Tegucigalpa, Honduras. – Tras concluir las fases de investigación que pusieron a prueba el conocimiento de los postulantes, la Junta Proponente a partir del viernes 28 de Julio tiene tarea de evaluar a cada uno de los 13 abogados con base a una matriz elaborada con el perfil idóneo que debe tener el séptimo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP) para el periodo 2023-2028.
La tarde del jueves 27 de julio, la Junta Proponente terminó la fase de comparecencias públicas, en la que se entrevistaron a los 13 abogados y abogadas que concluyeron el proceso. En esa parte, los postulantes tuvieron la oportunidad de contar cuál es el plan que tienen si logran ser escogidos para la titularidad de la fiscalía.
La respuesta de los 13 postulantes fue similar. Por ejemplo, los 13 aseguraron que una vez llegaran a la fiscalía implementarían nuevos métodos y tecnologías para tener resultados favorables en las investigaciones y harían una lucha frontal contra los corruptos porque, hasta el momento, se encuentra frenada por algunos pactos de impunidad que se fraguaron desde el Congreso Nacional en la administración pasada.
Cada uno de los 7 integrantes de la Junta Proponente, posee una copia de la matriz de evaluación que se basará en cuatro criterios para evaluar a los abogados, por ejemplo, tras tener todos los resultados de las fases, los proponentes en la evaluación se basarán en el tema ético, profesional, conocimientos técnicos, habilidades gerenciales e independencia.
Luego que cada integrante de la Junta Proponente, encabezada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, termine de hacer la evaluación, se reunirán este fin de semana (29-30 de julio), para promediar las notas y sacar a los cinco mejores evaluados del proceso, mismos que serán enviados al Congreso.
En esta nómina que escogerá la Junta Proponente y tendrá que entregar al Congreso Nacional el primero de agosto de este año, de acuerdo con el reglamento que rige esa instancia, aprobado el pasado 10 de junio de 2023, debe ser integrada por los cinco postulantes, tres hombres y dos mujeres, que mejor calificación obtuvieron en todo el proceso.
De acuerdo con el representante de las universidades privadas y actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle (JCV), Julio Raudales, explicó que, pese a que no figuren entre las mejores calificadas, las únicas dos mujeres que lograron llegar hasta la recta final del proceso (Jenny Gabriela Almendares y Reyna Teresa Valerio Harry) prácticamente están dentro de la nómina final, cumpliendo con la que manda el reglamento.
“Ella prácticamente están clasificadas porque el reglamento pide que dos mujeres estén integradas en la nómina, por lo que están dentro de los cinco que vamos a enviar al Congreso, pero eso sí, hay que mirar las evaluaciones primero”, precisó Raudales, exvicerector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
“Hay que ver los resultados de las evaluaciones primero porque no sería justo ni congruente que, por ejemplo, una de las postulantes quede en el lugar número 13 de la lista y la otra en el 11, es decir, tienen a 10 calificaciones mejores sobre ellas y no sería justo meterlas en la nómina, pero es algo que vamos a analizar con la junta” agregó.
Jenny Gabriela Almendares, es una abogada de 52 años, originaria de Tegucigalpa, en Francisco Morazán, centro de Honduras, cuenta con más de 20 años de ser fiscal titular en el Ministerio Público, en la fase de tachas y denuncias sólo recibió dos, mismas que logró descargar sin inconveniente alguno.
En tanto, Reyna Teresa Valerio de 49 años, originaria de Tela, Atlántida, al norte de Honduras, quien recibió 6 denuncias en su contra, pero todas las logró desvirtuar, podría ser la primera mujer de procedencia garífuna en convertirse fiscal general o fiscal adjunto del Ministerio Público para el periodo que inicia desde el 1 de septiembre de 2023.
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ASÍ FUE EL PROCESO DE LA JUNTA PROPONENTE
En la primera fase de este proceso, la Junta Proponente recibió 26 postulaciones, de las que, a medida ha ido avanzado, varios abogados han renunciado a su aspiración y otros han sido inhabilitados por no cumplir con los requisitos ya establecidos en la norma que rige esta instancia.
Durante la fase de subsanación de información, los proponentes enviaron a 20 abogados a corregir sus carpetas porque presentaron información falsa, errónea e incompleta. Pero sólo 18 lograron completar lo requerido.
La abogada Karen Alicia Motiño, afín al Partido Nacional, y Arnaldo Alvarado García fueron los aspirantes que fueron separados en esa fase tras no poder subsanar la información requerida a tiempo ante la Junta Proponente. Para hacerlo tuvieron 48 horas (desde el 1 al 3 de julio).
Después, los proponentes determinaron inhabilitar a la abogada y exdiputada del Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, tras encontrar que no cumplía con la experiencia en materia penal que se requiere para ser fiscal general o fiscal adjunto.
Entre tanto, argumentando estar atravesando problemas personales, la profesional del derecho y actual titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna renunció a su postulación. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento, igual tenía que ser inhabilitada por ostentar un alto cargo en una institución del Estado.
Mientras se desarrollaba la fase de tachas y denuncias, lo equivalente a la segunda fase de este proceso, el abogado Alejandro Alvarenga Padilla renunció a su postulación y denunció que el trabajo de los proponentes está maniatado porque ya hay nombres y apellidos de las personas que tendrán los altos puestos de la fiscalía.
El proceso de tachas cerró con 21 abogados de los 26 que se postularon, y de esos 21, 17 fueron denunciados ante la Junta Proponente, mismos que tenían hasta el viernes 14 de julio para justificar, con evidencias, que no habían sido parte de ninguna irregularidad.
Después siguió la fase de pruebas toxicológicas, psicométricas y de patrimonio, mismas que terminaron el sábado 15 de julio, después, durante el 26 y 27 de julio, los postulantes que continuaron en el proceso (13) se sometieron a entrevistas públicas.
Entre las pruebas toxicológicas y proceso de tachas y denuncias quedaron fuera del proceso los abogados: Plinio Leonel Consuegra, Olga Janeth Flores, Marco Antonio Zelaya Reyes, Omar Bonilla, Rita Núñez, Mario Urquía y Luis Javier Santos.
Un día después de terminar las entrevistas públicas (28 de julio) salió a la luz que el abogado Johel Zelaya, uno de los 13 postulante que continúa en el proceso, se desempeña como regidor por el Partido Liberal en la Alcaldía de Reitoca, en Francisco Morazán, causal suficiente para ser apartado del proceso.
Ahora, desde el 28 hasta el 31 de agosto, los proponentes evaluarán a los abogados que pasaron los filtros anteriores, a quienes calificarán de 1 a 100 puntos, seleccionarán a los cinco que obtuvieron la mejor nota y posteriormente enviarán esa nómina al Congreso Nacional presidido por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.
El Congreso, en esa etapa crucial, tiene dos opciones. La primera es reivindicarse con la sociedad escogiendo a los abogados por los méritos obtenidos en los filtros que hizo la Junta Proponente y, la segunda, es colocar a las personas que respondan a los intereses corruptos de la clase política y económica, siguiendo la misma hegemonía que mantiene la fiscalía en la actualidad.
