Tegucigalpa.- Diversos analistas revalidan que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, creó una estructura de poder criminal que penetró las instituciones estatales y aún se conserva dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público.
JOH como popularmente se le nombra al exgobernante, fue capturado luego que la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa solicitara su extradición debido a acusaciones en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y posesión de armas.
Hernández finalizó su mandato presidencial el pasado 27 de enero mismo día que se presentaron cargos en Estados Unidos mientras se refugiaba como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El 15 de febrero, fue capturado y un día después presentando ante el magistrado Edwin Ortez Cruz, designado por el Poder Judicial para conocer la causa de extradición contra el exgobernante hondureño, quien ingresó a la sede de la Corte sin grilletes, sonriendo y recibido entre aplausos de empleados y jueces mientras en las afueras una grupo de simpatizantes al conservador Partido Nacional le expresaban su apoyo.
La acusación presentada por la embajada estadounidense señala que, en 2013, Hernández comenzó su campaña política para llegar a la presidencia de Honduras aceptando sobornos un millón de dólares por parte del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”, además de recibir coimas de narcotraficantes hondureños que le permitió sobornar a políticos y funcionarios electorales manipulando el recuento de votos.
“A cambio de este fraude electoral, Hernández protegió y apoyó las actividades de narcotráfico de Ardón Soriano”, detalla el documento.
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Misma situación aconteció en las elecciones de 2017, recibiendo millonarias sumas de dinero por parte de narcotraficantes que le permitió sobornar a otros políticos y miembros electorales para apoyarlo en su reelección: “Hernández fue entonces reelegido como presidente de Honduras”.
Lo anterior, solo es parte de las acciones de la estructura criminal que fue erigiendo Hernández.
En febrero de 2016, el Congreso Nacional necesitó 17 días del proceso para la elección de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia conformado en su mayoría por afines al Partido Nacional siendo ungido como presidente del Poder Judicial a Rolando Argueta quien desde antes de su nombramiento ha sido un amigo cercano de Hernández.
Asimismo, fue reelecto ilegalmente y sin cumplir los requisitos de ley el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, que pasó a ser el único magistrado que no fue destituido por el Congreso Nacional dirigido por Hernández en el periodo 2010-2014.
En 2013, se le nombra como titular del Ministerio Público debido a que el entonces fiscal general Luis Rubí renunció a su cargo por señalamientos de corrupción, sin embargo, Chinchilla ocupó el cargo hasta 2018 siendo reelecto hasta 2023.
Según varios analistas, la institucionalidad que debe aplicar la justicia en Honduras fue penetrada por la estructura criminal de Hernández estableciendo en los principales puestos a sus aliados y allegados por lo que instan al Congreso Nacional desmontar la mafia que aún se mantiene.
“Honduras se convirtió en un narco Estado. Qué le pasó al fiscal que en ningún momento presentó ninguna acusación contra JOH, dónde estaba la Corte que en los días últimos días ha jugado un papel deplorable. La Corte es conocida como la Corte de Juan Orlando Hernández”, manifestó la abogada y congresista, Fátima Mena.
Añadió que, durante los 12 años de gobierno del Partido Nacional en los que figura como artífice Hernández, el grupo que lo acompañó se instauró por encima de la ley utilizando la Corte, al fiscal y las fuerzas de seguridad pública para cometer actos delictivos como “una estructura que solo responde a los intereses de Juan Orlando Hernández”.
Misma valoración tiene el abogado Raúl Paniagua quien expresa que la institucionalidad de Honduras respondió a los intereses de Hernández, pero con la derrota en las elecciones generales de 2021 y la instauración del gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro, se ha debilitado su estructura criminal.
“JOH Sembró odio, rencor, muerte, quebrantamiento del Estado de Derecho, socavó la democracia y puso la institucionalidad al servicio de la corrupción y del narcotráfico. El narco Estado, construido por Juan Orlando Hernández y toda su mafia corrupta, poco a poco se va debilitando, solo faltaría que el delincuente de la Corte Suprema de Justicia y el del Ministerio Público, caigan”.
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LA DESTITUCIÓN DE LOS MAGISTRADOS Y DEL “FISCAL CINCO ESTRELLAS”
A criterio de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, llegó el tiempo para un cambio en Honduras reiterando que “cambiamos la Corte o cambiamos de país” al considerarlos “sus cómplices”.
Cabe señalar que el organismo anticorrupción de sociedad civil presentó una serie de investigaciones en los Estados Unidos en las que reveló la estructura criminal y de corrupción que encabezó Hernández y que enlaza a varios de sus funcionarios y congresistas nacionalistas.
Por su parte, el titular del Centro de Estudios para la Democracia en Honduras (Cespad), Gustavo Iría, asegura que el gran desafío ahora será ·desmontar el modelo autoritario, los pactos de impunidad y la corrupción” que generó la administración de Hernández.
En tanto, el abogado y defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía señala que la captura contra JOH “es suficiente para demostrar la incompetencia y complicidad del «Fiscal 5 Estrellas», Óscar Chinchilla, y exigir su renuncia inmediata o un juicio político”.
Cabe indicar que para ejecutar un juicio político se requiere de 95 votos de los 128 diputados que conforman el Poder Legislativo; pese que el Partido Nacional perdió las elecciones, logró obtener 44 congresistas la mayoría afines a Hernández, Chinchilla y Argueta.
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