El contrato adjudicado tiene un valor total de 57,914,411.41 lempiras, según los documentos oficiales del CNE, a la empresa Unión Latin Cargo S.A., para el traslado del material electoral a los centros de votación a nivel nacional
Tegucigalpa, Honduras. – Tras varias semanas de retraso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó el contrato para el servicio de transporte del material electoral que será utilizado en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. La adjudicación recayó en la empresa Compañía Aduanera y Naviera Unión Latin Cargo S.A., única oferente en el proceso.
La decisión fue publicada en la web de la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE) bajo la Certificación No. 2416-2025-2025, emitida el 3 de noviembre de 2025, del proceso CNE-PEG-UCCE-026-2025.
Sin embargo, el mismo día en que se formalizó la adjudicación, la empresa anunció públicamente su retiro del proceso, dejando en incertidumbre uno de los servicios logísticos más críticos del proceso electoral, el traslado y retorno del material electoral a los centros de votación.
En un comunicado, Unión Latin Cargo S.A. explicó que su decisión responde a “una evaluación de las condiciones actuales del entorno nacional, las cuales no garantizan seguridad”.
La empresa señaló que no existen las condiciones adecuadas ni los tiempos suficientes para ejecutar el contrato con eficiencia y resguardar al personal y la flota que serían asignados al servicio.
El escueto documento, dirigido al CNE y a la UCCE, indicó que “ante la creciente incertidumbre política y la falta de garantías efectivas para proteger al personal, la flota y los bienes involucrados, la empresa considera prudente abstenerse de continuar participando en este proceso”.
El retiro repentino generó preocupación dentro del órgano electoral, que enfrenta ya un calendario ajustado para cumplir con la distribución de las maletas electorales, kits tecnológicos y demás materiales esenciales para la jornada del 30 de noviembre.
El contrato adjudicado tiene un valor total de 57,914,411.41 lempiras, según los documentos oficiales del CNE. No obstante, no se ha confirmado la firma del contrato, lo que pone en riesgo el servicio de transporte electoral.
UNION LATIN CARGO CONDICIONA CONTRATACIÓN
Medios de comunicación nacionales reportaron que Unión Latin Cargo S.A. estaría solicitando nuevas condiciones para reconsiderar su participación en el proceso.
Entre las solicitudes figuran que el contrato se firme exclusivamente con el CNE —y no con ninguna dependencia intermedia—, para garantizar un trato directo con el órgano electoral. Medios de comunicación nacionales reportaron que Unión Latin Cargo S.A. estaría solicitando nuevas condiciones para reconsiderar su participación en el proceso.
Entre las solicitudes figuran que el contrato se firme exclusivamente con el CNE —y no con ninguna dependencia intermedia—, para garantizar un trato directo con el órgano electoral.
La compañía justificó esta petición en la necesidad de proteger su reputación empresarial, luego de los cuestionamientos surgidos durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, cuando enfrentó críticas por retrasos y presuntas irregularidades logísticas.
Además, la empresa pidió el acompañamiento y veeduría de organizaciones de la sociedad civil, como el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), las cámaras de comercio, la Asociación de Notarios y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
El objetivo, según el comunicado, es asegurar “transparencia y legitimidad” en un proceso que ha estado marcado por tensiones políticas y desconfianza pública hacia el manejo logístico de los comicios.
La compañía justificó esta petición en la necesidad de proteger su reputación empresarial, luego de los cuestionamientos surgidos durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, cuando enfrentó críticas por retrasos y presuntas irregularidades logísticas.
Además, la empresa pidió el acompañamiento y veeduría de organizaciones de la sociedad civil, como el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), las cámaras de comercio, la Asociación de Notarios y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
El objetivo, según el comunicado, es asegurar “transparencia y legitimidad” en un proceso que ha estado marcado por tensiones políticas y desconfianza pública hacia el manejo logístico de los comicios.
RETRASOS Y SÓLO UNA OFERTA, MARCARON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE
De acuerdo con el cronograma electoral, el proceso de contratación para el transporte pesado del material electoral fue publicado el 30 de septiembre y debió adjudicarse el 15 de octubre de 2025, mientras que la firma estaba prevista para el 4 de noviembre.
La demora de casi tres semanas ha complicado la planificación operativa del órgano electoral, que debe distribuir miles de maletas electorales a nivel nacional con suficiente antelación, para evitar se repita lo ocurrido durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, donde varios centros de votación en el Distrito Central, Francisco Morazán y San Pedro Sula, Cortés recibieron el material electoral en horas de la noche.
Durante el proceso, solo se recibió una oferta, precisamente la de Unión Latin Cargo S.A., lo que levantó cuestionamientos en torno a la falta de competencia y transparencia en la licitación.
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PERFIL DE LA EMPRESA ADJUDICADA
Criterio.hn realizó una búsqueda en los registros mercantiles para conocer antecedentes de la empresa que se encargará de proveer el servicio de transporte del material electoral a los centros de votación en todo el país, y encontró que la Compañía Aduanera y Naviera Unión Latin Cargo S.A. fue constituida el 20 de noviembre de 2014.
No es la primera vez que Unión Latin Cargo, participa en procesos de contratación con instituciones públicas. Recientemente presentó su oferta para el servicio de transporte del material electoral para las elecciones primarias del 9 de marzo.
Según datos del Portal de Contrataciones Públicas de Honduras, esta compañía obtuvo varios contratos con la Secretaría de Salud para el desaduanaje de reactivos, insumos y medicamentos.
Entre sus accionistas figuran María Lourdez Lagoz Rodríguez, quien además representa legalmente a sus hijos Jim Haerly, Sharon Marianne, Phil Johans y Jayson Robbin todos de apellido Ávila Lagoz.
La empresa se dedica a la correduría aduanera, transporte de carga aérea, marítima y terrestre, así como a servicios logísticos vinculados con la importación y exportación de mercancías.
El 24 de octubre de 2016, se otorgó a María Lourdez Lagoz Rodríguez poder general de administración, permitiéndole realizar gestiones administrativas y gubernamentales en nombre de la compañía.
Una revisión de documentos del registro mercantil del estado de Florida, Estados Unidos revela que el 9 de agosto de 2020 se creó una filial denominada Union Latin Cargo LLC, con los mismos socios que la empresa hondureña.
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La situación deja al CNE en una posición complicada, ya que el tiempo para garantizar el transporte electoral se agota y el país se encuentra a menos de 26 días para la realización de los comicios generales.
Mientras tanto, los partidos políticos y organizaciones de sociedad civil han pedido al CNE que garantice la transparencia y la seguridad del proceso de contratación, ante el temor de que la falta de un proveedor confiable afecte el desarrollo normal de las elecciones del 30 de noviembre.
