Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- La posibilidad de someter a juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general de Honduras se robustece con el informe que presentará la Comisión Especial de Extradición del Congreso Nacional, sin embargo, la posición del conservador Partido Nacional podría ser determinante.
La congresista del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, detalló que el informe contentivo de las investigaciones realizadas a los operadores de justicia está listo para ser presentado al pleno del Poder Legislativo en el que se considera oportuno aplicar juicio político contra Rolando Argueta, presidente de la CSJ y al fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla.
Ayala expuso que el informe contiene recomendaciones entre las cuales se contempla juicio político por presuntos actos de incapacidad y complicidad por parte de los operadores de justicia para investigar y enjuiciar a criminales vinculados en corrupción y crimen organizado.
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LOS INTENTOS FALLIDOS
En febrero de 2021, Luis Redondo, quien era diputado del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), solicitó ante el Congreso Nacional, que presidía Mauricio Oliva del conservador Partido Nacional, someter a juicio político al entonces presidente Juan Orlando Hernández por violar la Constitución y cometer delitos de lesa humanidad.
Los motivos contra Hernández fue consumar la ilegal reelección en las votaciones de 2017, asesinar más de 23 civiles durante las protestas tras el fraude electoral, tener señalamientos de corrupción y narcotráfico.
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Sin embargo, la petición apenas logró el respaldo de 67 congresistas cuando la normativa estipula que para someter a juicio político a un presidente se requieren las ¾ partes de los diputados, es decir, 96 votos de 128 diputados.
Tras concluir su segundo mandato, Hernández fue acusado en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por conspirar para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, por lo que fue extraditado hacia Estados Unidos.
JUICIO CONTRA ARGUETA Y CHINCHILLA, ALIADOS DE JOH
Pese a las acusaciones contra JOH, como popularmente se le conoce a Hernández, en Honduras nunca tuvo una investigación en su contra, por el contrario, Argueta y Chinchilla se convirtieron en sus aliados.
Según declaraciones del fiscal estadounidense, Kevin Castel, durante el juicio contra Juan Antonio Hernández, alias “Tony”, condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión, JOH convirtió a la nación centroamericana en un narcoestado en complicidad con operadores de justicia.
De igual manera, en el juicio contra el narcotraficante hondureño, Geovanny Fuentes Ramírez, se reveló que JOH le dijo a Ramírez que Chinchilla fue puesto en el cargo como fiscal con el objetivo de otorgarles protección.
Las acusaciones contra Hernández y las implicaciones de los operadores de justicia avivaron las exigencias de un juicio político, sin embargo, hasta el momento, ningún congresista ha presentado la petición formal al hemiciclo.
“El sistema de justicia es casi inexistente es por eso el sentir de muchos años por parte de la ciudadanía y la clase política… para poder proceder a juicio político, basta que un diputado o diputada presente ante el pleno una denuncia en contra de un funcionario para pedir que sea removido de su cargo”, manifestó la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena.
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LOS REQUISITOS PARA UN JUICIO POLÍTICO
Si bien la Ley de Juicio Político establece que se requieren 96 votos de los 128 diputados para iniciar un juicio político contra un presidente, en el caso de los magistrados de la Corte, el Fiscal General u otros funcionarios solo son necesarios 86, según el artículo 7 de la normativa.
Las causas que permiten un juicio son por denuncia grave en el desempeño de su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución de la República o intereses nacionales y negligencia, incapacidad o incompetencia para desempeñar el cargo.
“Siendo que se necesitan 86 votos para aprobar un juicio político al presidente de la CSJ y al fiscal general, ahí vamos a demostrar de qué estamos hechos en el pleno del Congreso y quiénes queremos reconstruir el Estado de Derechos”, considera la diputada del PSH, Maribel Espinoza.
LA NECESIDAD DE LOS VOTOS FRENTE A LA POSTURA DEL CONSERVADOR PARTIDO NACIONAL
Aunque se ha conseguido el respaldo de los diputados del conservador Partido Nacional para derogar leyes que estos mismos aprobaron en contra de los intereses de la nación y que promovieron la corrupción e impunidad, la postura de un juicio político contra Argueta y Chinchilla es en contra.
“Lo digo de ante mano, de mi parte y varios compañeros de la bancada no estamos para acompañar estas decisiones”, afirmó el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
Según el diputado Carlos Ledezma, la promoción de un juicio contra el fiscal y el presidente de la Corte no es más que “cortinas de humo para desviar los grandes errores que se cometen”.
Sin embargo, el congresista Eder Mejía arguyó que esperarán el informe y la opinión de la Comisión Especial del Congreso “para tomar la determinación de apoyar o no el juicio político”.
Ante la interrogante si se necesitan los votos de los diputados nacionalistas la respuesta es afirmativa debido a la conformación de las fuerzas políticas dentro del Poder Legislativo.
El Partido Libre y el PSH que impulsan la iniciativa alcanzan 60 votos, con el Partido Liberal lograrían 23 más el voto de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido Anti-Corrupción (PAC) suman 85 por lo cual se vuelve necesario el voto de al menos un diputado nacionalista.
UNA OPORTUNIDAD
A criterio del exsacerdote, Roberto Paiz, el Partido Nacional tendrá una oportunidad por resarcir el daño causado a la nación durante los últimos doce años que estuvieron en el poder y responder a favor del clamor de un pueblo sediento de justicia.
“El Partido Nacional tiene toda la oportunidad del mundo para poder hacer cosas buenas para Honduras. Antes hicieron todo lo contrario, se coludieron con el crimen organizado o tal vez son parte de este, solo ustedes lo saben. El pueblo pide juicio político, ¿Se unirá o no?”, expresó.
Para el reconocido abogado y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, al final el Partido Nacional se verá obligado a votar por la iniciativa, de lo contrario, sería socavar las pretensiones de rescatar un partido que apunta a resquebrajarse al igual que el Partido Liberal.
“Están intentando desmarcarse de sus compañeros que jugaron un papel nefasto. El Partido Nacional con todo el rechazo que ha generado tiene la claridad que, si sigue votando en contra de los intereses de la sociedad, esto será otro impacto”.
Cabe indicar que, hasta el momento, los diputados nacionalistas han acuerpado las leyes aprobadas y derogadas en el Congreso, las que incluyen mayoría de 86 votos como la derogación de la Ley de Secretos y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
