OACNUDH remarcó la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas en casos de violencia y uso excesivo de la fuerza
Tegucigalpa.- A dos días del séptimo aniversario del asesinato de la lideresa ambientalista lenca, Berta Cáceres, organizaciones defensoras de derechos humanos continúan pronunciándose tras la absolución del militar acusado por intento de asesinato del joven lenca, Allan García.
Tras conocer el fallo, el Bufete Justicia para los Pueblos rechazó el racismo desde el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque al calificar como “violento al pueblo lenca por ejercer legitima defensa de sus territorios”.
Mientras que el investigador y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, señaló el desafío de la recién instalada Corte Suprema de Justicia en “establecer un protocolo de evaluación integral para evitar que las personas juezas sean un factor de mayor impunidad en Honduras, particularmente en casos tan graves como este”.
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El caso refiere a la agresión del suboficial del Batallón de Ingenieros, Kevin Yasser Saravia, que ocurrió el 15 de julio de 2013 durante una movilización de la comunidad lenca de Río Blanco contra la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ) en el río Gualcarque, en el que fue asesinado Tomás García y resultó gravemente herido su hijo, Allan García.
Las acciones de Saravia que resultaron en la muerte del líder lenca e integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Tomás García, y las graves heridas de su hijo Allan García, preceden al asesinato de Berta Cáceres, quien también se oponía al proyecto.
Cáceres manifestó, tras la conclusión del juicio de 2015 contra Saravia, que como Copihn y pueblo lenca de Río Blanco, la posición continuaría siendo la defensa de la vida. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se aplique justicia”, afirmó. Meses después, Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su residencia en el departamento de Intibucá.
OACNUDH INSTA A FORTALECER RENDICIÓN DE CUENTAS DE FF AA
Tras conocer la decisión judicial que absolvió al militar, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras resaltó la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas y el uso excesivo de la fuerza en contra de defensores de derechos humanos y la adopción de garantías de no repetición.
Asimismo, reiteró la importancia del acceso a la justicia de violaciones a derechos humanos que afectan a pueblos indígenas.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) expresó preocupación porque el caso por intento de homicidio contra el joven lenca e integrante del Copinh, Allan García, permanezca en la impunidad. Sumándose, además, a la demanda de justicia para Allan, el pueblo lenca y todos los pueblos indígenas de Honduras.
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La Misión de Observación Calificada Causa Berta Cáceres manifestó “profunda preocupación” por la absolución del militar Kevin Saravia por intento de homicidio de Allan García, quien junto a su padre participaban en una movilización en la comunidad de Río Blanco contra la instalación del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
Recordaron “al Estado de Honduras en su conjunto de sus responsabilidades para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición”.
RESOLUCIÓN JUDICIAL CRIMINALIZA AL COPINH
Tras la lectura de la resolución el pasado martes, 21 de febrero, el Copinh emitió un comunicado en el que calificó la resolución como “un fallo que busca criminalizar” a la organización y toda la comunidad lenca.
A la vez que se “decide apañar las actitudes represivas de las fuerzas armadas”, argumentando que el militar disparó en legitima defensa, el Juzgado de Siguatepeque “se convierte en un cómplice más de la violencia y la destrucción de las comunidades indígenas”, expresó la organización.
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“No somos ‘pueblos violentos’, como declaró el Tribunal de Sentencia, somos pueblos que defendemos nuestros bienes comunes, protegiéndolos del extractivismo feroz de las empresas nacionales e internacionales. La única manera que tenemos de garantizar nuestros derechos es con la movilización y la dignidad del pueblo en lucha”, lee el comunicado.
Tras el fallo absolutorio el pasado martes, 21 de febrero, el coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, que actuó en representación del Copinh como acusación privada, Víctor Fernández, advirtió que el fallo del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque implica “cosas que son significativamente graves para las luchas” sociales en Honduras, al declarar que una “manifestación violenta” fue la “provocación que condujo al militar a desarrollar esa conducta que le llaman legítima defensa”.
El abogado agregó que de acuerdo al fallo se “dice que el militar no hizo ninguna provocación”, excluyendo de los hechos que Saravia fue el único militar de un grupo, que procedió a hacer disparos “en una abierta provocación”, que finalizó con los disparos realizados contra Tomás y su hijo, Allan García.
PARTICIPACIÓN MILITAR EN CRÍMENES CONTRA PUEBLO LENCA
Este no es el único caso en que la participación de militares quedó evidenciada en la facilitación de actividades en favor de la instalación de proyectos extractivos en comunidades indígenas y que terminan en derramamiento de sangre.
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Después del crimen contra Tomás y Allan García, fue asesinada Berta Cáceres con participación de militares como autores materiales y coautor del crimen. Entre ellos Roberto David Castillo, quien se graduó de la academia estadounidense West Point y tras su graduación se incorporó a las Fuerzas Armadas de Honduras como subteniente.
Castillo, además de una carrera militar, era el gerente y accionista de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa a la que fue concesionado el río Gualcarque sin que se consultará a la comunidad lenca de Río Blanco.
Durante el juicio de Castillo, tras el que fue condenado a 22 años y seis meses de prisión por su coautoría en el crimen, se evidenció la persecución a la que fue sometida la lideresa lenca previo a su asesinato e incluso un atentado abortado contra Cáceres un mes antes de su asesinato.
