Tegucigalpa.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro decretó “Estado de Excepción” para el departamento de Colón luego del asesinato de tres miembros de la Policía Nacional, sin embargo, organizaciones populares y agrarias responsabilizan al gobernador Adán Fúnez y el exdiputado Óscar Nájera de ser responsables de promover la violencia.
El pasado domingo en la comunidad de Agua Amarrilla, municipio de Trujillo, Colón, fueron asesinados: Jairo Posadas, Jonathan Ramos y Juan Murillo miembros activos de la Policía Nacional.
Ante el crimen, Castro, a través de Twitter, declaró Estado de Excepción para todo el departamento de Colón e instruyó a las autoridades policiales restringir la circulación y fronteras de esa región hasta capturar a los criminales.
Esa misma semana, el equipo de Criterio.hn elaboró una nota periodística en la que expuso la espinosa situación de violencia en Tocoa al anunciarse la conformación de un escuadrón de la muerte debido a la falta de respuesta por parte de los entes de seguridad del Estado y los más de diez asesinados en dicho periodo.
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En febrero, Castro nombró una comisión interinstitucional para lograr acuerdos con campesinos, terratenientes, autoridades municipales y poner fin a los reclamos del sector campesino del Bajo Aguán contra el despojo de las tierras después de la reforma agraria de 1962 y los hechos de violencia por conflictos armados.
Sin embargo, la realidad se aleja del discurso, para el caso los campesinos organizados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA), el pasado 21 de abril, denunciaron que el exdiputado del conservador Partido Nacional, Óscar Nájera, organizó un grupo armado para desalojar a familias campesinas que firmaron el acuerdo con el gobierno, en la comunidad de Cuacú, en el municipio de Santa Rosa de Aguán.
Nájera estuvo más de tres décadas como diputado del Partido Nacional, fue salpicado por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga exlíder del cártel de “los Cachiros” de recibir sobornos a cambio de protección, fue incluido en la lista de funcionarios corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica y Reino Unido lo sancionó por corrupción.
Asimismo, las organizaciones de Colón responsabilizan al cuestionado gobernador del departamento y alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, de promover la violencia al pedir la extinción de la normativa que prohíbe la portación de armas excepto policías y militares.
Bajo Decreto Legislativo 117-2012 se puso en vigencia la prohibición de portar armas de fuego en Colón siendo el único departamento de Honduras con esa medida debido a los conflictos bélicos entre campesinos, guardias de seguridad, operadores de justicia y terratenientes.
Fúnez promovió su derogación al considerar que la ciudadanía debe tener sus propias herramientas para defenderse situación que refleja la inoperancia de las autoridades en las que recae él mismo.
“Todos en la cama o todos en el piso, no puede ser que 17 departamentos estén privilegiados con portación de armas. No soy una persona amante de las armas, pero no es posible que los delincuentes estén armados y la gente humilde y honrada no pueda andar un arma. Es mejor legalizar a las personas que necesitan andar armas para protegerse”, manifestó.
Cabe señalar que Fúnez, es alcalde de Tocoa desde 2014 y ha sido facilitador de proyectos extractivistas y también se le sindicó de recibir dinero de parte de los Cachiro a quien calificó de “ser su amigo”.
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La propia viceministra de seguridad, Julissa Villanueva solicitó nuevos jueces y fiscales en Colón consecuencia del temor de los actuales operadores de justicia para iniciar un proceso legal contra grupos criminales.
“¡Urgente! Necesitamos que en Colón se movilice a los jueces de jurisdicción nacional y nuevos fiscales ya que las autoridades locales tienen temores de levantar procesos legales a la delincuencia. El caso de la muerte de nuestros agentes policiales va adelante”, manifestó.
Por su parte, el ministro de seguridad, Ramón Sabillón, aseguró que se rediseñará las estrategias de seguridad en la zona debido al alza de muertes violentas.
Colón, según cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), es uno de los departamentos más violentos en Honduras y Tocoa es el noveno de los 298 municipios con más homicidios durante el 2021.
Además, es la región que muestra un incremento en la narcoactividad donde cada mes se destruyen al menos una plantación de cultivos de mariguana o cocaína sumado a los conflictos medioambientales a causa de la devastación causada por el proyecto minero Los Pinares, en la comunidad de Guapinol que ha dejado más de 20 defensores del ambiente criminalizados y varios asesinados.
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Las organizaciones campesinas alaban el estado de excepción que decretó Castro amparada en la Constitución de Honduras, en su artículo 187, que permite la restricción o suspensión de derechos en caso de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, epidemia, entre otros.
