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Inconsistencias de Jacobo Atala corresponden a voluntad de impunidad, dice acusación privada en Fraude sobre el Gualcarque

Inconsistencias de Jacobo Atala

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Redacción: Marcia Perdomo

Tegucigalpa.- A inicios de agosto, el banquero y empresario Jacobo Nicolás Atala Zablah testificó de forma virtual en el caso Fraude sobre el Gualcarque, que involucra el otorgamiento ilegal de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad indígena Lenca de Río Blanco a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Por este caso están imputados: Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores y Raúl Pineda Pineda.

Criterio.hn dio seguimiento al testimonio del banquero y reportó parte de las contradicciones en las que incurrió mientras era interrogado por el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía, como parte de una de las dos acusaciones privadas en el caso, que además está ligado al asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en 2016.

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El profesional del derecho compartió con Criterio.hn las reacciones del equipo legal del bufete Estudios para la Dignidad, con relación al testimonio de Atala Zablah y las implicaciones de las declaraciones tanto en el caso Fraude sobre el Gualcarque como en la Causa Berta Cáceres.

Mejía estableció que el patrón de contradicciones y ocultamientos indicados por el empresario indican la procuración de impunidad en todos los hechos, así como lo había establecido previamente el perito Harald Waxenecker durante el juicio contra David Castillo por el asesinato de la ambientalista Lenca.

“Él dice que las personas que asesinaron a Berta Cáceres son una red criminal constituida e integrada por empresarios y funcionarios, y que esta red criminal funciona hasta que se procura la impunidad y mientras se esté procurando impunidad es porque esta red está vigente”, señaló Mejía sobre las declaraciones del perito Waxenecker.

Por lo que “todos estos actos de ocultamiento, de mentiras, y de contradicciones por parte de Jacobo Nicolás Atala en su interrogatorio corresponde a una voluntad de impunidad en todos los hechos entorno a la corrupción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y del asesinato de la compañera Berta Cáceres, y si se procuran impunidad es porque esta red sigue activa generando influencias, beneficios y favores hacia sí mismos.

BENEFICIOS A FAVOR DE JACOBO ATALA ZABLAH EN SU COMPARECENCIA

El empresario Jacobo Atala declaró de forma virtual -sin mostrar su rostro- argumentando problemas de hipertensión arterial y una certificación médica. Esto para la acusación privada mostró la avenencia del Poder Judicial para otorgar beneficios a alguien que estaba en la ciudad, pero que no fueron otorgados a otras personas que tuvieron que trasladarse hasta Tegucigalpa desde Río Blanco en Intibucá para testificar.

Es decir, las víctimas directas del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca dieron la cara y declararon frente a los jueces y los abogados de la defensa y partes acusadoras. Mientras que Atala Zablah “maniobró para evitar esta comparecencia en los Tribunales” y no dio la cara durante la mayor parte de la transmisión.

Esto, explicó el abogado acusador, tiene dos efectos: por el lado técnico jurídico, el acusador e interrogador no puede advertir los gestos del declarante en cuanto a nerviosismo ante una mentira; y por otro deja claro que si bien se rompió en cierta medida los beneficios de los que gozan las clases privilegiadas, esta no se resquebrajo del todo, puesto que se le facilitó y otorgó otros beneficios, como no dar la cara durante la mayor parte de la transmisión.

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PRETENDEN CONSTRUIR PROYECTO PESE A VIOLENCIA DESATADA

El litigante también remarcó como importante la declaración de Atala Zablah en cuanto a que todavía tiene la pretensión de construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca pese a que es un proyecto violento, en el que tres de sus exempleados -entre ellos su socio accionista, David Castillo– fueron declarados culpables por el asesinato de Berta Cáceres.

“En la sentencia que los declaró culpables [a Roberto David Castillo, Sergio Geovanny Rodríguez y Douglas Bustillo] se establece como hecho probado que la asesinaron para procurar que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca no sea obstruido por la reivindicación de derechos del pueblo Lenca que lideraba la compañera Berta Caceres. Es decir hay implicación directa entre este proyecto y la violencia contra el pueblo Lenca y la compañera Berta Cáceres”, compartió.

Pese a todo esto, el banquero indicó que están “esperando las condiciones necesarias óptimas para echar andar ese proyecto”, aun cuando su familia y él, están siendo señalados por el crimen de Cáceres y el Ministerio Público indicó que se está investigando a Daniel Atala en conexión al asesinato de la lideresa Lenca.

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INEFICIENTE DEBIDA DILIGENCIA EN ADQUISICIÓN DE DESA

Otro aspecto evidenciado a criterio de Mejía, fue la falta de debida diligencia de Jacobo Atala siendo director de la sociedad mercantil Inversiones Las Jacarandas, que posee el 60% de las acciones de DESA.

De acuerdo a las declaraciones, bajo juramento, de Atala Zablah durante el juicio Fraude sobre el Gualcarque, este indicó que desconocía quiénes fueron los accionistas de DESA previo al ingreso de Inversiones Las Jacarandas, pese a que se le presentó un plan de inversión, y que David Castillo mencionó que en un primer momento hubo otros accionistas.

