Contrario a la pretensión de elevar a la CICIH a un rango constitucional, analistas jurídicos aseguran que ello solo retrasaría su llegada al país

Tegucigalpa, Honduras.- Uno de los principales retos del Gobierno hondureño en 2023 implicará establecer los cimientos necesarios que, en los próximos meses, den paso a la firma del convenio de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

El pasado 15 de diciembre de 2022, el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas suscribieron el memorando de entendimiento de la CICIH, un documento que, aunque no es vinculante, establece dos fases previas a la eventual llegada del mecanismo anticorrupción al país.

Entre otros puntos, la primera fase indica que se deberán efectuar una serie de reformas constitucionales a lo interno del Congreso Nacional. De hecho, el oficialismo representado en el Legislativo, a través de la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Zelaya, ha pretendido reformar el artículo 232 de la Constitución de la República, buscando eliminar el monopolio de la acción penal que actualmente ostenta el Ministerio Público, algo que podría demorar la instalación del ente anticorrupción.

Esta propuesta ha recibido todo el respaldo de los representantes del Ejecutivo involucrados en el tema de la CICIH, especialmente del canciller Enrique Reina, y de Edmundo Orellana, secretario de Transparencia, quienes han trabajado de cerca con la ONU en las negociaciones previas a la firma del memorando de entendimiento.

OPOSICIÓN A LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Sin embargo, desde la sociedad civil, se ha asegurado que una reforma constitucional no es necesaria, sobre todo porque la CICIH sería un ente transitorio y porque, además, ello requería de una ratificación legislativa y una aprobación de al menos 86 diputados en el Congreso, situación compleja tomándose en cuenta la falta de consensos entre las bancadas oficialista y opositoras.  

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Además, diversos juristas han expresado que no es necesario otorgarle a la CICIH un rango constitucional, ni reformar la Constitución misma, para propiciar que el mecanismo anticorrupción actúe de manera independiente y autónoma.

“Sería contraproducente porque la CICIH viene a realizar una labor con temporalidad, no es una institución que va a permanecer como parte de la estructura orgánica del Estado hondureño. El convenio de la CICIH estaría por encima de las leyes, no de la Constitución, y en tanto no veo necesaria la reforma constitucional, porque ello solo empantanaría el proceso y evitaría que ejercite una función contralora y persecutora”, argumentó el analista jurídico y exdiputado del Partido Nacional, Raúl Pineda Alvarado, en conversación con Criterio.hn.

Desde distintas organizaciones de sociedad civil, como el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), se ha recomendado que únicamente se efectúe una reforma al Código Procesal Penal, para lo cual se requeriría, mínimamente, 65 votos de las diputadas y los diputados del Congreso Nacional.

“No es necesaria la reforma constitucional para la instalación y correcto funcionamiento de la CICIH. Si queremos un ente con capacidad de acusar e investigar, el camino es la reforma al Código Procesal Penal, que pueda habilitar o ajustar la figura del acusador privado, y asemejarla a un equivalente al querellante adhesivo que se utilizó en Guatemala. Lo ideal sería que la CICIH investigue y acuse, y por esa vía puede lograrse”, explicó, a este medio digital, el director del Cespad, Gustavo Irías.

Los analistas consultados por Criterio.hn coincidieron en que los tres poderes del Estado tendrán un papel trascendental durante 2023. Por un lado, el Ejecutivo coordinará con la ONU los trabajos previos a la instalación de la CICIH, y, por el lado del Congreso, se generarán las ratificaciones de los convenios entre el Gobierno y el organismo internacional, y además se elegirá a una nueva Corte Suprema de Justicia y a un nuevo fiscal general.

“Son tres hechos que probablemente no se volverán a ver durante varios años y, por lo tanto, una gran oportunidad la que tiene Honduras para emprender una verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad”, señaló Raúl Pineda Alvarado.

PANORAMA DE LA CICIH

Tras varios meses de constantes negociaciones, el 15 de diciembre de 2022, el Gobierno y la ONU suscribieron finalmente el memorando de entendimiento de instalación de la CICIH, el cual contempla dos fases previas a la llegada del mecanismo anticorrupción al país.

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En la primera, la ONU enviará a Honduras un equipo de expertos que realizará un diagnóstico de los instrumentos, las instituciones y las capacidades nacionales existentes, en materia de combate a la corrupción y la impunidad. Acá será determinante la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que actuará entre 2023 y 2030, y cuyos magistrados derivarán de una votación que ejercerá el Congreso Nacional el 25 de enero de 2023.

De igual modo, este equipo de expertos apoyará y asistirá técnicamente con relación a las reformas legales que se consideren necesarias, entre ellas la derogación del decreto 116-2019, la reforma al Código Penal y las figuras de lavado de activos y fideicomisos, y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz; además, realizará un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema de operación de justicia.

La segunda fase, si se llegara a superar la primera, se generaría con la suscripción y ratificación de un convenio entre el Gobierno y las Naciones Unidas, que daría vida a la comisión anticorrupción, mismo que deberá ser renovado periódicamente. Durante esta etapa será crucial la voluntad política que demuestren el Ejecutivo y el Legislativo.