Informe aborda tanto la migración de los pueblos originarios como el retorno seguro, mediante el cual consideran se incluya la restitución de tierras
Tegucigalpa.- Juana Alonzo Santizo, mujer migrante indígena chuj de Guatemala, fue detenida por más de 7 años —de 2014 al 21 de mayo de 2022—, tras ser vinculada arbitrariamente en el secuestro de otras dos mujeres migrantes.
Pese a no hablar español, no tener orden de detención ni entender de lo que estaba siendo acusada, Juana fue obligada a firmar documentación en la que aceptaba su participación en el hecho. Luego de cuatro años de prisión y aprender un poco de español, finalmente comprendió lo que fue obligada a firmar.
La historia de Juana es un reflejo de lo que viven cientos de indígenas de México y Centroamérica cuando deciden tomar la ruta migratoria por diversas causas, tal y como lo expuso la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el Boletín sobre las personas indígenas migrantes en México y América Central.
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Como lo expone el reporte, la migración de los pueblos indígenas es diversa y compleja, pero entre las principales razones de expulsión de los integrantes de los pueblos originarios están: la pobreza, la discriminación racial, obstáculos en el acceso a salud, educación, alimentación, agua y saneamiento, así como los desalojos de los territorios de los pueblos indígenas y el impacto de los proyectos extractivos.
ONU Derechos Humanos refiere que en Honduras las principales causas de la migración de jóvenes indígenas lenca está relacionada con la falta de oportunidades laborales y de programas de apoyo económico y social dirigidos a las personas jóvenes y estudiantes indígenas.
No obstante, Criterio.hn es testigo que la imposición de proyectos extractivos han empujado una ola migratoria, como es el caso de las poblaciones lencas de Reitoca y Lepaterique donde se pretende instalar un proyecto hidroeléctrico en el Río Petacón y donde el impacto del mismo ya se hace sentir en la vida y supervivencia de la población.
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El documento refiere que durante el ciclo migratorio las personas indígenas son víctimas de discriminación, xenofobia, violencia, detenciones arbitrarias, malos tratos, desapariciones, e incluso violaciones al derecho a la vida. Agrega que en febrero de 2022, un hombre indígena lenca hondureño fue asesinado en México.
Además, señala que en julio de 2022, entre las personas fallecidas por asfixia dentro de un furgón en Texas, Estados Unidos, se identificaron hombres, mujeres, así como niños originarios de municipios con alta presencia de pueblos indígenas de Guatemala y de México.
“Si bien estos abusos y violaciones también los sufren otras personas migrantes, en el caso de los pueblos indígenas ONU Derechos Humanos ha identificado que enfrentan retos particulares para exigir sus derechos. Por ejemplo, con frecuencia se asume que las personas indígenas hablan o entienden el idioma del estado de origen o del último país de entrada, contribuyendo a malentendidos, representación jurídica inadecuada y falta de atención médica”, apunta el boletín.
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RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS
Ante estos escenarios, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) urgió se adopten una serie de recomendaciones para que los Estados de la región den cumplimiento a sus obligaciones sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, incluidas las personas indígenas.
Entre estas medidas destacan la adopción de medidas legislativas y la cooperación interestatal para asegurar que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos, mantener y desarrollar los contactos y las relaciones.
En la misma línea, remarcan como fundamental que se reconozcan y se garanticen los derechos humanos de las personas migrantes indígenas, incluidos los derechos a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno, a sus tierras, territorios y recursos y a una nacionalidad.
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ONU Derechos Humanos apuntó que el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas indígenas migrantes requiere la creación e implementación de medidas necesarias para prevenir las violaciones y los abusos a sus derechos humanos en los países de origen, tránsito, destino y retorno.
Señalaron como fundamental que los Estados adopten medidas para combatir los prejuicios, eliminar la discriminación y promover buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad, incluido en el contexto de la migración.
Además, pidieron dedicar más recursos a grupos que tradicionalmente han sido desatendidos, como es el caso de las personas migrantes indígenas, y atenderlos daños causados por dicha discriminación.
Resaltaron la necesidad que los Estados reúnan y analicen datos desglosados, incluso sobre la base del idioma, el sexo, la edad y el número de personas que cruzan las fronteras, respetando el derecho a la privacidad y protegiendo los datos personales. A la vez que reconocen la situación de vulnerabilidad de las personas indígenas migrantes y el riesgo de ser objeto de violaciones de derechos humanos.
Finalmente, destacan la necesidad de garantizar que todo retorno sea seguro, digno y que la reintegración sea sostenible. Para esto, citando al Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas consideran “incluir la restitución de tierras y la forma en que esta debe abordarse para respetar concretamente los derechos de los pueblos indígenas”, entre otros.
