Trato deshumanizado reciben migrantes en tránsito por Honduras

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Foto destacada: Aci Participa

• Desde que comenzó la emergencia sanitaria por el Covid-19, en Honduras se encuentran varados al menos 500 migrantes provenientes de Cuba, Haití, República de Angola (África Occidental) y República Democrática del Congo (África Central).

• Los migrantes permanecen en la ciudad de Choluteca y han dormido en las calles porque el Centro de Atención al Migrante permanece cerrado desde el 16 de marzo, día en que en Honduras se decretó  un estado de excepción.

• Los migrantes han permanecido casas alquiladas por ellos mismos, de donde fueron expulsados a las calles por la policía, que amenazó con acusar por el delito de trata de personas a los dueños de las viviendas.

• Piden un salvoconducto para movilizarse y hacer efectivo el pago de una multa de $ 183 para salir de Honduras, pero el gobierno no atiende sus demandas.

“Si alguna vez hemos necesitado recordar que vivimos en un mundo interconectado, el nuevo coronavirus lo ha hecho”, Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Viajó 9,255 km para nacer

La pequeña Amira, nació el 21 de abril de 2020 en el Hospital General del Sur del departamento de Choluteca, Honduras. Después de una cesaría urgente la recién nacida fue trasladada a la unidad de cuidados especiales por complicaciones en su sistema respiratorio.

La bebé fue concebida en el país africano de Ghana, ubicado a unos 9,384 km de distancia. En el mes de enero de 2020, aún en el vientre de su madre y en compañía de su padre, salió de su país llegando a en primera instancia a Ecuador, luego se embarcó hasta llegar a Panamá.

Ya en Panamá emprendió una encrucijada terrestre con destino a Estados Unidos de Norte América, siendo Honduras un paso obligado. El 18 de marzo, Amira llegó a tierras catrachas en el vientre de su madre, Samira Dabri Amadu de 31 años y junto a un grupo de aproximadamente 20 persona ingresó a la ciudad de Choluteca, ubicado en el departamento del mismo nombre, a 147 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña.

Tres días antes de su ingreso a Honduras, ya el gobierno había decretado estado de emergencia y con ello el cierre de instituciones estatales, entre estas las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) y del Centro de Atención al Migrante (CAMI), que se apegaron al decreto ministerial PCM 021-2020 y desde ese día suspendieron la atención y/o prestación de servicios.

La pequeña pudo ingresar, pues las fronteras continuaban en ese entonces abiertas, pero para poder salir debían efectuar el pago de una multa de aproximadamente 183 dólares americanos, contempladas en la Ley de Migración y Extranjería hondureña.

Sin bancos abiertos y sin oficinas para buscar atención y solución a su situación, al grupo de personas, no le quedó otra alternativa que sumarse a los más de 500 migrantes, que están en sus mismas condiciones y que permanecen varadas en ese sector de Honduras.

Trato inhumano

Más de 50 días han trascurrido desde que la alerta sanitaria por Covid-19, orilló al gobierno hondureño a imponer un aislamiento social y por ende la suspensión de labores en la mayoría de las instituciones o empresas públicas y privadas, provocando con ello diversas dificultades a los migrantes.

De acuerdo con el informe “Situación de migrantes”, elaborado por la Junta Local de Choluteca, en el marco de la Pandemia de Covid-19, se ha dejado a la intemperie a personas que buscan un salvoconducto para seguir su camino hacia los países de Norte América.

Los migrantes proceden de Cuba, Haití, República de Angola (África Occidental) y República Democrática del Congo (África Central). Según reportes de organizaciones de derechos humanos al menos 500 personas siguen varadas, y en algunos casos han sido víctimas de violaciones por las fuerzas de seguridad del Estado, según consta en vídeos y fotografías publicadas en medios de comunicación y redes sociales y por denuncias que los mismos migrantes ha realizado ante organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Pese al flujo masivo de migrantes, que utilizan el territorio hondureño de tránsito, el gobierno solo dispone de un refugio en la zona sur con capacidad para 30 personas, pero desde que se decretó la emergencia sanitaria el sitio está cerrado y los migrantes han permanecido en casas alquiladas por ellos mismos, de donde fueron expulsados a las calles por la policía, que amenazó con acusar por el delito de trata de personas a los dueños de las viviendas.

