la presidenta Xiomara Castro envió al Congreso Nacional el anteproyecto de la Ley de Justicia Tributaria, cuyo dictamen, que eliminará 14 regímenes de exoneración fiscal y creará dos nuevos, aún está pendiente de ser presentado ante el pleno de diputados.

La Ley de Justicia Tributaria, según el planteamiento del Gobierno, busca aumentar los ingresos tributarios sin crear impuestos adicionales ni aumentar tasas y a través de una mayor suficiencia fiscal para abordar las demandas sociales, cerrar brechas de evasión fiscal en impuestos sobre altos patrimonios, incrementar la recaudación de grandes empresas y reducir la inequidad tributaria.

«No más monopolios, ni oligopolios, ni exenciones fiscales o exoneraciones que constituyen privilegios innecesarios para el desarrollo», indicó Castro en su Plan de Gobierno.

Discurso de Xiomara Castro en la inauguración de la tercera legislatura en el congreso nacional el 25 de enero

En su discurso de inauguración de la tercera legislatura del período constitucional 2022-2026, la presidenta Xiomara Castro pidió al Congreso Nacional valorar su propuesta de justicia tributaria, al tiempo que la bancada del Partido Libre y los secretarios de Estado presentes gritaban «reforma tributaria, es justa y necesaria».

INVERSIÓN PÚBLICA, ¿A QUÉ COSTO?

Además de lo anterior, la presidenta Xiomara Castro prometió implementar un programa de inversión pública que buscará apoyar el crecimiento económico a través de inversiones estratégicas en infraestructura, en beneficio de los sectores productivos.

«Nuestro énfasis estará en la provisión de servicios, carreteras, caminos en zonas postergadas y de energía, telecomunicaciones a las viviendas y plantas productivas», indicaba el Plan de Gobierno.

Según datos de la Secretaría de Finanzas, L71,126.60 millones fue lo que se ejecutó en Inversión Pública Total (IPT) en 2023. De ellos, L 36,879.56 millones corresponden a inversión social, L 15,857.28 millones a inversión productiva y L 18,389.7 millones a formación bruta de capital.

Los cuestionamientos hacia la fórmula utilizada para aumentar los indicadores de inversión social, según analistas económicos consultados por Criterio.hn, se centran en que el Gobierno considera la entrega de bonos sociales como tal.

Esta cuestionada estrategia permitió que Honduras fuera situada con un 91% en su variación interanual de gastos de capital, lo que se traduce en un dinamismo de la inversión pública, según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2023 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

SE FUE EEH, PERO LAS PERDIDAS DE LA ENEE SIGUEN

Una de las promesas que sí ha cumplido el Gobierno ha sido la no renovación del lesivo contrato que mantenía el Estado hondureño con la Empresa de Energía Honduras (EEH), y que culminó el 18 de agosto de 2023 tras intervenciones del Gobierno.

Con la llegada de la EEH, se contempló una reducción en las pérdidas técnicas y no técnicas del 16.95%, con una referencia del 31.95%. Sin embargo, las pérdidas solo se redujeron en un 1.11%, lo que llevó a considerar dicho contrato como un fiasco por la Administración Xiomara Castro.

En respuesta, el Gobierno de Xiomara Castro puso en marcha en 2023 el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP).

Con la creación del PNRP se proyectó reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, pero en 2023 la estatal eléctrica cerró con pérdidas en un 36.70%, según un informe del propio PNRP.

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Mientras que en un informe de evaluación al PNRP, publicado a inicios de año por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se estimó que las pérdidas cerraron en 38.37%. Por lo tanto, al menos en su primer año, el PNRP no cumplió con su objetivo, según analistas consultados por Criterio.hn.

¿Y EL TRANSPORTE PÚBLICO, MODERNO Y SEGURO?

Otra de las promesas de campaña, que continúa pendiente, es el ordenamiento y la modernización del transporte público. En su propuesta, la presidenta Xiomara Castro prometió revisar el marco legal y regulatorio de dicho sector.

Establecer un mecanismo de seguridad y mejorar las condiciones de las unidades han sido algunas de las exigencias que se han realizado para mejorar el transporte público.

Sin embargo, no ha existido reforma alguna a la Ley del Transporte Terrestre.

RELACIONES CON CHINA Y CREACIÓN DE LA SENAF, SÍ

A diferencia de un año atrás, el Gobierno de Xiomara Castro ahora sí puede asegurar que cumplió con establecer relaciones oficiales con China, luego de que el 14 de marzo de 2023 ordenara al secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, cumplir con ello como «muestra de mi determinación para cumplir el Plan de Gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo».

El 8 de septiembre de 2023, el Poder Ejecutivo aprobó la supresión de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, y creó la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Dicha secretaría de Estado se creó como responsable de la rectoría, formulación, coordinación, gestión, monitoreo y evaluación de la política pública y la normativa de la garantía y la protección integral de los derechos de la niñez, adolescencia y familia.

PENDIENTES MEDIDAS DE REPARACIÓN POR CASO VICKY HERNÁNDEZ

En cuanto a las promesas hechas a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual y Queer (LGBTIQ+), aún están pendientes algunas medidas de reparación por el caso Vicky Hernández, una mujer transgénero que murió asesinada tras el golpe de Estado por elementos de las Fuerzas Armadas.

Por este caso, el 28 de junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de Honduras y le ordenó cumplir con algunas medidas de reparación, como investigar su muerte, otorgamiento de becas, capacitación a agentes de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de derechos humanos, creación de un audiovisual, indemnización y reconocimiento de la identidad de género, entre otros.

No obstante, la mayoría de estas medidas de reparación continúan sin ser ejecutadas por el actual Gobierno.

Con relación a derechos humanos, pese a que se prometió la elaboración e implementación de un Plan Nacional de Derechos Humanos, la situación continúa siendo crítica.

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En 2023, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), fueron asesinados 15 defensores de derechos humanos en Honduras.

Además, en su último informe mundial sobre derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) señaló al Gobierno de incumplir algunas de sus promesas que incluían el fortalecimiento de los derechos humanos.

De igual, se señaló la débil respuesta del sistema judicial – controlado por los partidos políticos y los grupos de poder- a la corrupción y a la impunidad, lo que deriva en sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

ZEDES, VIVITAS Y COLEANDO

Otra promesa de campaña que no ha logrado materializarse es la eliminación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). Aunque el 21 de abril de 2022 se derogó su ley orgánica, su ratificación constitucional no alcanzó la mayoría calificada, por lo que la derogatoria deberá someterse nuevamente durante la tercera legislatura, que recién se inauguró el pasado 25 de enero.

DESMILITARIZACIÓN: NO

La desmilitarización de la sociedad también quedó en papel. El Gobierno de Xiomara Castro ha recurrido a la militarización tanto de las calles como del sistema penitenciario.

Contrario a las promesas de Libre y de Xiomara Castro de quitarle protagonismo a los militares, ahora los involucran en muchas actividades y les han elevado el presupuesto. Foto: Secretaria de Defensa

La presidenta Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras después de 12 años de administración del Partido Nacional, primero con Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y después con Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien actualmente espera el inicio de su juicio por delitos de narcotráfico en Estados Unidos.

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