Rolando Argueta falla para inhabilitar a María Luisa Borjas como diputada

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, actuando como juez natural resolvió  este lunes suspender en su función como diputada al Congreso Nacional por el opositor partido Libertad y Refundación (Libre) a María Luisa Borjas.

A la congresista y comisionada de la policía en retiro, además de la penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, se le impuso la pena principal de reclusión de dos años y ocho meses luego de haber sido declarada culpable el pasado 29 de enero por los delitos de calumnias constitutivas de difamación por una querella promovida por el banquero Camilo Atala.

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La pena principal, la cual deberá cumplir en una cárcel departamental o seccional, puede ser conmutable, en virtud de tratarse de una pena menor.

El fallo judicial fue dado a conocer en medios de comunicación y en redes sociales a eso de las 5:00 de la tarde, dejando burlada a Borjas y a su defensa, que se presentó a las 2:00 de la tarde a la audiencia de determinación de la pena.

Borjas detalló que el apoderado legal de Camilo Atala llegó hasta después de las 3:00 de la tarde. Asimismo, que se enteró que a esa hora el presidente del Poder Judicial se encontraba reunido con el jefe de gobierno, Juan Hernández.

“Me enteré también que el usurpador Juan Orlando Hernández estuvo reunido con Argueta y salió en su helicóptero después de las 3:00 de la tarde de ahí de la Corte y eran las 4:00 de la tarde y todavía no nos comunicaban absolutamente nada”. A esa hora, Borjas se retiró junto a su familia, al considerar como una falta de respeto, que la hicieran esperar por dos horas sin que se le informara nada.

“Nos retiramos a las 4:00 de la tarde. Después de las 5:00 de la tarde estoy viendo en todas las noticias que están publicando que fui condenada a dos años ocho meses y hablan de inhabilitación, cuando la Corte Suprema no me puede inhabilitar, esa es una decisión del Congreso Nacional, que supuestamente es un poder independiente y sin relaciones de subordinación”, expresó Borjas.

El fallo judicial fue entregado a los medios de comunicación, no así a la defensa de Borjas. La abogada Kenia Oliva, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y del equipo de defensa de Borjas, explicó a CRITERIO que si la sentencia queda firme la comisionada de policía en retiro podría quedar inhabilitada como diputada, “pero esto lo tendría que hacer un juez ejecutor”, en el marco del proceso de casación, detalló.

Continuó que el procedimiento establece que el juez ejecutor tiene que enviarle al Congreso Nacional un oficio, para que este Poder se pronuncie sobre la inhabilitación en un acto legislativo.

A la defensa le queda el recurso de casación y agotar esta última instancia. Aunque de manera anticipada C-Libre cree que ningún juez actuará en contra de un fallo emitido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque en Honduras no existe independencia judicial.

De acuerdo al expediente, la querella se originó luego que María Luisa Borjas indicara que el empresario Camilo Átala habría sido el autor intelectual de haberle dado muerte a la ambientalista y lideresa indígena, Berta Cáceres.

Borjas se negó a conciliar con el demandante porque asegura que los hechos a los que ella hizo mención se sustentan en un informe de la policía en Poder del Ministerio Público.

La diputada cuestionó la labor del juez natural al señalar que Camilo Atala no asistió a la audiencia de conciliación ni al juicio oral y público, pese a que el Código Procesal Penal establece en el artículo 411 numeral 2, que si el querellante no se presenta a estas dos etapas y no acredita su no comparecencia a una enfermedad grave, imposibilidad física, grave calamidad doméstica u otras causas análogas,  se tomará como un desestimiento tácito y el juez deberá suspender de inmediato el juicio.

EE.UU. nunca solicitó a Honduras la extradición de Tony Hernández: Rolando Argueta

Según el abogado Raúl Pineda Alvarado, EE.UU. se ajustó a los convenios de Palermo y Viena y al derecho penal interno

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rolando Argueta, aseveró que Estados Unidos nunca solicitó la extradición de Juan Antonio Hernández, alias “Tony” Hernández, por delitos de narcotráfico.