Ante la falta de respuesta del gobierno hondureño organizaciones defensoras de los derechos humanos han habilitado tres centros de refugio donde están atendiendo a 90 personas, el resto se encuentra diseminado en casas y hoteles con el miedo a que la policía llegue en cualquier momento y los obligue a permanecer en las calles.

En referencia el informe sobre la situación de migrantes en Choluteca expone, de manera gráfica, la calamitosa situación de migrantes durmiendo en las calles del barrio La Cruz, lugar donde permanecen cerradas las oficinas regionales de migración.

Los migrantes fueron desalojados por presiones policiales quienes fueron a visitar a los dueños de las viviendas que cobraban tres dólares diarios por persona y les intimidaron amenazándoles con proceder legalmente en su contra por el delito de tráfico de personas.

Sin abrigo o techo, alimento o medicamentes, mucho menos equipo de bioseguridad, los migrantes permanecieron durante una semana hasta que, gracias a las gestiones de organizaciones defensoras de derechos humanos en la zona, pudieron ser albergados en espacios decorosos.

De momento los migrantes solicitan a las autoridades del Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) un salvoconducto que les permita movilizarse y que se les permita pagar la multa para que les realicen la audiencia por su condición de inmigrantes irregulares y salir de Honduras para continuar con su destino final.

Hasta el momento ninguna de las dos demandas ha sido atendida por el gobierno.

Retención de migrantes: presión política o indiferencia estatal

De acuerdo con el defensor de derechos humanos de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), Jimmy Aguilera, los más de 500 migrantes procedentes, en su mayoría, del continente africano, no pueden salir de Honduras debido al pago de una multa que comenzó a aplicarse desde junio del año pasado.

“Son en promedio 183 dólares por persona, contemplados en la Ley de Migración y Extranjería pero que antes, por razones humanitarias, no se cobraba, ahora es el argumento utilizado para impedir la salida de estas personas de nuestro país y que continúen con su ruta a Estados Unidos”, detalló Aguilera.

La ley contempla multas y sanciones que van desde medio salario mínimo, hasta tres salarios, precisó Aguilera. “Pero contempla sanciones que no proceden con la mayoría de migrantes de paso, cuya única finalidad es transitar por Honduras de manera exprés”, acotó.

Según el defensor, hasta antes de junio de 2019, lo estipulado en la Ley no era efectivo, aún y cuando la normativa fue creada en el año 2004, es decir hace 15 años.

“La detención es por la falta de salvoconductos, estas personas solicitan a las autoridades, que se les ayude a agilizar su trámite migratorio, ya que ellos solo están de paso por Honduras, y desean continuar con su camino hacia Estados Unidos. Las autoridades de migración de Choluteca les manifestaron que retornarían a sus labores entre los meses de junio o julio, y que les retornarían a sus lugares de origen, por lo que piden les otorguen salvoconducto para salir de Honduras de manera inmediata”, precisa el informe.

La no atención de instituciones vinculadas a la migración en la zona sur de Honduras contradice las publicaciones oficiales de organismos internacionales que trabajan en el ámbito de la migración. Por ejemplo, el boletín número 5, emitido el 24 de abril de 2020 por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala que, en Honduras, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se está monitoreando la situación dentro de un centro de aislamiento para retornados bajo cuarentena en la capital, Tegucigalpa, en un intento por identificar las necesidades de la población. El centro incluye niños y adolescentes, que en este tiempo se procesa junto a los adultos.

Por su parte la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), publicó que en el marco de la emergencia por Covid-19, en 49 días (entre el 1 de marzo y el 19 de abril), casi cinco mil migrantes hondureños fueron retornados a Honduras procedentes de Estados Unidos y México.

