Tegucigalpa.- El día de ayer, la Sala I del Tribunal de Sentencia emitió el fallo del primer juicio por el caso de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro. En su sentencia, el Tribunal condenó a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores por el asesinato de la defensora.
Además, el Tribunal condenó a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro y absolvió de toda responsabilidad a Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen.
Durante su fallo, el Tribunal de Sentencia afirmó que el asesinato de la lideresa indígena y defensora de derechos humanos fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con el fin de acabar con la oposición de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Como representes de la familia de Berta Cáceres y el COPINH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocemos la relevancia de esta sentencia y en particular celebramos que el Tribunal haya comprobado la participación de directivos de DESA en la planificación y financiamiento del asesinato de Berta Cáceres Flores. Es preciso recordar que los hallazgos del Tribunal son consistentes con las conclusiones a las que llegó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) en noviembre del 2017.
Sin embargo, denunciamos que esta sentencia no implica que se haya alcanzado justicia integral. Esto es así porque el proceso estuvo marcado por serias irregularidades que revictimizaron a la familia de Berta Cáceres y al COPINH, entre estas destaca la falta de acceso a la información, la exclusión arbitraria de las víctimas y la falta de publicidad del proceso.
Por otra parte, es preocupante que el Ministerio Público no haya realizado acciones para identificar a otros autores intelectuales pese a existir prueba que les vincula y que el propio Tribunal señala en su sentencia. En tal sentido, seguirá existiendo impunidad hasta tanto no se avance en la identificación, juzgamiento y sanción de todas las personas que están involucradas en los hechos.
“La decisión judicial debe ser un llamado de atención para las autoridades hondureñas y para el sector empresarial en este país, esta sentencia debe hacerles entender que no es posible avanzar con proyectos extractivistas sacrificando los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afectadas. El desarrollo solo será posible si se construye tomando en cuenta la cosmovisión de estos pueblos, si se respeta su dignidad y su derecho a la igualdad y no discriminación”, señaló Marcia Aguiluz Soto, directora del programa para Centroamérica y México.
Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México
Por otra parte, ante la decisión jurisdiccional que da cuenta de la participación de directivos de la empresa DESA, exigimos que Honduras inicie, de manera inmediata, el proceso para revocar la concesión otorgada a esta empresa sobre el río Gualcarque. Además, consideramos urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño que se les ha causado, en particular, que se reconozca el rol importante que han jugado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas.
Las condenas dictadas el día de ayer representan un avance en la exigencia de justicia que ha liderado la familia de la lideresa social, el COPINH y el pueblo lenca. Ellos y ellas son un ejemplo incansable de lucha, dignidad y amor por su país. Desde CEJIL seguiremos acompañándoles hasta que se alcance verdadera justicia para Berta.
Tengo algunos años de experiencia y me encanta practicar el periodismo incómodo que toque los tinglados del poder, buscando cambios en la forma de gobernar y procurar el combate a la corrupción, develando lo que el poder siempre quiere ocultar.
