Por: Manuel Torres Calderón
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Hasta ahora el conjunto de las iniciativas internacionales de desarrollo invertidas en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica han “naufragado” y desaparecido casi sin dejar rastros, como barcos y aviones en el Triángulo de las Bermudas, pero con una diferencia: sin misterio.
La última fue la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte (PAPTN), en 2014, durante la administración Obama, y la nueva es la que el presidente Biden encomendó dirigir a su vicepresidenta Harris y al negociador diplomático Ricardo Zúñiga. Previo existe una larga lista de proyectos fallidos o con resultados muy por debajo de las expectativas y de la inversión realizada.
Como punto de partida de esa asistencia se puede ubicar el 25 de mayo de 1986, cuando los cinco presidentes de Centroamérica tuvieron su “cumbre” de Esquipulas, en la que se delineó el procedimiento para conseguir una “paz firme y duradera”.
Esquipulas I y II abrieron las puertas para un masivo apoyo externo que hizo contrapeso a la confrontación política-militar e ideológica que había vuelto la región un escenario de la vieja guerra fría. Con los acuerdos de paz, muchos fondos se invirtieron en una agenda de reconciliación que en teoría parecía bien encaminada, pero con resultados decepcionantes.
¿Logros?: Elecciones sí, pero con fraude; participación ciudadana sí, pero con represión; más jueces y tribunales sí, pero sin independencia de poderes; más recursos para programas sociales sí, pero más pobreza; más transparencia sí, pero más corrupción e impunidad; más reconocimiento formal de derechos civiles y sociales sí; pero más violación de los mismos; más leyes y policías sí, pero mayor inseguridad y represión; más inversión sí, pero más desigualdad; más gasto social, sí, pero más desplazados y migrantes.
Con el paso de los años y luego de millones invertidos, el balance mostró con crudeza que los objetivos quedaban a medias, en un punto muerto, empantanados o, en el peor de los casos, se retrocedía. Ante esa situación, numerosos donantes se cuestionaron, tiraron la toalla, empacaron sus cosas, se marcharon o cambiaron montos y rumbo de los recursos pendientes de desembolso. A Trump hay que reconocerle que no se anduvo con sutilezas y dijo que la migración irregular a sus fronteras nunca terminaba porque en la región muchos se embolsaban la plata que supuestamente iba para salud, trabajo y seguridad.
En el lado de las agencias europeas de cooperación privaba una impresión similar. Una de ellas, la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, antes de apagar la última luz de su oficina en Tegucigalpa, señaló la causa de su frustración: “la corrupción pública”. Claro, no contaron toda la historia porque también tenían dardos contra parte de la sociedad civil organizada y su eterna promesa de incidencia política para el cambio.
En perspectiva, la decisión sueca no fue ideológica, ni política, sino pragmática. Comprendieron que la corrupción pública en estos países era un sistema corporativo, mafioso y transversal. Los sociólogos suelen llamarle “corrupción sistémica” y explica, en buena medida, la ineficiencia institucional, incompetencia de los órganos contralores, manipulación judicial, la colusión entre criminales y gobiernos, y un cierto fatalismo claudicante en algunos sectores organizados de la ciudadanía que siguen al pie de la letra aquello de que “si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él”.
Lo cierto es que en el Triángulo Norte el agujero de la corrupción seguía una dinámica perversa: se tornaba más ancho cada vez que una catástrofe interna, natural o provocada, convocaba la llegada masiva de recursos externos. Para los corruptos, toda tragedia se convierte en oro, desde el impacto de un huracán hasta una caravana de migrantes desesperados. Ni siquiera la pandemia fue excepción. No hay límites lícitos o ilícitos para esa voracidad, ni colores políticos exclusivos, tampoco años malos. Se estima que en el 2020 los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador destinaron 9,603 millones de dólares para compras de emergencia, sin condiciones de transparencia o la rendición de cuentas debida. En la lista seguro destacan los fantasmales «hospitales móviles» de Honduras.
Lo que no debe perderse de vista es que la corrupción permite a los corruptos una mayor acumulación de poder político y riquezas, pero a la vez crear, conocer y disponer de una institucionalidad que se los facilita. Son plomeros del sistema. Conocen todas sus cañerías y a dónde conducen. Ellos mismos las han creado. Enfrentar sólo a la corrupción política y no cambiar los mecanismos que se los posibilitan es un error.
Ahora mismo, en el Triángulo Norte, las élites corruptas son capaces de irrespetar cualquier ley, crear sus propios paraísos fiscales y legales internos o asociarse con transnacionales extractivistas o con el crimen organizado. Se lucran de los recursos locales o externos sin importar quién se oponga o de dónde provengan. Su cinismo es tal que ver sus nombres figurar en la lista Engel no les da frío ni calor. Perder la visa tampoco.
Acorazados en sus privilegios de Estado, los corruptos no están dispuestos a ceder por su propia voluntad; seguirán robando, reprimiendo, cometiendo fraudes y exacerbando las desigualdades. Ahora bien, si ellos no cambiarán, la pregunta es ¿Cuánto está dispuesta la administración Biden a cambiar en su relación con ellos?
Washington siempre supo que la corrupción institucionalizada es un desastre económico y social de alto impacto en nuestros países, pero nunca la valoraron como un desastre político, no mientras sus hechores dieran fe de ser incondicionales y las consecuencias quedaran dentro de sus fronteras. Aquello que Roosevelt (¿o Truman?) dijo del viejo Somoza ha seguido intacto. Los corruptos siempre han estado dentro del sistema y por eso han sido tolerados, sin importar que un día ordenen cerrar la CICIG (Guatemala) y otro la MACCIH (Honduras).
¿Habrá llegado el día en que la corrupción se volvió políticamente insostenible? Cualquier reflexión sensata indica que ni a los norteamericanos, ni a nuestros pueblos conviene que prosiga esta situación. Lo otro evidente es que la responsabilidad de transformar nuestras sociedades no recae en los Estados Unidos sino en nuestra propia ciudadanía, hombres y mujeres, pero que ambos necesitan un punto de encuentro y una estrategia efectiva que mine el poder de los corruptos y reduzca la impotencia e incapacidad del Estado para combatirlos. Sin esa estrategia y un plan operativo con mirada larga, pero resultados inmediatos, de nada servirán las ayudas millonarias. Más de lo mismo, dará los mismos resultados.
(*) Este artículo forma parte de una serie que busca ahondar en el nuevo intento del gobierno de Estados Unidos de frenar, a través de estrategias de cooperación y desarrollo, la migración irregular procedente de Centroamérica.
Artículo 2. ¿Existe el “Triángulo Norte”?
Artículo 3. Las caravanas de la ira
Artículo 4. Ricardo Zúñiga: De La Habana a Centroamérica
Artículo 5. Las propuestas ignoradas en el Triángulo Norte