Durante un programa televisivo, Argueta manifestó que en los tres años que lleva al frente de la presidencia del Poder Judicial nunca llegó a su escritorio, ni a otra entidad de la Corte Suprema de Justicia, una “solicitud de esa naturaleza”.

Tony Hernández se encuentra recluido en New York, luego de haber sido capturado en el aeropuerto de Miami el 23 de noviembre pasado, acusado por fiscales federales en Estados Unidos de traficar toneladas de cocaína, utilizar armas para proteger sus cargamentos y brindar información falsa a agentes federales.

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Sobre el tema, el abogado y analista político-social, Raúl Pineda Alvarado, ilustró que el caso de “Tony” Hernández no tiene nada que ver con el proceso de extradición vigente en Honduras desde abril de 2014, luego de la reforma al artículo 102 de la Constitución.

Consultado por CRITERIO, Alvarado refirió que el caso del hermano del jefe de gobierno de Honduras, Estados Unidos se ajustó al derecho penal interno y a las convenciones de Palermo y de Viena, suscritas por las Naciones Unidas—la primera contra la delincuencia organizada transnacional y la segunda como fuente del derecho internacional— y no al convenio de extradición suscrito con Honduras.

“En Estados Unidos las leyes que priman son las de Estados Unidos, y él (Tony Hernández) fue capturado en territorio norteamericano, allá es al revés, es decir que las leyes hondureñas no son aplicables allá”, expresó el profesional del derecho.

En cuanto a la legalidad o ilegalidad de la captura de Hernández por agentes de la DEA en Miami, dijo que eso depende de la óptica de quien lo vea. En ese sentido apuntó que desde el lado de Honduras y de otros países, se puede decir que hubo violación a los derechos, pero del lado de la nación del norte, no, porque Estados Unidos no es suscriptor de ningún convenio o tratado sobre derechos humanos.

Finalmente, estimó que probablemente Estados Unidos no confió en la institucionalidad hondureña porque nunca presentó ningún requerimiento contra “Tony” Hernández, ante las instituciones nacionales.

NUEVAS SOLICITIDES DE EXTRADICCIÓN

Argueta refirió que desde que entró en vigencia la extradición, en 2014, se han recibido 46 solicitudes de diferentes gobiernos. Precisó que antes que asumiera la actual Corte, había 19 solicitudes y desde el 11 de febrero de 2016 con su llegada,   se han recepcionado 27 más. Del total de las solicitudes presentadas durante su gestión, dijo que se han ejecutado 18 y nueve están en proceso, pendientes de la detención de los imputados.

De los casos pendientes, refirió que ocho pertenecen a personas señaladas por delitos ligados al narcotráfico. La última o más reciente solicitud, detalló que se trata de un hondureño señalado por el gobierno de los Estados Unidos por cometer fraudes y estafas en aquel país.

Argueta informó que la designación del juez natural para estas últimas solicitudes, se hará en la próxima sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia.

SOBRE LAS EXTRADICIONES:

La extradición de hondureños fue aprobado mediante una reforma al artículo 102 de la Constitución de la República, efectuada en el Congreso Nacional en agosto de 2013, pero por tratarse de una reforma constitucional se ratificó el 7 de abril de 2014 y entró en vigencia al día siguiente al ser publicado en el diario oficial La Gaceta.

PASOS PARA LA EXTRADICIÓN:

El país requirente remite la solicitud a través de la vía diplomática. El Ministerio de Relaciones Exteriores la envía a la Corte Suprema de Justicia. Una vez revisada dicha solicitud y ordenada que sea su ejecución por la vía administrativa, se devolverá la documentación al Estado requirente siguiendo la misma vía por la que se recibió.

ARTÍCULO 102:

Antes de la reforma, el artículo 102 decía: “ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a las autoridades a un estado extranjero”.

La reforma constitucional del 2013 dice: “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un estado extranjero. Se exceptúan de esta disposición los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, y cuando exista tratado o convenio de extradición con el país solicitante. En ningún caso se podrá extraditar a un hondureño por delitos políticos y comunes conexos”.

