Tegucigalpa.- El designado y excandidato presidencial, Salvador Nasralla, ordenó a la Unidad Anticorrupción e Impunidad que integra su despacho investigar en un plazo de 60 días delitos de fraude, lesa humanidad y traición a la patria que se cometieron durante las elecciones generales de 2017.
Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio por delitos de narcotráfico, se confirmó que, durante las votaciones de 2013 y 2017, Hernández financió su campaña política con dineros de la narcoactividad y sobornó a autoridades electorales para cometer fraude electoral que le permitió instaurarse en el poder.
Previo a las elecciones presidenciales, los fondos de campaña de Juan Hernández fueron usados para sobornar a políticos y funcionarios electorales, estos fondos provenían de ingresos del narcotráfico con el fin de garantizar que Hernández ganara las elecciones, detalla la acusación.
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Además, expone que varios funcionarios viajaron a municipios y sobornaron a los funcionarios que controlaban los centros de votación para manipular el recuero de votos a favor de Hernández “a cambio, Hernández protegió las actividades del narcotráfico”.
El documento de 20 páginas hace al menos 12 menciones de la palabra elección, de las cuales, 11 son relacionadas a utilizar ganancias del narcotráfico para financiar la campaña política y sobornar a funcionarios.
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) señala que tras las elecciones generales de 2017, que consumó la ilegal reelección de Hernández, fueron asesinados por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad unos 23 civiles, no obstante, registros de Medicina Forense reportan más de 27 muertes en el marco de la crisis política.
Por lo anterior, Nasralla, quien en 2017 era candidato presidencial de la Alianza Nacional Contra la Dictadura, coalición que conformó con el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), ordenó a la Unidad Anticorrupción de su despacho investigar delitos de fraude, asesinatos y traición a la patria.
“El despacho presidencial del señor designado presidencial Salvador Nasralla ha instruido a la Unidad anticorrupción e impunidad para que proceda inmediatamente a realizar investigaciones preliminares sobre los eventos ocurridos antes, durante y después de las elecciones del 2017 para que establezca en un informe si existen méritos comprobables que permitan abrir un proceso de denuncia”, detalla una nota de prensa.
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Para realizar las respectivas investigaciones se nombró a Moisés Ulloa, excandidato a diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), quien tendrá un plazo de 60 días para entregar un informe con indagaciones de posibles delitos como traición a la patria, fraude y lesa humanidad.
“Más de 23 compatriotas asesinados, miles más desplazados, 4 años de un narco y su pandilla gobernando. Esto es por Honduras y haremos justicia”, expresó Ulloa.
A criterio de la exjueza de sentencia Gracia María Bertrand, el único organismo con mandato legal para investigar delitos es el Ministerio Público por lo que cuestiona que “crear comisiones investigadoras de delitos de lesa humanidad o delitos electorales sería una usurpación de funciones”.
Para la abogada “recuperar el Ministerio Público” cooptado por el crimen organizado y la corrupción debe ser una prioridad y de esa manera investigar y judicializar a los involucrados en el fraude.
“Quisiera saber qué experiencia tienen estas personas en recolección de pruebas, secuestro de evidencias, método científico, informes periciales, investigación criminal y debido proceso”, reprochó.
En respuesta, Ulloa explicó que se trata de la elaboración de un informe que determine o no los delitos cometidos y los posibles involucrados que posteriormente se transforme en la denuncia ante la fiscalía con las evidencias recabadas.
Cabe señalar que el Ministerio Público recientemente anunció mantienen investigaciones concernientes al fraude electoral de 2017, en especial, contra la empresa encargada de trasmitir los resultados electorales y los exmagistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE).
