«Los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente por parte de los actores empresariales son desenfrenados y se superponen, mientras que las reparaciones efectivas para los titulares de derechos siguen siendo inalcanzables», dijo Boyd
Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- Ante la negativa huella de la industria extractiva a gran escala por parte de empresas y el alto impacto de estas actividades en la vida de las personas y la tierra, el relator de la ONU, David Boyd, urgió la creación de leyes de debida diligencia en materia de derechos humanos y ambiente.
«Las empresas que operan en la economía global abusan habitualmente del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible y de otros derechos humanos», declaró David Boyd, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente.
En febrero de 2022, Boyd señaló en su informe que “la contaminación y las sustancias tóxicas causan al menos nueve millones de muertes prematuras, el doble del número de muertes causadas por la pandemia en sus primeros 18 meses”.
Además, en ese mismo reporte apuntó que aunque todos los seres humanos están expuestos a la contaminación y a las sustancias químicas tóxicas, hay indicios convincentes de que la carga de la contaminación recae de forma desproporcionada sobre las personas, los grupos y las comunidades que ya soportan el peso de la pobreza, la discriminación y la marginación sistémica.
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Este punto fue retomado en la petición de leyes de debida diligencia en temas de derechos humanos y ambiente, al señalar que los titulares de derechos más vulnerables afectados por las actividades empresariales – como los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, las comunidades locales, los campesinos, las personas con discapacidad y, especialmente, aquellos cuya identidad se extiende a través de múltiples grupos en situación de vulnerabilidad- suelen enfrentarse a los peores obstáculos para obtener justicia y reparación.
Declarando que ya no se puede hablar de “medidas voluntarias de debida diligencia” pues estas y las leyes de derechos humanos y ambiente son insuficientes a la realidad provocada por la deforestación desenfrenada, la producción de químicos y plásticos, la explotación de combustibles fósiles y otras actividades extractivas a gran escala por parte de las empresas que perjudican a las personas y a la Tierra.
“Los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente por parte de los actores empresariales son desenfrenados y se superponen, mientras que las reparaciones efectivas para los titulares de derechos siguen siendo inalcanzables», afirmó.
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“Los titulares de derechos rara vez obtienen reparaciones efectivas”, agregó, “y los que lo hacen tienen que sortear una serie de obstáculos legales, financieros y de otro tipo. Suelen enfrentarse a amenazas, intimidaciones y represalias contra sí mismos, sus familias y sus comunidades”.
Boyd expresó que las leyes obligatorias de debida diligencia sobre derechos humanos y ambiente para actores empresariales representan una oportunidad para avanzar y estandarizar la responsabilidad de las empresas y se rindan cuentas sobre la forma en que sus acciones perjudican a las personas y al planeta.
En el reporte de febrero de 2022, el relator de DD. HH. y ambiente sostuvo que “el hecho de que sigan existiendo zonas de sacrificio es una mancha en la conciencia colectiva de la humanidad. Creadas a menudo con la connivencia de Gobiernos y empresas, las zonas de sacrificio están en contradicción directa con el desarrollo sostenible y menoscaban los intereses de las generaciones presentes y futuras”.
Además, planteó que “las personas que habitan las zonas de sacrificio viven explotadas, traumatizadas y estigmatizadas. Se las trata como si fueran desechables, se ignora su voz, se excluye su presencia en los procesos de toma de decisiones y se pisotean su dignidad y sus derechos humanos. Las zonas de sacrificio existen en los Estados ricos y pobres, en el Norte y en el Sur”.
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Las zonas de sacrificio son comunidades objeto de injusticias ambientales en un grado de exposición tan extremo a la contaminación y a las sustancias tóxicas en sus lugares de residencia. El término fue acuñado en la época de la guerra fría, cuando se designaban las zonas que quedaban inhabitables debido a los experimentos nucleares de los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Reino Unido.
En Honduras, la industria extractiva ha significado el desplazamiento de comunidades enteras, así como la criminalización y hasta el asesinato contra las y los líderes comunitarios que se oponen a los mismos.
Ejemplo de estos tres escenarios, pero no los únicos, son: la comunidad de Azacualpa en La Unión, Copán, donde el antiguo cementerio de la población Maya-Chortí fue sacrificado para la explotación minera a cielo abierto; la criminalización contra los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro ante la instalación de otra minera a cielo abierto en el Parque Nacional Carlos Escaleras; y el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres quien junto al pueblo Lenca se opuso a la inconsulta e ilegal instalación de una represa hidroeléctrica sobre el río Gualcarque en el occidental departamento de Intibucá.