PROCEDIMIENTO

El 10 de junio de 2013 se publicó en La Gaceta un Auto Acordado que tiene por objeto garantizar las garantías y derechos fundamentales, así como los principios generales que deben regir en el procedimiento de extradición.

El Auto Acordado establece que una vez recibida la solicitud de un gobierno, el pleno de magistrados nombrará a uno de sus miembros como juez o jueza natural para conocer el procedimiento para extraditar a una o más personas.

El juez examinará la petición, y de ser procedente, mediante auto motivado, ordenará la aprehensión o captura de la persona reclamada. Una vez habido se le pondrá en conocimiento del contenido de la solicitud de extradición presentada por el Estado requirente, cita el auto acordado.

Seguidamente, el juez dictará la detención provisional. Durante el proceso, el sujeto reclamado será asistido por un abogado de su elección, caso contrario se le nombrará de oficio un defensor público. El juez natural señalará la audiencia para que las partes procedan a la presentación y evacuación de pruebas, en una o varias audiencias.

Una vez concluida esta audiencia se procederá a la valoración de las pruebas evacuadas y se dictará sin retardo y de forma motivada la resolución definitiva, otorgando o denegando la extradición.

El Auto Acordado establece que contra la resolución se podrá interponer un recurso de apelación, que será resuelto por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Delitos contra el honor no deberían ser pagados con cárcel: Rolando Argueta

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – El mismo magistrado que condenó a la diputada de Libre, María Luisa Borjas, por los delitos de difamación y calumnia, dice que esos delitos no deberían ser castigados con cárcel.

Se trata del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez quien dijo que siempre ha pensado que los delitos contra el honor deberían de ser delitos abordados por el derecho penal, pero las sanciones deberían de ser distintas a la privación de la libertad.

Señaló que falló en contra de la comisionada de policía en situación de retiro, María Luisa Borjas, debido a las pruebas y a su experiencia de más de 20 años como juez de los tribunales de justicia en Honduras.

Argueta señaló que deberían despenalizar los delitos contra el honor desde el punto de vista de la punibilidad y cambiarlo por multas o cierre temporal del ejercicio profesional, cerrando el programa o cerrando el medio de comunicación.

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 Argueta explicó que la pena por injuria es de uno a dos años, y de dos a tres años en el caso de la calumnia y si estos delitos son a través de medios públicos, la pena aumenta en un tercio.

En ninguno se va a la cárcel porque estas penas son conmutables a diez lempiras por día y si la persona ya ha sido condenada anteriormente no puede gozar de esa conmuta y debe ir a la cárcel a pagar la pena impuesta.

Fin de la MACCIH está medianamente cerca: Presidente de la Corte

En el caso del Poder Judicial, que estamos consolidando un proceso, nosotros no miraríamos alejado el día en que podamos prescindir de una entidad extranjera porque tenemos que aprender a caminar solos”: Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La lucha contra la corrupción emprendida a partir de la presencia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) podría llegar pronto a su fin.

Los actores que están pujando para que la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegue a su término, ya lo están expresando con insistencia en algunos medios de comunicación.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, es uno de los altos funcionarios que en los últimos días ha emitido juicios de valor sobre el convenio suscrito el 19 de enero de 2016, entre el gobierno de Honduras y la OEA y que entró en vigencia el 19 de abril de 2016.

Terminar con la vigencia del convenio “está dentro de las posibilidades” y valorar “si podemos o no caminar solos y eso va a depender de qué tanto ha ayudado a consolidar las instituciones”, expuso Argueta, tras enfatizar que la presencia de la MACCIH durante los últimos tres años ha ayudado a consolidar las instituciones del Estado.

La vigencia del acuerdo fue pactado para cuatro años, por lo que la ampliación tendría que hacerse antes del 19 de abril de 2020. La noche de este domingo el presidente de la CSJ, declaró en el programa 30/30 de la Corporación Televicentro que una vez que se acerque esa fecha hará consultas, con los jueces y fiscales del circuito de corrupción, magistrados, sociedad civil, usuarios del sistema, docentes universitarios, Colegio de Abogados de Honduras y otras instancias.

