Los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional asistieron este miércoles a una reunión convocada por Wagner Vallecillo, quien ostenta la presidencia de la sala desde su nombramiento por parte de la titular del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando. La decisión de Obando generó descontento entre los integrantes de la sala, lo que desembocó en una parálisis de sus actividades que podría haber culminado hoy con la asistencia de todos a la convocatoria
Tegucigalpa, Honduras.- La mañana de este miércoles, 10 de abril, se llevó a cabo una reunión entre los cinco magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), convocada por el abogado Wagner Vallecillo. Este encuentro podría indicar que, tras más de un mes de suspensión de actividades por intereses político-partidistas, los togados lograron acuerdos para reanudar las labores.
Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, aclaró que la reunión de la Sala de lo Constitucional no tenía como objetivo discutir la presidencia de la sala, sino avanzar en la revisión y resolución de los expedientes que se han acumulado durante la suspensión de las actividades desde mediados de febrero.
“Lo importante de esta reunión es que asistieron los cinco magistrados. Independientemente de si se haya tocado o no el punto del reconocimiento de la presidencia, la sala se reunió únicamente para evacuar expedientes”, explicó Duarte, tras culminar la reunión en el Poder Judicial con los magistrados, que se prolongó por poco más de una hora.
Sin embargo, pese a que todos respondieron a la convocatoria que hizo Vallecillo en calidad de presidente de la sala, la controversia sobre en quién recae la titularidad continúa; tres de los cinco magistrados no reconocen su nombramiento y exigen que se resuelva la situación a través de un pleno de la Corte Suprema de Justicia.
“El único acuerdo que hay entre los magistrados de la sala es que queremos salir de la mora que tenemos; por eso nos reunimos hoy. El tema de la presidencia se tocará con el pleno (15 magistrados), y estamos a la espera de que la presidenta nos convoque para presentarnos”, mencionó la magistrada Isbela Bustillo, de afinidad nacionalista.
El conflicto que ha mantenido empantanada la Sala de lo Constitucional se originó por la rotación de la presidencia que hizo la presidenta de la Corte Rebeca Ráquel Obando, luego de una reforma realizada en 2023 al reglamento interior, mediante la cual impuso a Wagner Vallecillo, que en primera instancia no habría reconocido su nominación. Este cargo fue alegado por Fernando Padilla de afiliación nacionalista, quien argumenta el orden de precedencia que legalmente no corresponde en este caso porque la elección en el Congreso Nacional se efectuó mediante una votación de una nómina y no por voto individual.
El conflicto es producto de un vacío legal, que a juicio del abogado constitucionalista Joaquín Mejía pone nuevamente en evidencia que los intereses de los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional responden a las cuotas políticas por las que fueron impuestos, no a ser servidores del pueblo hondureño.
“A mí me parece simplemente vergonzoso que esté paralizada la Sala de lo Constitucional y que a final de cuentas todo sea por una posición político partidista y no por los intereses de la sociedad. Estos 15 magistrados generaron la crisis cuando en febrero del año pasado reformaron al artículo 16 de su propio reglamento, generaron una crisis que se podía resolver de varias maneras. Uno de ellas es resolverlo como lo hizo la presidenta de la Corte que es criticable, pero valida”, opinó Mejía en pláticas con Criterio.hn.
Mejía recordó que la Sala de lo Constitucional no es un órgano político, sino un órgano técnico-jurídico. Su función principal es interpretar la Constitución y garantizar su cumplimiento. Los magistrados que la integran deben actuar con imparcialidad y basar sus decisiones en los principios jurídicos, no en intereses políticos. “No deben aparentar; deben actuar con independencia y no utilizar criterios políticos”, opinó.
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CONFLICTO DE INTERESES POLITICOS PRIMA EN LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
Con la paralización que atravesó la Sala de lo Constitucional, luego de que la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, impusiera al magistrado Wagner Vallecillo como titular, se refrendó la precaria realidad que enfrenta el sistema judicial hondureño.
El actuar de los magistrados pone en evidencia que, aunque juraron velar por la justicia hondureña, continúan respondiendo a los intereses corruptos de la élite política y económica. Esta clase privilegiada es representada en el Congreso Nacional por el tripartidismo (Partido Libertad y Refundación, Liberal y Nacional), quienes se repartieron las cuotas de poder en el Ministerio Público y, de igual manera, en el Poder Judicial.
Sin embargo, aunque lograron llegar a acuerdos para repartirse los altos cargos en el engranaje judicial, la lucha de intereses continúa entre los abogados electos. Una muestra evidente de ello es la parálisis que enfrentó la Sala de lo Constitucional por más de un mes, similar a lo que se vivió en 2023 en el Congreso Nacional, que los diputados no sesionaron durante varios meses porque no lograban consensos para elegir a las autoridades del Ministerio Público.
La Sala de lo Constitucional no sólo se encarga de revisar la constitucionalidad de las leyes, sino que también desempeña un papel crucial en el ámbito electoral al otorgar amparos en casos de impugnaciones en todas las instancias de elección popular. Según señala el analista político Lester Ramírez, este control es significativo ya que la sala puede ejercer la celeridad que considera apropiada y tomar decisiones que influyan en los políticos.
«El control de esta sala es importante porque, obviamente, le aplican la velocidad que ellos quieren y toman las decisiones que quieren los políticos. Tenemos los antecedentes de ‘JOH’ (Juan Orlando Hernández, expresidente narcotraficante de Honduras) que removió algunos integrantes de esa sala por no respaldar sus decisiones», valoró Ramírez en pláticas con Criterio.hn.
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CONSECUENCIAS DEL ABUSO DE AUTORIDAD
Lo expuesto por Ramírez tiene sentido. El 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional, en ese entonces dirigido por Hernández, destituyó a cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala de lo Constitucional. Por ese hecho, el uno de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó al Estado de Honduras.
La abrupta destitución de los cuatro abogados fue porque declararon inconstitucional la Ley de Depuración Policial y Ley de Regiones Especiales de Desarrollo, ahora conocidas como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), algo que no gustó al oficialismo de ese entonces, manipulado desde el Ejecutivo por Porfirio “Pepe” Lobo y desde el Legislativo por Juan Orlando Hernández.
Por la condena de la Corte-IDH Honduras está obligada a desembolsar una suma que supera los USD 2 millones (equivalente a L 51,046,800.00), que serán distribuidos entre los cuatro exmagistrados. Este dinero sería una compensación por la imposibilidad de retomar sus funciones, cubrir daños materiales e inmateriales, entre otros.
