La ilegal concesión del río Gualcarque a DESA es el punto de origen del crimen contra la ambientalista y líder indígena Lenca, Berta Isabel Cáceres Flores, en marzo de 2016
Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- Este lunes 25 de julio está programado el inicio del juicio oral y público por el caso Fraude sobre el Gualcarque, que involucra la red de corrupción que operó en el otorgamiento ilegal de la concesión del río Gualcarque para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) identifica la corrupción detrás de los permisos y licencias para la construcción del proyecto Agua Zarca como el punto de origen que llevó al crimen contra la ambientalista y líder indígena Lenca, Berta Isabel Cáceres Flores en marzo de 2016.
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TRAMA DEL CASO FRAUDE SOBRE EL GUALCARQUE
El caso en su versión original señaló a 16 funcionarios públicos por delitos cometidos para la imposición del proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque y en favor de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo principal capitalista es Inversiones Jacarandas S.A., propiedad de la familia Atala Zablah.
No obstante, en noviembre de 2021, el Tribunal en Materia de Corrupción decretó la apertura del juicio con solo seis de los dieciséis exfuncionarios implicados.
Los imputados son: Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores y Raúl Pineda Pineda. Las acusaciones van desde fraude, falsificación de documentos y violación de los deberes de los funcionarios, entre otros.
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Castillo Mejía ya fue sentenciado en junio a 22 años y seis meses de cárcel por su coautoría en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Antes de ser gerente de DESA, David Castillo fungió como miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
En la recién publicada Lista Engel, Castillo fue señalado por actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales en los que usó su posición en la ENEE para beneficiar una empresa en la que tenía un interés financiero. El caso refiere “a la corrupción realizada para la aprobación de contratos del proyecto Agua Zarca de la familia Atala”, indicó el Copinh.
FALTA DEDUCIR RESPONSABILIDADES A LOS AUTORES INTELECTUALES
La sentencia contra David Castillo es un paso en la búsqueda de justicia por la violencia que sufrió el pueblo Lenca ante la imposición inconsulta del proyecto Agua Zarca, pero aún queda camino por recorrer.
De igual forma, el caso Fraude sobre el Gualcarque, en el que Copinh fue incorporado como víctima, es un escalón más para alcanzar garantías de no repetición, a la vez que se garanticen integralmente los derechos de los pueblos indígenas en Honduras.
La coordinadora del Copinh, Bertha Zúniga Cáceres, lo tiene claro. “Nuestro camino es la deducción de responsabilidades en el tema de autoría intelectual, la concesión [del río Gualcarque], y la garantía integral de los derechos de los pueblos indígenas para evitar que en el futuro se vuelvan a violar con tanta impunidad los derechos de las comunidades”.
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Con respecto a Castillo, la coordinadora del Copinh explicó a Criterio.hn que lo principal es que la sentencia quede en firme, una vez se agoten los recursos de casación o apelación.
“Lamentablemente las instituciones de justicia en Honduras han violado el marco normativo del tiempo procesal establecido, y eso sigue prolongando el tema del acceso a la justicia”, compartió.
También reconoció que los Tribunales están plagados de acuerdos y contubernios con los grupos económicos, por lo que no bajarán la guardia.
“Estamos muy interesadas en presionar a la misma Fiscalía de Delitos Contra la Vida para que continúe las investigaciones sobre la autoría intelectual y también abrir nuevos procesos que no tienen que ver con el asesinato, sino con irregularidades en temas financieros”, declaró.
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Zúniga Cáceres aseguró que están conscientes que muchas pruebas desaparecieron, y que el Ministerio Público no intervino las instalaciones de DESA hasta catorce días después del crimen, que muchos de los aparatos no fueron confiscados y que nunca se investigó o interrogó a miembros de la familia Atala Zablah, a quien el Copinh señala como los autores intelectuales del crimen contra Cáceres.
“Nosotras vamos a seguir luchando por eso [castigo a los autores intelectuales]. Sabemos que no va ser una batalla fácil, pero también todos nuestros esfuerzos se van encaminar a perseguir finalmente a toda persona que tuvo responsabilidad. No solamente vinculada a la empresa DESA, sino a la mismas entidades del Estado de Honduras que propiciaron la criminalización, la persecución, la judicialización y que en complicidad participaron en el crimen de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres”, concluyó la lideresa Lenca.