MACCIH
El presidente de la Corte Suprema de Honduras, Rolando Argueta, compareció anoche en el programa 30/30 de la Corporación Televicentro.

Lo anterior implica que el convenio estará a merced de los deseos de la clase política gobernante, que controla todos los espacios antes mencionados y que desde un inicio ha mantenido un discurso de ataque y desprestigio frente a la instancia de la OEA.

Para dar una impresión de voluntad y buenos deseos, Argueta citó entre los sectores a consultar a los propios personeros de la MACCIH y apuntó que la idea de la ronda de consultas es forjarse una opinión técnica.

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El 6 de marzo de 2018, cinco congresistas imputados por delitos de corrupción por haber sustraído recursos del Estado para fines particulares, interpusieron un recurso de inconstituciolidad contra la Misión. Ante la presión ejercida por el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en Tegucigalpa, la Corte declaró constitucional el convenio el 30 de mayo de 2018. 

De acuerdo a lo establecido en el convenio la continuidad del mismo está en manos del gobierno, quien tendrá que firmar la ampliación de su vigencia y luego el Congreso Nacional tendría que hacer la ratificación, de tal forma que la MACCIH continúe realizando su función o en su defecto se vaya del país y se repita la historia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que se encuentra entre la espada y la pared ante el rechazo de la clase corrupta a la cabeza del presidente, Jimmy Morales.

La historia de Honduras es similar a la del vecino país, ya que en los requerimientos interpuestos por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público, se encuentran varios diputados, empresarios y personas particulares.

De acuerdo a las declaraciones vertidas por Omar Menjivar, apoderado legal de Fernando Suárez, testigo clave del caso Pandora, la difunta Hilda Hernández, hermana del jefe de gobierno, Juan Hernández, lideró una estructura criminal que sustrajo fondos del Estado para financiar la campaña política de su hermano y para caprichos personales de la familia Hernández. Según Menjívar, todas las transacciones contaron con el visto bueno de gobernante.

EL PODER JUDICIAL SE HA FORTALECIDO

Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, la presencia de la Misión ha servido para el fortalecimiento institucional. De manera particular, en el Poder Judicial—dijo—han existido muchos avances, especialmente en la reducción de la mora judicial y la creación de circuitos judiciales orientados a castigar la corrupción.

Con sus declaraciones, Argueta soslayó que casi todos los imputados por corrupción han sido sobreseídos o han recibido medidas distintas a la prisión.

Por otra parte, aclaró que la relación más cercana con la MACCIH es la que se da con el Ministerio Público por la naturaleza constitucional, referente a la investigación de los delitos de la tipología de la corrupción. Contrario a lo que sucede en el Poder Judicial, “porque los jueces son independientes, y no podemos nosotros ponerle a un personero a una entidad extranjera o nacional, a trabajar a la par de ellos en la forma de juzgar y ejecutar lo juzgado”.

“En el caso del Poder Judicial que estamos consolidando un proceso, nosotros no miraríamos alejado el día en que podamos prescindir de una entidad extranjera porque tenemos que aprender a caminar solos”: Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

Consultado directamente sobre el fin de la MACCIH, Argueta respondió que está medianamente cerca.

Rolando Argueta fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia, tras un alargado y viciado proceso, que se originó de un arreglo político entre los partidos Nacional y Liberal. Argueta es un cercano amigo de Juan Hernández.

¿A quién le estorbaba realmente Berta Cáceres? Pregunta María Luisa Borjas

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La comisionada en retiro de la Policía Nacional y actual diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), María Luisa Borjas, preguntó este miércoles durante  una conferencia de prensa a quién le estorbaba realmente la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, para mandarla a asesinar.

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Borjas hizo la interrogante luego que ayer martes fuera declarada culpable por el delito de calumnias constitutivas de difamación por una querella incoada por el empresario y banquero, Camilo Átala.

De acuerdo al expediente, la querella se originó luego que Borjas indicara que el empresario Camilo Átala habría sido el autor intelectual de haberle dado muerte a la ambientalista y lideresa indígena, Berta Cáceres.

