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Ubicada en el puesto 117 del Índice de Paz Global, Honduras sigue sumergida en la violencia y el peligro

Impunidad y negligencia duermen casos de muertes violentas contra niñez y juventud

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Redacción: Viena Hernández

Tegucigalpa. – Las políticas de seguridad y la creación de dependencias militares y policiales para bajar los niveles de imperante violencia e inseguridad sin duda han fracasado, así como otros rankings, el Índice de Paz Global lo reitera en una nueva evaluación.

En 2022, Honduras ha sido posicionado en el número 117 del conteo internacional del Índice de Paz Global (Global Peace Index) debido a que destaca como un país con alta peligrosidad en una lista de 163 países.

Sin embargo, el ranking global indicó que la situación de Honduras en este listado evaluativo ha mejorado en comparación con el 2021, puesto que en ese entonces se encontraba en el puesto 124.

Según el Instituto para la Economía y la Paz (Institute for Economics and Peace), quien se encarga de publicar el Índice de Paz Global, Honduras obtuvo 2,269 puntos, con lo cual mejoró su puntuación respecto al informe del año anterior, en el que obtuvo 2,371 puntos.

Hay algunas variables que utiliza el Instituto para la Economía y la Paz, no solo el nivel de violencia y criminalidad, también el gasto militar.

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El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, comentó a Criterio.hn que es positivo que Honduras haya mejorado en el ranking y que se ubique ahora en el puesto 117, después de haberse ubicado en el puesto 124.

Mejía recordó que Honduras se convirtió en 2012 en el país más violento del mundo, sin embargo, aunque el índice haya mejorado, también sostiene que sigue siendo un país muy violento.

En 2012 murieron en manos de la violencia 7.172 personas en Honduras, mientras que en 2011 los fallecidos en circunstancia de agresión fueron 7.014, según un informe de ese entonces del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

“Si el Índice tiene como variable el gasto militar, nos indica es que la inversión militar, la política de seguridad con un enfoque militarizado es un fracaso, que la participación de los militares en acciones de seguridad pública es un fracaso”, razonó Mejía.

Por su parte, Jimena García Merino, integrante fundadora de Honduras Resurge, dijo a Criterio.hn que, cualquier ciudadano de a pie no percibe realmente que exista una mejora.

“Ha habido una promoción de profesionalizar a la Policía Nacional, se creó la Policía Militar del Orden Público, que desde mi perspectiva es ilegal e inconstitucional, no tiene razón de ser, es una paralela de la Policía Nacional”, manifestó García.

Para construir esa lista, el indicador hace una clasificación y mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en los países a evaluar. En cuanto al avance de la puntuación, es fundamental la evolución que tenga el país en la valoración que lo compara con las demás naciones.

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Pocos resultados en seguridad

En la lista donde aparecen los demás países más peligrosos del conteo están Rusia y Ucrania, actualmente en guerra Colombia, asimismo Siria, El Gongo, Yemen, Sudán del Sur y Afganistán en la posición más alta, es decir, altamente peligro.

A criterio de Mejía, el gran desafío es que la presidencia de la República debe entender que no se puede continuar con la militarización de la seguridad pública.

Seguimos mantenido un contingente fuerte de militares y todo esto representa un gasto que debería percibirse en la disminución de los índices, -apuntó García-, es decir, a mayor inversión debería haber más acción y contundencia para menos criminalidad.

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MILITARIZACIÓN ABSORBE DINEROS DEL ESTADO

Otro punto de preocupación a destacar es que, en marzo de 2022, la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional y la Secretaría de Seguridad aseguraron que estaban desarrollando una reestructuración de las instituciones de seguridad.

Sin embargo, una de las medidas que mencionaron fue la posible unificación de la Policía Nacional y la Policía Militar, pero en junio, se anunció que la Policía Militar iba a ser revisada y reestructurada para supuestamente convertirla en una fuerza en el combate contra el narcotráfico.

Joaquín Mejía, explicó a este medio digital que lo anterior colisiona la campaña y promesa de gobierno del verdadero proceso de desmilitarización y, por otra parte, es una bofetada en contra de las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército y la Policía Militar.

“Es insistir en un gran error, la inversión militar no garantiza ni seguridad ni paz estables. El llamado que hago es que el gobierno de la República convoque a un dialogo nacional sobre el futuro inmediato de las fuerzas militares, porque no solamente están drenando los fondos públicos, también –como decía Víctor Meza- constituyen una pesadilla para nuestra democracia”, razonó Mejía.

Por su parte, García apuntó que en los casos de femicidios y maltrato intrafamiliar, muchos no son registrados, por lo cual son datos que deben revisarse.

“La Secretaría de Defensa es la tercera con mayores recursos, entonces si estamos destinando todo ese dinero, debería de sentirse que la seguridad está mejorando”, Razonó García.

En conclusión, los militares, la Policía Militar, la política de seguridad con un enfoque restrictivo basado en la intervención policial-militar, y eventualmente en la intervención judicial ha sido un fracaso. En consecuencia, se requiere de una política de seguridad con enfoque amplio de derechos humanos y la intervención también de otras áreas del Estado que tienen que ver con los organismos sociales, económicos y ambientales.

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