Además, la OIM, aseguró que con la finalidad de “garantizar los derechos y la dignidad de los migrantes, y fortalecer las capacidades del gobierno en respuesta a la pandemia de Covid-19”, entregó 1,300 kits de higiene, 800 juegos de cama, 770 equipos (sillas, mesas, ventiladores, etc.) y 450 toallas desde el inicio de la emergencia de salud.

Según la organización internacional, el material fue distribuido desde inicios de la cuarentena en los centros de atención a los migrantes retornados, habilitados en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La OIM además, informó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), también ha contribuido con donaciones para los migrantes retornados hondureños.

Al respecto, Jimmy Aguilera Beltrand, defensor de derechos Humanos de ACI-Participa, denunció que sólo en la zona sur de Honduras se ha registrado más de 500 personas migrantes que se encuentran varadas por la falta de atención en las oficinas encargadas para tal propósito.

“Los registros de datos son de organizaciones de derechos humanos, pues usted no puede contar con datos oficiales porque ellos no están trabajando, aún y cuando el Estado de Honduras está en la obligación de brindarles protección integral, incluidos los equipos y materiales de bioseguridad”, precisó el defensor.

Aguilera aseguró que el grupo de migrantes se ha contactado con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras y los representantes de la OIM, pero que éstos solamente dan una salida innegociable que es el retorno a sus países de origen, vía aérea.

Según la OIM, “la discriminación viola los Derechos Humanos de las personas y limita su acceso a los servicios públicos, incluidos los servicios de salud, lo cual es esencial para garantizar la efectividad de las estrategias para prevenir y combatir enfermedades y pandemias”.

La xenofobia de Trump y asfixias económicas

En el mes de marzo del 2019, el presidente de Estados Unidos Donald Trump viralizó un tuit mediante el cual recriminaba el trabajo de los mandatarios de México y del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) ante las migraciones masivas de ciudadano centroamericanos que huían en caravanas de la miseria e inseguridad.

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“México no está haciendo nada para detener el flujo de migrantes ilegales… del mismo modo Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero y no hacen nada”, dijo Trump en aquella oportunidad.

Un mes después, a finales del mes de mayo, Trump anunció un recorte en la cooperación económica por parte de su gobierno a Honduras, Guatemala y El Salvador, como medida de presión para detener la migración hacia su país.

Posteriormente, en octubre, el gobierno de Estados Unidos suscribió acuerdos migratorios de cooperación con Guatemala, El Salvador y Honduras, lo que se denominó en su momento “acuerdo de tercer país seguro”, consistente en retener a migrantes de diversas nacionalidades hasta que el gobierno estadounidense resuelva otorgar o no el asilo solicitado, con el objetivo de reducir los flujos migratorios.

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Bajo este estatus, el gobierno de los Estados Unidos anunció la semana pasada que había finalizado un acuerdo con Honduras que permitiría que algunas personas que desean obtener asilo en Estados Unidos sean enviadas al país centroamericano.

Hasta el momento se desconoce cómo funcionaría el nuevo convenio. Sin embargo, Washington ha dicho que el gobierno de Honduras ha aceptado recibir a solicitantes de asilo de Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua y Brasil.

Los países centroamericanos no tienen la capacidad de recibir y reubicar a refugiados, por lo que “a fin de cuentas la gente probablemente regresará a enfrentar el peligro del que había huido en sus países”, advirtió la estadounidense Yael Schacher, activista de la organización Refugees International.

Honduras, Guatemala y El Salvador pertenecían al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), creado en el año 2014, con una visión de solución estructural al abordaje de problemáticas; económicas, sociales e institucionales del fenómeno migratorio. El PAPTN fue diseñado por los tres países centroamericanos, con el apoyo técnico y financiero del Gobierno de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero los resultados no fueron los esperados por Trump.

