Por: Redacción CRITERIO
Expertos nacionales e internacionales analizará delitos como el terrorismo, desórdenes públicos, criminalidad organizada, corrupción y la criminalización de personas defensoras de derechos humanos.
Tegucigalpa.-Las polémicas reformas penales serán abordadas el miércoles y jueves de la presente semana durante un simposio patrocinado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
“El objetivo del Simposio es contribuir a las reformas con diálogos democráticos y participativos, abogando por medidas favorables, respeto a los derechos humanos en la lucha contra la criminalidad”, señaló este lunes la oficina del Alto Comisionado mediante un comunicado en el que invita al evento a los medios de comunicación.
La convocatoria refiere que durante el espacio se hará un énfasis especial en el proyecto del nuevo código penal, presentado el 25 de agosto de 2015, y en el proyecto de decreto denominado «Ley para el Fortalecimiento y Efectividad para la Política de Seguridad», que se encuentra en discusión en el Congreso Nacional.
El Simposio se llevará a cabo en el auditorio Jesús Aguilar Paz de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el miércoles 15 de febrero de 8:30 de la mañana a 3:50 de la tarde y el jueves 16 de febrero de 8:30 de la mañana a 12:30 meridiano.
Los temas concernientes a derechos humanos serán abordados por expertos nacionales e internacionales, quienes enfatizarán en la protección de la libertad de expresión, asociación pacífica y derechos sexuales y reproductivos. Además, se analizarán delitos como el terrorismo, desórdenes públicos, criminalidad organizada, corrupción y la criminalización de personas defensoras de derechos humanos.
El evento es co-organizado por el Congreso Nacional de Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Las reformas penales, que han sido planteadas por el presidente de la República, Juan Hernández, han generado polémica entre diversos sectores de la sociedad, especialmente en los organismos defensores de los derechos humanos y la oposición política, que consideran que la propuesta del Poder Ejecutivo criminaliza la protesta social.