María Luisa Borjas
María Luisa Borjas recibió este miércoles la solidaridad de sus compañeros de la bancada del Partido Libre y de defensores de los derechos humanos.

Desde un inicio del proceso judicial, Borjas se negó a conciliar con el demandante porque asegura que los hechos a los que ella hizo mención se sustentan en un informe elaborado por la policía.

Borjas dio  lectura al informe en las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y mencionó, además, como estructura criminal de Cáceres a empresarios, políticos y miembros de la Policía Nacional.

Hoy durante  la rueda de prensa dijo que el juez natural le exigió que diera pruebas de la veracidad del informe, cuando es algo que no es de su competencia sino de los entes operadores de justicia.

“El informe tenía toda la apariencia de formalidad y legitimidad, como el mismo testigo de la parte acusadora un comisionado de policía lo estableció en el juicio”, porque tenía sellos, folios, logotipos, firmas, ect., expuso, la comisionada de policía en condición de retiro.

Amplió que como defensora de los derechos ciudadanos, por su ética  y para no convertirse en encubridora, no podía quedarse callada al recibir una información tan delicada y tan importante como a la que hizo mención en su momento y que fue recopilada  por medios de comunicación.

Señaló que es ilógico que la justicia reconozca como hechos verídicos del informe, que ella leyó, a los autores materiales de Berta Cáceres, pero dice que “es un informe falso cuando menciona a los autores intelectuales”.

Dijo que como oficial de  policía sabe que el primer hecho que hay que establecer en cualquier crimen, es el móvil, es decir el motivo para que una persona cometa un ilícito. A renglón seguido se preguntó qué interés podría tener un mayor del ejército, que estaba en el curso para su ascenso, o en un teniente retirado de las Fuerzas Armadas, para asesinar a Berta Cáceres.

Borjas se refirió a los autores materiales sindicados y condenados por el asesinato de Cáceres.

Más adelante, se  preguntó nuevamente en qué les podría estorbar Berta Cáceres, o a quién le estorbaba verdaderamente la lideresa indígena y ambientalista, con sus acciones de oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, ubicado en el departamento de Intibucá.

“¿A quiénes les afectaba? ¿A quién les estorbaba las acciones de protesta y manifestación que dirigía nuestra Berta Cáceres con la organización del COPINH?”, interrogó a los presentes la diputada al Congreso Nacional por el opositor partido Libre.

Manifestó que hacía las preguntas para que la sociedad hondureña analice cómo en Honduras las autoridades no tienen libertad de acción.

“Yo pensé realmente, hasta el último momento, creí que el señor Rolando Argueta iba a tener un ápice de dignidad y que iba a fallar conforme a  ley y conforme a derecho, pero no, estas personas están cooptadas, porque no tienen ni la libertad ni la solvencia moral para oponerse a la opresión política que existe en nuestro país»: María Luisa Borjas, comisionada de policía en retiro y actual diputada por el partido Libre.

La congresista señaló que el  fallo emitido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, actuando como juez natural, fue político y no jurídico.

Borjas recibió este miércoles la solidaridad de sus compañeros diputados de la bancada del partido Libre y de representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, que condenaron el fallo emitido ayer por el juez natural.

Por el delito de calumnias constitutivas de difamación, Borjas podría ser objeto de una condena que oscila entre dos años y ocho meses a cuatro años de prisión. Sin embargo, por ser una pena menor tiene derecho a la conmuta que se estipula en diez lempiras diarios, por el tiempo de la pena.

La audiencia de determinación de la pena se programó para el 7 de febrero a las 9:00 de la mañana.

¡Sólo en Honduras! Un funcionario público entrega reconocimiento al presidente de la Corte

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Acabar con el juego de intereses que ponen en entredicho la imparcialidad y la independencia de la justicia sigue siendo una utopía en Honduras. Una muestra de ello es la placa de reconocimiento entregada este viernes por el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta.

El edil, perteneciente a las filas del opositor partido Libertad y Refundación (Libre), se congració con el presidente del Poder Judicial para agradecer, según él, la labor realizada por Argueta en beneficio de los ciudadanos del municipio de Tocoa.

