Tegucigalpa.- A más de ocho meses de que la Sala de lo Constitucional anuló el proceso judicial contra los ocho defensores de Guapinol, quienes permanecieron detenidos de forma arbitraria por 914 días, aún falta se les entreguen las cartas definitivas de libertad y se les reparen los daños ocasionados.
Así lo expusieron los abogados del Bufete Justicia Para los Pueblos, Kenia Oliva y Edy Tábora, durante su participación en el lanzamiento del cómic y cortometraje “Prisioneros por el agua”, realizado por Criterio.hn durante la XII edición del Foro Centroamericano de Donantes (CADF, por sus siglas en inglés).
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Tábora expusó que si bien Arnold Alemán, Daniel Márquez, Ewer Cedillo, Jeremías Martínez, José Avelino Cedillo, Kelvin Romero, Orbin Hernández y Porfirio Sorto fueron liberados, los efectos profundos de más de dos años de cárcel están presente en sus vidas en sus familias, y en sus comunidades.
El abogado señaló que pareciera que los defensores de Guapinol salieron libres y las cosas quedarán en suspenso sin que se resuelva nada. Por ejemplo, las reparaciones por 914 días de prisión preventiva sin que existieran pruebas en su contra, o que se revisen las concesiones y las licencias ambientales que permitieron la instalación de la minera Inversiones Los Pinares en el “Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras”.
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POLICÍA, MINISTERIO PÚBLICO Y EMPRESAS DEBEN RENDIR CUENTAS
“Los compañeros merecen una reparación integral”, dijo el abogado. Señaló que es el momento para que las autoridades que permitieron que el proceso procediera sin pruebas, rindan cuentas. “Comenzando con aquel policía junto con los guardias de seguridad que investigaron y vigilaron durante siete meses al Comité Municipal de Bienes Comunes de Tocoa, Colón”, narró.
También deben rendir cuentas los fiscales que participaron en el proceso y los socios nacionales y estadounidenses de las empresas involucradas, que formaron parte y habían entregado cientos de millones de dólares para afectar a las comunidades que defendían su territorio de la industria extractiva, planteó Tábora.
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La profesional del derecho, Kenia Oliva, apuntó que si bien fueron ocho los defensores que permanecieron encarcelados por 914 días, el Ministerio Público realizó requerimientos fiscales contra un total de 33 habitantes de las comunidades cuyas fuentes de agua fueron contaminadas por la instalación del megaproyecto minero.
La abogada Oliva señaló que fue una lucha desigual en la que hubo confabulación entre el Ministerio Público -que actuó como acusador privado de Inversiones los Pinares- y los jueces del Poder Judicial.
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“Fue evidente, no habían pruebas que los implicaran en los delitos por los cuales estaban siendo judicializados en ese momento”, relató Oliva. Continuó, manifestando que fue palpable para quienes siguieron el proceso, las violaciones al debido proceso que existieron, entre ellas resolver un recurso de amparo dos años después.
HONDURAS DEBE MODIFICAR Y DEROGAR LEYES QUE FACILITAN CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES
El abogado Tábora remarcó la importancia de que el Estado de Honduras modifique y derogue todas las leyes que facilitan la criminalización, entre las que incluye el nuevo Código Penal y el decreto 130-2017.
“Los compañeros estuvieron 30 meses privados de libertad, durante 30 meses estuvimos luchando contra un Poder Judicial, contra un Ministerio Público que se pone al servicio de las empresas para facilitar la imposición de estos proyectos extractivos”, compartió el abogado.
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El abogado del Bufete Justicia para los Pueblos compartió que la voz de alerta y la criminalización continúa.
El pasado 28 de octubre se cumplió el cuarto aniversario en que 1500 militares y policías fueron enviados a desalojar a 600 personas que permanecían en el “Campamento por el Agua en Defensa del Río Guapinol”, y las y los pobladores de las comunidades continúan resistiendo las violencias, las vigilancias y que el Estado se arrodille y se pone al servicio de las empresas extractivas, expresó el abogado.
