Por: Luis Escalante
Tegucigalpa. –Personas que han sido condenadas por delitos dolosos, violencia doméstica o incumplimiento de deudas alimentarias podrán aspirar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Honduras, después de que este martes el Congreso aprobara la normativa que regirá el proceso de nominación y elección de dichas magistraturas.
Desde que el dictamen de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se sometió a discusión y votación el sábado 16 de julio, el artículo 15, que contiene los requisitos y prohibiciones que se establecerán a los aspirantes a magistrados de la Corte, generó en la Cámara una diversidad de postura.
En uno de sus incisos, el C, originalmente se indicaba entre las inhabilidades al cargo “haber sido condenado por delitos dolosos, por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias”.
No obstante, después de que el presidente del Legislativo, Luis Redondo, sugirió excluir de ese derecho únicamente a abogados que hayan recibido una sentencia firme con la aceptación de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales–, algunos diputados y diversos sectores de sociedad civil se han opuesto con vehemencia a la determinación que se convertirá en ley una vez que reciba la sanción y promulgación de la presidenta Xiomara Castro.
VEA: Congreso de Honduras aprueba ley de elección de la Corte bajo las mismas reglas del juego
Legisladores como Beatriz Valle, quien resultó electa a través de Libertad y Refundación (Libre) y que ahora se denomina independiente, condenaron en la sesión legislativa del martes que se sometiera a discusión del pleno que una persona condenada por un juez tenga o no la posibilidad de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
“Al ser condenado, aunque cuente con todos los recursos para defenderse y que lo declaren inocente, esa persona ya tiene una mancha”, expresó Valle, quien incluso calificó al presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Ramón Barrios, como “violador de la Constitución”.
TIBIO DISCURSO DE DIPUTADOS DE LIBRE
Más allá de lo expresado por la diputada Valle, preocupa el discurso adoptado por otros congresistas de Libre como Jari Dixon Herrera y Silvia Ayala, quienes se limitaron a expresar que será responsabilidad de la Junta Nominadora seleccionar a los mejores 45 candidatos y que una ley secundaria no puede pasar por encima de la Constitución, aduciendo el estado de presunción de inocencia garantizado en la norma suprema.
“El problema es que cualquier persona o grupo de poder interesado en que alguien honesto y capaz no sea magistrado, con el simple hecho de presentar una denuncia en el Ministerio Público, ya podrá manchar la reputación de una persona”, dijo Herrera a Criterio.hn.
Lea también: Intereses de los grupos de poder prevalecen en proceso de selección de la nueva Corte Suprema
Al mismo tiempo, consideró que algunos sectores de la ciudadanía están confundiendo la labor del Congreso con la que realizará la Junta Nominadora y que ellos, como diputados, no tendrían ningún tipo de culpa si les envían “narcotraficantes, corruptos o abusadores”.
“Son ellos los que depurarán los listados de candidatos, nosotros tendremos responsabilidad hasta que llegue acá –al Congreso– el listado con los 45 candidatos que, a criterio de ellos, sean los idóneos”, sentenció el también abogado en referencia a que el 23 de enero de 2023, con la aprobación de 86 votos, se elegirá a los magistrados de la Corte que fungirán entre 2023 y 2030.
La diputada Silvia Ayala tampoco respondió con seguridad a Criterio.hn y, de hecho, su postura fue casi idéntica a la de Herrera. Ambos votaron a favor del artículo 15 de la ley en cuestión.
“Estaríamos exponiendo a cualquiera que se considere agraviado a que afecte a una de las personas que se postulan como candidatos a magistrados de la Corte. La Constitución establece los cinco requisitos necesarios para el cargo, no podía ir este Congreso, con una ley secundaria, ir más allá de la normativa principal”, argumentó.
A pesar de lo expuesto por los diputados oficialistas, analistas consultados por Criterio.hn se han opuesto a lo que aprobó el Congreso, específicamente a la reformulación del inciso C presente en el artículo 15 de la ley.
ANALISTAS OPINAN
Ese es el caso del abogado y exdiputado liberal Rodil Rivera Rodil, quien aseguró que la ley tiene un fondo y un fin, que es la justicia. “Yo estoy en contra de que se permita a alguien que ha sido objeto de un juicio relacionado con delitos contra la familia”, expresó.
Añadió que, aunque no cuente con una sentencia firme, “la presunción de culpabilidad, el mero hecho de estar involucrado o señalado, no hace calificar a esa persona como un eventual presidente del Poder Judicial”.
El también abogado y analista Raúl Pineda, de tendencia conservadora, mencionó que primero se deberá determinar si la persona recibe un auto de formal procesamiento con prisión preventiva porque, de ser así, “ese candidato quedaría suspendido en el ejercicio de su ciudadanía y, por ende, sería descalificado para el desempeño de una magistratura”.