Honduras

Argueta ocupó la mesa principal esta mañana durante la inauguración de una Oficina de Antecedentes Penales en la ciudad de Tocoa, junto al edil de este término municipal, Adán Fúnez y el gobernador departamental de Colón, Carlos Aguilar.

«Si mejoramos la justicia eso mejora la calidad de vida y la contribución para la paz y armonía para la sociedad, que es el anhelo de este Poder Judicial, por eso traemos la posibilidad de conseguir la constancia de antecedentes penales a esta ciudad», dijo Argueta al dar por inaugurada la oficina.

Más adelante expresó que «ahora es normal que personas que se creían intocables sean llevadas ante un juez, por lo que hemos avanzado en seguridad e investigación de casos».

Las palabras de Argueta contrastan con el papel que en las últimas semanas ha jugado la justicia hondureña al dejar en libertad a los implicados en el caso Pandora, al modificarles el delito de lavado de activos por el de encubrimiento, que es de menor cuantía y que les ha permitido defenderse en libertad gracias a la conmutación de la pena mediante el pago de 10 lempiras diarios.

La acción del Poder Judicial ha frenado la lucha anticorrupción que ha venido abanderando la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial de Combate Contra La Impunidad de la Corrupción (Ufecic).

Honduras
El alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, se dirige a los presnetes durante la inauguración de la Oficina de Antecedentes Penales.

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SOBRE ADÁN FÚNEZ

En sus declaraciones el año pasado ante el Tribunal de Nueva Tork, el jefe de la banda de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, manifestó que el cartel que él manejaba en la zona atlántica de Honduras, fue asistido por varios políticos y entre estos mencionó al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, quien ejerce un segundo mandato bajo las filas del partido Libre.

Honduras
Este es el Palacio de Justicia de la ciudad de Tocoa, Colón. Hoy lució resguardado por la seguridad del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.

Denuncian inscripción ilegal de primo de Rolando Argueta como aspirante a diputado

Vea las partidas de nacimiento abajo de la nota

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- De acuerdo a una denuncia presentada  por Juan Carlos Ruiz, candidato a diputado por el departamento de Copán, se ha inscrito ilegalmente a un pariente del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta Pérez.

Se trata del candidato a diputado por copan del Partido Nacional,  Roy Dagoberto Cruz Pérez, quien es primo del presidente del Poder Judicial Rolando Argueta Pérez

El pasado viernes en hora de la tarde se entregó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la documentación y una solicitud para que se investigue de inmediato la inscripción de Cruz Pérez y el parentesco que tiene con Argueta Pérez.

Juan Carlos Ruiz manifestó que,  “cuando los actos de corrupción provienen del más alto nivel en la tristemente célebre, «presidencia de la corte suprema de justicia», las esperanzas del pueblo por unas elecciones limpias,  se ven truncadas.

Roy Dagoberto Cruz Pérez y Rolando Edgardo Argueta Pérez quienes aparentemente son hijos de dos hermanas, es decir ellos dos son primos hermanos y de acuerdo a la ley no puede aspirar a una candidatura.

De acuerdo al artículo 199 numeral diez de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas,  dice que no pueden ser electos diputados el cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad del presiente y vicepresidente de la república y de los magistrados del Poder Judicial.

 

CSJ se compromete a darle salida a la Ley de Colaboración Eficaz el 15 de agosto

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  Rolando Argueta Pérez,  se comprometió darle salida al Dictamen del Anteproyecto de la Ley de Colaboración Eficaz, a más tardar el 15 Agosto.

Eso fue lo que comunicó hoy en una reunión ante la Coordinadora Estudiantil Anticorrupción CEA, Caritas y el Cohep como Sociedad Civil en acompañamiento del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, dijeron miembros de la CEA en un comunicado.

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La espera ha sido muy larga puesto que tiene más de un mes de estar en manos de la Sala de lo penal en la CSJ, y hasta hoy fue entregada al Presidente Argueta, esto debido a las medidas de presión y el descontento que ha manifestado la ciudadanía, organizaciones y los mismos diputados del Congreso Nacional, puesto que se tiene contemplado el cierre de Sesiones para finales de éste mismo mes. 

