Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa.-Tras confirmar sobreseimiento definitivo a veintidós implicados en el caso Pandora, los magistrados de la Corte de Apelaciones asignados a este caso, fueron denunciados este lunes ante el Ministerio Público por el delito de prevaricato por la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco).
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Los jueces imputados son: José Alberto Zelaya Zaldaña, María Fernanda Castro Mendoza y Edgar Francisco Ortéz, quienes el pasado 4 de agosto confirmaron el veredicto de sobreseimiento definitivo y auto de formal procesamiento contra otros cuatro encausados.
El veredicto causó controversia debido a que el mismo tiró por la borda el proceso de investigación y las evidencias presentadas por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la entonces llamada Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), ahora Uferco.
Analistas afirmaron que la resolución no estaba estrictamente apegada a una orden jurídica y que además revelaba la fragilidad de la institucionalidad del Poder Judicial para procesar a altos funcionarios. Asimismo, el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, señaló a través de Twitter que “El caso Pandora es simbólico de la corrupción en Honduras”.
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El caso Pandora involucró la desviación de 282 millones de lempiras, cuyo destino era la inversión en proyectos agrícolas para madres jóvenes por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), sin embargo, los fondos fueron empleados para financiar la campaña electoral de 2013 del Partido Nacional, el Partido Liberal y el FAPER.
Inicialmente por este hecho fueron acusadas 38 personas, entre diputados, dirigentes de los tres partidos políticos arriba mencionados y personas particulares. Para conocer los nombres de los imputados ingresa aquí.
El delito de prevaricación consiste en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. La Uferco sustituyó a la desaparecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), luego que el gobierno a través del Congreso Nacional decidió no ampliar la vigencia el convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Honduras (MACCIH).
