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Red Jesuita con Migrantes pide humanizar la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica

Alianza del Triángulo Norte

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Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica mediante un pronunciamiento emitido este miércoles señala que es necesario humanizar la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica que se desarrollará en Miami, Florida, Estados Unidos el 15 y 16 de junio

Entre estos señalamientos pide a los gobiernos que participarán en este espacio,  que adopten un enfoque integral,  más allá de los temas económicos  y de seguridad.

Como red de instituciones y obras Jesuitas en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá que acompaña la población migrante, desplazada y refugiada, investiga las causas y los efectos que originan las migraciones y promueve políticas a favor de los derechos humanos de estas personas, expresamos hoy nuestras profundas preocupaciones por la conferencia que convocan los gobiernos de Estados Unidos y México, y en la que participarán gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Una Conferencia que busca tratar la prosperidad desde un encuadre exclusivamente económico, a partir de los compromisos del sector privado, y abordar la seguridad desde un enfoque de seguridización que ignora los derechos humanos y promueve la militarización de las fronteras.   

Más diálogo, menos represión, más inversión social…

Valoramos que el sector privado quiera sumarse a las grandes problemáticas que enfrentan nuestros países, no obstante, en esta discusión deberían estar representados otros sectores de la sociedad civil.  Nos inquieta que el enfoque de este Congreso esté centrado en una mirada que no responde a los problemas estructurales que afectan los países del Norte de Centroamérica.  Estas políticas económicas y de seguridad, en vez de aportar a su desarrollo y a la disminución de la migración forzada a causa de la pobreza y la violencia, contribuye a la implementación de políticas de represión y militarización, bajo un supuesto principio de seguridad.  Sostenemos que apoyar acciones de carácter represivo o militar no son una solución al fenómeno de la migración, y peor aún, invertir en las fuerzas de seguridad del Estado de nuestros países con sus deficiencias y corrupción puede incluso resultar en riesgos y peligros para la población.  Por tanto, en vez de responder a las raíces de las migraciones, el efecto es agudizar la vulnerabilidad de las comunidades.

Por ello, consideramos que el compromiso de nuestros gobiernos debe ser el de incrementar la inversión en el gasto público social destinado a la educación, la salud y la protección social. Y la ayuda económica que recibimos del gobierno de los Estados Unidos de América debería destinarse a apoyar nuestros esfuerzos para atacar las causas estructurales que promueven la migración forzada.  Creemos que el crecimiento y la prosperidad económica sólo serán posibles si se fortalece la inversión social que amplía el acceso a los derechos de las personas más vulnerables, y las políticas de inversión privada no responden a estas necesidades.  Estamos conscientes, además, que simultáneo a un incremento del gasto prioritario es urgente el fortalecimiento de nuestras instituciones estatales, incluyendo un esfuerzo decidido y efectivo en contra de la corrupción que las aqueja, así como una tributación más justa, la eliminación de incentivos fiscales y mayor transparencia de la inversión pública y privada.

Protección internacional: responsabilidad compartida e ineludible

Vemos también con mucha alarma las acciones de los gobiernos de Estados Unidos y México por frenar la migración de personas que están huyendo de la violencia de sus países para salvar sus vidas. Es conocido que la región centroamericana sufre flagelos que no son del todo generados en sus territorios, sino que responden a dinamismos internacionales como el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas utilizadas por estos efectos. Por ello, brindar protección internacional a las personas que huyen por violencia es una corresponsabilidad de los Estados que se ven directa o indirectamente impactados por las demandas de asistencia humanitaria y políticas efectivas de acogida.

Los planes que se han implementado después del 2014 para detener la migración, como el Plan Frontera Sur, solo dejan en mayor vulnerabilidad a las personas migrantes y solicitantes de refugio frente a estos grupos criminales.  A lo que debe sumarse, que las medidas de detención por las fuerzas armadas y migratorias de los países, se prestan a corrupción y abusos de toda índole. Ninguno de estos planes impide la migración, sólo crea más vulnerabilidad y violencia. Lo que puede mitigar el aumento de los flujos migratorios es que las condiciones de vida, seguridad humana y bienestar mejoren en los países de origen. 

Hacemos un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos a tener presente que la protección internacional a las personas que huyen por violencia es un deber ético y de responsabilidad de los Estados que están bajo las convenciones internacionales de derechos humanos.

A todos los gobiernos involucrados, les demandamos reconocer la complejidad de las realidades de las cuales huyen estas personas, que abran y amplíen los espacios de discusión y consulta para conocer estas realidades y juntos buscar soluciones. Hacemos un llamado para que, entre conversaciones sobre la inversión privada y la seguridad, no pierdan de vista su obligación y responsabilidad de velar por los derechos humanos de las personas.

 

“La compasión cristiana —este «sufrir con», con-pasión— se expresa ante todo mediante el compromiso de conocer los hechos que impulsan a dejar forzadamente la patria, y donde es necesario, haciéndose intérprete de quien no logra hacer oír el grito de dolor y opresión…

Todos estos elementos deshumanizan y deben impulsar a cada cristiano y a toda la comunidad hacia una atención concreta.”   

 – Papa Francisco

 

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