Y de tener mayor retraso en la CSJ no llegaría a tiempo al Congreso Nacional para su discusión y aprobación en lo que queda de la legislación 2017, evidenciando así la falta de voluntad y poco respeto por el compromiso asumido con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la impunidad MACCIH-OEA.

 

Poder Judicial tiene 33 extradiciones pendientes

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rolando Argueta, reveló este lunes que ese poder del Estado tiene una lista de 33 hondureños que han sido solicitados en extradición hacia los Estados Unidos, vinculados al tráfico de drogas y crimen organizado.

Rolando Argueta
Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“Si no tengo mala memoria, estamos hablando de 33 casos de esta naturaleza que están pendientes de ejecutarse”, expresó Argueta.

El funcionario apuntó que desde que asumió el cargo, hace catorce meses, no ha tenido ningún inconveniente para cumplir con la reforma del artículo 102 constitucional que autoriza la extradición de hondureños hacia los Estados Unidos, acusados por los delitos de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.

Apuntó que el  auto acordado establece un trámite satisfactorio, porque se respeta el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.

“En la tramitación de esos procesos no se nos ha presentado mayores inconvenientes en relación a la aplicación de ese trámite, respecto a ese auto acordado, por cuanto nosotros estamos trabajando con lo que tenemos, que es la Constitución”, expresó.

Presidente de la Corte se abstiene de hablar sobre la reelección

Por: Redacción CRITERIO

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Tegicigalpa.-El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se abstuvo este miércoles pronunciarse sobre el espinoso tema de la reelección presidencial, impulsada  por el Partido Nacional y el presidente, Juan Hernández.

“La ley no me permite hablar de esa situación”, respondió Argueta ante la interrogante de la prensa esta mañana en la sede del Poder Judicial, donde minutos antes había recibido la lista de los jueces y magistrados anticorrupción.

Rolando Argueta es un reconocido y activo militante del Partido Nacional. En la fotografía aparece festejando el cumpleaños del secretario del partido de gobierno, Juan Diego Zelaya; el diputado, Óscar Álvarez; el periodista, Edgardo Melgar y otros líderes de la estrella solitaria.

Causa extrañeza que el presidente de la Corte no emita opinión sobre una resolución, emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte anterior en abril de 2015, que declaró la inaplicabilidad de los artículos 239 y 245 de la Constitución, que prohíben la reelección presidencial, pero que según la institucionalidad hondureña, abrió la posibilidad para que Hernández vaya en busca de un segundo mandato.

Para la actual Corte, la reelección es también  “cosa juzgada”, porque así lo estableció en una nueva resolución emitida en agosto de 2016.

El asunto ha sido también “cosa juzgada” para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que basado en ese mismo argumento procedió a la inscripción del mandatario.

Pero lo más asombroso, es que Argueta diga que la ley le prohíbe hablar del tema, cuando la semana pasada la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial declaró la inadmisibilidad de los recursos interpuestos por los líderes de la oposición política en contra de la inscripción de Hernández ante el TSE, alegando que los recurrentes no agotaron los requisitos a lo interno del ente electoral.

¿Por qué la reelección es ilegal?

La Carta Magna de Honduras prohíbe la reelección  presidencial, pero Hernández y la cúpula del Partido Nacional, sustentan su legalidad en un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró la inaplicabilidad de los artículos 239 y 245 de la Constitución.

Sin embargo, expertos en Derecho Constitucional sostienen que la reelección sigue siendo prohibida porque la sentencia del Poder Judicial solo derogó la prohibición para hablar del tema y porque la alternancia en el poder sigue vigente.

Asimismo porque el tema abarca artículos pétreos que solo pueden ser modificados o derogados mediante una Asamblea Nacional Constituyente.

Según la Constitución hondureña, Hernández debe entregar el poder el 27 de enero del 2018 al ganador de las elecciones del último domingo de noviembre del 2017.