Migrantes locales y extranjeros

De acuerdo con el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), desde el uno de enero al nueve de febrero de 2020, un total de 10 mil 181 hondureños fueron deportados. Los datos contemplan que 3 mil 446 hondureños provienen desde Estados Unidos y 6 mil 408 de México. A raíz del estado de excepción el sitio web no está disponible por lo que no se dispone de cifras actualizadas. Pero la deportación de hondureños en medio de la pandemia ha seguido con la misma intensidad de antes.

En 2019, los retornados sumaron 109,185, superior a los a las 75,279 de 2018 y a los 48,022 de 2017.

Por otra parte, Honduras, de acuerdo con el INM, reporta desde el año 2018 un elevado flujo de ciudadanos de diferentes partes del mundo que ingresan de forma irregular al territorio hondureño.

Datos de INM, detallan que en los últimos 10 años han transitado por territorio hondureño 70 mil 271 migrantes irregulares, de los cuales 56 mil 687 provienen del continente americano, 10 mil 665 de África, 2 mil 821 de Asia y 98 de Europa.

Siendo los principales países de origen, Cuba, de donde proviene el 55 %, seguido de Haití, República del Congo, Camerún, Eritrea, Ghana, Somalia, India, Nepal y Bangladesh.

Para conocer las acciones del gobierno en torno a los migrantes varados en la zona sur de Honduras, CRITERIO.HN se comunicó con la vicecanciller, Nelly Jérez—delegada para atender los asuntos consulares y migratorios—pero la funcionaria no respondió.

De acuerdo con Jimmy Aguilera Beltrand de Aci-Participa, la mayor parte de migrantes transita por la ciudad de Choluteca. “Sólo en Choluteca, un promedio de 29 mil personas en condición de migrantes se contabilizó en el año 2019, de estas el 80 % se registró por la aduana de Guasaule, 10 % por el Amatillo y el otro 10 % por puntos ciegos”.

A diario se reporta un promedio de 20 migrantes que llegan a Choluteca, con una estadía aproximada de siete días, quienes son atendidos en el Centro de Atención al Migrante Irregular de esa ciudad, e ingresados a un albergue con capacidad para 30 personas, que actualmente no está funcionando.

Derechos de los migrantes

La Resolución 04/19 aprobada el 7 de diciembre de 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), referente a los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, reiteró la obligación de los Estados de proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su situación migratoria.

En este se contempla la “no discriminación e igualdad de protección”, que precisa que todas las personas, incluidos los migrantes, son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo, incluida la condición de migrante”.

Bajo el actual contexto de emergencia sanitaria, la CIDH presionó a los Estados proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas frente a la pandemia del Covid-19.

De igual manera hace un llamado para que los Estados aseguren las condiciones adecuadas de respeto a los derechos en el contexto de las medidas restrictivas adoptadas para la contención de la pandemia, tales como el cierre de fronteras y reducción de libertades de locomoción interna e internacional, entre otras.

En particular, la Comisión insta a los Estados a observar rigurosamente las necesidades de protección especial de las poblaciones que se ven forzadas a desplazarse a raíz de la violencia, persecución y grave amenaza a sus vidas e integridad personal, respetar el principio de no-devolución y a preservar el superior interés de niños, niñas y adolescentes y la unidad familiar de las personas en situación de movilidad.

Amira sale de cuidados intensivos

Días después de su nacimiento, la pequeña Amira fue dada de alta y llevada al albergue provisional, “Hogar de la Esperanza”, donde viven actualmente 10 personas adultas, cuatro niños más y una mujer en estado de gestación. Estos migrantes provienen de Guinea y Ghana, y gracias a la labor de defensores de derechos humanos en la zona, hoy cuentan con un techo, luego de haber sido expulsados a las calles por quienes les rentaban un espacio para dormir, ante la presión de la policía.

Amira, que aún no llega a su destino final, es el rostro tangible de las huellas de la migración y de una pandemia que ha recrudecido la discriminación.