Portada: Martha Dubón, de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), y a Tomás Andino, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) son los nominados por la sociedad civil
La elección de los representantes de la sociedad civil ante la Junta Nominadora de proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pasó por la votación de 48 organizaciones. Finalmente, solo cinco se abstuvieron durante la votación
Por: Luis Escalante
Fotos: Jorge Burgos
Tegucigalpa. – En un ambiente donde resaltó la transparencia y el consenso, las organizaciones de sociedad civil reunidas en asamblea designaron este miércoles con contundencia de votos a Martha Dubón, de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), y a Tomás Andino, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), como su representante propietaria y su suplente ante la Junta Nominadora de proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La asamblea fue conducida por los titulares de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Edmundo Orellana, como presidente, y de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Tomás Vaquero, como secretario. A la misma, que se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la capital Tegucigalpa, se presentaron representantes de 53 organizaciones de sociedad civil, veedores nacionales e internacionales, y medios de comunicación.
La ahora nominadora propietaria, Martha Dubón, aseguró que las decisiones de la sociedad civil dentro de la Junta serán independientes y que no permitirán la injerencia de ningún sector interesado en manipular el proceso, tal como ocurrió entre 2015 y 2016, cuando el expresidente Juan Orlando Hernández influyó directamente en las decisiones de la Junta Nominadora, con el propósito de que se nominaran y eligieran a candidatas y a candidatos afines a sus intereses reeleccionistas y criminales.
«Nosotros, como sociedad civil, tenemos que marcar la diferencia dentro de la Junta Nominadora. No vamos a aliarnos con ningún sector y, a pesar de que el trabajo será íntegro, siempre vamos a tener una postura independiente. No vamos a responder a intereses que no sean de la ciudadanía», expresó Dubón en entrevista con Criterio.hn.
Cuando se le consultó acerca del perfil de la nómina de 45 candidatas y candidatos a ocupar las más altas magistraturas del Poder Judicial que remitirán al Congreso Nacional a más tardar el 23 de enero de 2023, Dubón insistió en que, al menos desde la representación de la sociedad civil, la participación será «transparente» y «honesta».
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«Vamos a luchar y a crear contrapeso con el propósito de que las personas que nominemos ante el Congreso sean las idóneas, con las capacidades técnicas y morales requeridas para impartir justicia de manera independiente. No habrá nominaciones por color político, compadrazgo o pago de favores», sentenció.
La Junta Nominadora, que la conforman representantes de otras seis organizaciones, será juramentada por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, entre el 1 y el 15 de septiembre.
Las demás organizaciones representadas en la Junta son la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Claustro de profesores de Derecho de la UNAH, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y las centrales obreras.
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Una vez que el Congreso juramente a los nominadores, la Junta en propiedad se instalará y comenzará a evaluar a las candidatas y a los candidatos, quienes se autopropondrán y se someterán a una matriz que puntuará criterios de integridad, ética e idoneidad profesional.
Después de realizar las respectivas evaluaciones, la Junta Nominadora depurará el listado de aspirantes y enviará al Congreso, a más tardar el 23 de enero de 2023, una nómina con las y los 45 mejores candidatas y candidatos, entre los cuales habrá 23 mujeres y 22 hombres.
La elección de las 15 magistradas y magistrados, que se efectuará el 25 de enero, pasará por la aprobación de al menos 86 diputados de las seis instituciones políticas representadas en el Legislativo. La juramentación de la nueva Corte Suprema de Justicia, que ejercerá sus funciones en el período 2023-2030 y que sustituirá a la poco reputada Corte actual, se realizará el 27 de enero de 2023.
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
A raíz de que algunos representantes de la sociedad civil que aspiraron a integrar la Junta Nominadora no lograron conformar planillas antes de la asamblea de este miércoles, a falta de constancias y otras documentaciones, finalmente solo se presentó la fórmula que encabezaron Martha Dubón y Tomás Andino.
Cuando se sometió a votación, por la vía nominal, el 90.6% -48 organizaciones- les otorgó su voto de confianza. El resto, 9.4% -cinco agrupaciones-, determinó abstenerse en la elección.
Algunas de las organizaciones, sobre todo las que se abstuvieron en la votación, aseguraron que, durante el proceso, a varias y varios aspirantes se les transgredió el derecho a ser elegidas o elegidos.
Gabriela Blen, directora ejecutiva de la Organización Ayudemos Honduras (OAH), una de las agrupaciones que se abstuvo, lamentó en entrevista con Criterio.hn que «varias personas cumplieron con los requisitos y se inscribieron, pero por no haberse organizado en planillas, no se les aceptó su participación».
Blen, también exdirigente del movimiento Plataforma Indignada, indicó que la Secretaría de Trasparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC) y la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia (SGJD), que condujeron la asamblea, pudieron convocar a las organizaciones en una nueva fecha.
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«Así se le habría dado tiempo a las demás organizaciones para conformar sus planillas y no realizar la elección solo con una fórmula. Por tal motivo, nuestro voto fue de abstención», expresó Blen, quien añadió que, a pesar de la decisión, respaldarán a los nominadores electos en el trabajo que desarrollen dentro de la Junta Nominadora.
Juan Carlos Aguilar, coordinador de asistencia legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), una de las organizaciones veedoras del proceso, aplaudió la forma en que se desarrolló la designación de los representantes de sociedad civil ante la junta de proponentes y manifestó que las organizaciones que se sintieron afectadas contaron con el tiempo necesario para acreditar fórmulas que, al igual que la electa, pudieran competir.
«El problema que sucedió es que se traían en mente algunas formulas, pero no venían con los documentos soporte, es decir, las constancias que acreditaban el cumplimientos de requisitos. La fórmula que sí participó, recibiendo una votación contundente, sí logró realizar las acreditaciones», valoró en conversación con Criterio.hn.
Durante la asamblea de sociedad civil, las organizaciones también designaron una comisión de impugnaciones, que quedó integrada por las siguientes personas: Joaquín Mejía Rivera, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ); José Acevedo, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh); y Donald Hernández, del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (Cehprodec).
VEEDURÍA
El proceso de elección de los nominadores representantes de la sociedad civil contó con veedores nacionales e internacionales, entre los cuales destacó la presencia de la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alice Shackelford, quien calificó el proceso de «transparente» y «bien manejado».
«Aplaudo la intención de procurar que todo el proceso sea transparente, sé que se está haciendo un esfuerzo, y como Naciones Unidas hemos visto un buen compromiso de las organizaciones para realizar el proceso de forma transparente. Eso es lo que requiere la ciudadanía, quedarse con una sensación de un proceso transparente y bien manejado», declaró en rueda de prensa.
Shackelford también aplaudió el cumplimiento, por parte de las instituciones y de las organizaciones de sociedad civil, del marco legal que estableció la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC). «Esa claridad, con base en un marco regulatorio definido, ha sido algo muy bueno. Considero que hay una claridad por parte de la ciudadanía, desde la convocatoria a las organizaciones hasta la realización de la asamblea este día».
La STLCC convocó el pasado 4 de agosto a las organizaciones de sociedad civil, que acreditaran experiencia en proyectos de justicia y derechos humanos, a inscribirse en el proceso previo a la celebración de la asamblea.
Finalmente, 64 instituciones se inscribieron, pero solo 57 cumplieron con los requisitos establecidos dentro la Ley de la Junta Nominadora, y resultaron aptas para participar en la asamblea.