“A él no le importó quiénes eran esos accionistas y pese a ello firmó, o decidió invertir, y al momento que él decide invertir, él hizo negocios con la sociedad mercantil PEMSA que está domiciliada en Panamá. A él no le interesó, según sus palabras, qué personas conformaban la sociedad PEMSA. Únicamente, dice él, le importó saber que estaba bajo el dominio de Roberto David Castillo. Esto tiene implicaciones graves en la debida diligencia”, recalcó el abogado del bufete Estudios para la Dignidad. Sumado a esto, los Atala Zablah no realizaron su propio estudio de plan de inversión, sino que revisaron únicamente el presentado por David Castillo

Legalmente, un buen inversionista está obligado a conocer con quienes hace negocio, manifestó el litigante. Por lo que “en ese sentido hay una procura de impunidad en torno a las demás personas implicadas en la sociedad PEMSA Panamá y en esconder que se hicieron negocios con una sociedad domiciliada en Panamá, que entre otras afirmaciones generales de conocimiento común las sociedades mercantiles hechas en Panamá sirven de mucho para establecer negocios al margen de la ley o con muchas irregularidades por la poca regulación legal que tienen las mismas”.

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INCONSISTENCIAS EN EL TESTIMONIO

En el artículo original publicado por Criterio.hn se detalló cómo el banquero entró en contradicciones con relación a los tiempos referidos entre el momento en que conoció a David Castillo, el estudio del análisis financiero y el momento en que la familia Atala Zablah decidió invertir en la empresa DESA.

Mejía retomó este punto, especificando que “los tiempos no calzan y esto en realidad lo que implica o denota es una voluntad de impunidad y ocultamiento de hechos que podrían implicar responsabilidad o que denotan las irregularidades en la sociedad DESA”.

Atala dijo no conocer a Castillo hasta mediados de 2011 y que Castillo señaló que en ese momento él tenía la empresa bajo control de otras personas, esto es relevante considerando que Castillo no dejó de laborar en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) hasta marzo de 2012.

Esto implica que Jacobo Atala no ignoraba que David Castillo era empleado de la ENEE con conocimientos en contratos de generación de energía, y que tenía en su poder una sociedad mercantil que fue beneficiada con el contrato de generación de energía 043-2010, expresó.

“Esto tiene implicaciones particulares en el proceso porque Jacobo Nicolás Atala estaría reafirmando la tesis de acusación mediante la cual nosotros indicamos que Roberto David Castillo siendo empleado de la ENEE y teniendo relación directa con el gerente general, también imputado, y con la autorización y aprobación de proyectos de generación de energía, él ordenó la constitución de DESA a nombre de dos empleados que él tenía”, explicó.

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Otra inconsistencia en el supuesto plan de inversión que planteó Atala, es cuando indicó que él entró a invertir a través de la sociedad Inversiones La Jacaranda a mediados de 2011 relacionándose solamente con Roberto David Castillo. Sin embargo, para esa fecha DESA ya pertenecía en un 99.9% a PEMSA Panamá y no a David Castillo, directamente. Contradiciendo lo expresado por Atala que PEMSA ingresó después de Inversiones La Jacaranda, por una necesidad de incrementar el capital.

“Es contradictorio y reafirma el supuesto de que Jacobo Nicolás Atala quiere esconder que se ha relacionado con una sociedad domiciliada en Panamá particularmente la Sociedad PEMSA Panamá de forma irregular”, comentó Mejía.

Otra falacia, indicó el abogado, es la afirmación de Atala Zablah con relación a que Sinohydro fue sacada del proyecto porque no era la empresa adecuada para construir el proyecto, por lo que rescindieron el contrato. Cuando es Sinohydro que decide irse tras el asesinato a manos de fuerzas militares del indígena Lenca, Tomás García, durante una manifestación en las afueras del plantel. 

“Eso lo ocultó el señor Jacobo Nicolás Atala, procurando esconder la violencia que había generado la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y que dicha violencia fue ejercida y amparada por las fuerzas públicas del Estado, particularmente las Fuerzas Armadas”, detalló.

Una falsedad más, especificó Mejía, fue cuando Atala desconoció la condición Lenca del municipio de San Francisco de Ojuera, indicando que el proyecto hidroeléctrico se movió supuestamente para no tener problemas con la comunidad indígena Lenca de Río Blanco. Sin embargo, el proyecto fue sacado por la reivindicación de derechos de las comunidades. 

“Se trasladan a San Francisco de Ojuera, que también es un municipio indígena, pero continuaron con el mismo patrón de comportamiento de ignorar dicha condición y procuraron imponerse y frente a dicha imposibilidad de imponer también en San Francisco de Ojuera el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, decidieron asesinar a la compañera Berta Cáceres para acabar con la oposición, con la resistencia que ejercía el pueblo Lenca en dicho municipio”, concluyó.

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