Por: Viena Hernández
Tegucigalpa. – El reintegro de Policías depurados ha generado diversas opiniones, entre estas, se discute que aumentar en número de oficiales para combatir el alza criminal no será la mejor opción y, que, aunque pasen por un proceso antes de ser restituidos se estaría irrespetando a las víctimas de una Policía coludida e infiltrada por el crimen organizado.
De esa forma, opinó la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, quien se pronunció y rechazó la reintegración de al menos dos mil policías depurados en 2016, por supuestos vínculos criminales.
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La reincorporación de los oficiales la anunció el director de la Policía Nacional de Honduras, Gustavo Sánchez, como una de las medidas ante la ola de violencia que se ha disparado en Honduras.
Castellanos se dirigió a través de un escrito a la presidenta Xiomara Castro y su esposo el asesor presidencial, José Manuel Zelaya Rosales, donde mencionó que ella fue víctima de una Policía penetrada por el crimen y ha estudiado el tema de la seguridad ciudadana.
Reconoce que, hasta ahora, el camino para construir la institucionalidad policial ha fracasado. En su carta, recuerda que en 1993 se creó la “Comisión Ad Hoc de Alto Nivel”, luego de la denuncia de un agente policial que vinculó a oficiales de la Dirección Nacional de Investigación (DNI) con actos de tortura y muerte en las cañeras de San Pedro Sula.
Tres años después, el 17 de diciembre de 1996, el expresidente Carlos Roberto Reina Idiáquez (1994-1998), mediante el decreto 229-96 autorizó un proceso de depuración policial y el traspaso de la Policía al poder civil, al mando de una junta interventora integrada por Hernán Corrales Padilla como Presidente, los abogados Jorge Ponce Turcios, Francisco Cardona Argüelles, Germán Leitzelar Vidaurreta, Felipe Elvir Sierra y José Zamora Bados y, además, el ingeniero Alfredo Landaverde.
En ese entonces se quería crear una nueva Policía Nacional, luego que en 1993 se propuso la separación de las funciones de investigación y prevención, para dar paso a la creación de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) bajo un nuevo Ministerio Público. Mientras que, la vieja Policía Preventiva y la nueva DGIC permanecieron supeditadas a autoridades distintas por varios años.
LA CRECIDA DEL CRIMEN
Sin embargo, a finales del siglo veinte surge una escalada de crimen sin precedentes. Ese auge criminal, reveló que, en 2005 durante el gobierno de Ricardo Maduro, se registró una tasa de 37 homicidios por cada 100 mil habitantes (hcmh). Luego, en el 2006, primer año de gobierno de José Manuel Zelaya, se detectó una tasa de homicidios de 46.2 por cada 100 mil habitantes.
Para el 2009, año donde se ejecutó el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), se detectó un crecimiento de 66,8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, la tasa más alta se registró en 2011, de 86.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, donde Honduras empezó a destacarse como el país más violento del mundo. Según Castellanos esa situación empieza a revertirse en 2012.
Para dar una idea de hasta dónde han llegado las acciones criminales, la académica mencionó que el periódico The New York Times, realizó un reportaje el 15 de abril de 2016 titulado “Tres generales y un cártel: violencia policial e impunidad en Honduras”.
En ese reportaje cuentan y detallan, según un informe interno de la Policía, como los generales de alto mando policial Salomón Escoto Salinas, José Francisco Murillo López y José Luis Muñoz Licona, se reunieron para planear, ordenar y ejecutar el asesinato del exdirector de Lucha Contra el Narcotráfico de Honduras, conocido como el “Zar Antidrogas”, Julián Arístides González, la mañana del 8 de diciembre de 2009.
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Asimismo, exponen como se planificó el asesinato que se consumó el 7 de diciembre de 2011, del coordinador de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y experto en temas de seguridad, Alfredo Landaverde, quien meses antes de su asesinato, quien meses antes mencionó que los partidos políticos estaban inmiscuidos en el narcotráfico.
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De esa forma, el escrito conduce que el Congreso Nacional (CN) mediante decreto 21-2016 declaró situación de emergencia por seguridad nacional, ahí es donde autoriza la creación de la Comisión para la Transformación y Depuración de la Policía Nacional.
Esa Comisión, fue integrada por el ministro de Seguridad, Julián Pacheco; el integrante de la sociedad civil, Omar Rivera; la abogada Vilma Morales; el pastor evangélico, Alberto Solórzano, además, posteriormente se integran con el papel de asesores, German Leitzelar, Jorge Machado y Carlos Hernández.
Datos como los mencionados en los párrafos anteriores exponen una franja entre las entrañas de la Policía, respecto a la infiltración y cooptación del crimen dentro de la institución, faltado a su verdadera labor de combatirlo.
La institución policial ha quedado a deber muchísimas explicaciones sobre estas y otras acciones cuestionadas, tomando en cuenta que al menos siete de sus oficiales han sido solicitados en extradición y entregados a la justicia estadounidense por vínculos con el crimen organizado.
Mientras tanto, hay oficiales que permanecen prófugos y, otros, están siendo acusados por lavado de activos y malversación de caudales públicos en Honduras, como el caso de Leonel Sauceda, expolicía de alto rango.
El Ministerio Público acuda al menos a seis oficiales por realizar transacciones financieras por un monto de 3.045 millones de lempiras entre el año 2007 al 2017, los imputados, no han podido justificas dichos movimientos bancarios, además, en ese periodo, gozaban de sueldos mensuales entre los 55 mil y 65 mil lempiras.
Entre tanto, Castellanos señaló que la política de reintegrar policías depurados es la misma política de seguridad del expresidente Zelaya Rosales en 2007, la cual no tuvo resultados positivos, Puesto que, según el Observatorio Nacional de la Violencia de UNAH, en 2005 hubo 2, 417 muertes violentas y en 2009, se 5, 265.
Para poner un ejemplo que la cantidad excesiva de policías podría estar lejos de la solución, expone que en Nicaragua por 1.6 policías por cada mil habitantes tiene una tasa de homicidios de 4.4 por cada 100 mil habitantes, mientras que, Honduras cuenta con 1.3 policías por cada 100 mil habitantes, pero una tasa de homicidios de 42 por cada 100 mil habitantes, Según datos de 2020.
Cabe mencionar que, el expresidente extraditado por cargos de narcotráfico, Juan Orlando Hernández, siempre marcó su apoyo hacia las Fuerza Armadas de Honduras, ente que también es fuertemente cuestionado y no ha sido depurado.
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Sin embargo, durante el mandato de Porfirio Lobo Sosa y de Juan Orlando Hernández, crearon otras dependencias dentro de la institución militar, como ser la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
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En febrero de 2022, el comisionado de la Policía en situación de retiro, Leandro Osorio, anunció que el 85 por ciento de los seis mil policías depurados entre los años 2016 y 2019 lograron su reincorporación. En ese entonces la Comisión evaluó a más de 13, 500 policías.
Los exoficiales ganaron varias demandas al Estado que suman los mil millones de lempiras. Al respecto, Osorio manifestó que el regreso se daría con el cambio de autoridades en el país, porque el procedimiento de depuración fue incorrecto, al irrespetar la presunción de inocencia, no los sometieron a una audiencia de descargo y, de haber delitos, no fueron llevados al Ministerio Público.
Uno de los casos más relevantes de la penetración del crimen en la institución policial, envuelve al exjefe de la Policía, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, quien actualmente enfrenta un proceso de extradición. Estados Unidos lo señala como sicario del Cártel Hernández Alvarado, los cargos que le imputan tres: dos ligados al narcotráfico y uno por uso de armas.
