¿Qué hay detrás del crimen y autopsia de Keyla Martínez?

¿Seguirán siendo protegidos los verdaderos autores por la institucionalidad policial y judicial?

“Chivos expiatorios” serán presentados como los autores materiales del crimen, según fuentes que conocen el caso

Especialista patóloga y experta forense, Julissa Villanueva: 15 a 30 segundos bastaron para asfixiar a la joven

Tegucigalpa. –El cuerpo de Keyla Patricia Martínez fue sepultado cuatro días después del crimen, ocurrido la madrugada del domingo 7 de febrero a manos de policías en una celda de la estación policial de La Esperanza, Intibucá, zona occidental de Honduras. Hasta el momento, las autoridades judiciales solo han afirmado lo que estaba a la vista y lo que han manifestado expertos, que se trató de un homicidio bajo custodia y no un suicidio, como había informado la Policía Nacional. (ver comunicado policial). 

¿Qué hay detrás del crimen y de la autopsia de Keyla Martínez? Esa es una de las preguntas que aún queda por responder y que no ha sido esclarecida en la única comunicación oficial del Ministerio Publico (MP), que asegura que sí se trató de un homicidio, y no de un suicidio, con la responsabilidad inherente del Estado o el evidente femicidio cometido por policías.

Tampoco se responde a las preguntas que surgen con la filtración de algunos detalles de la autopsia o las imágenes del cuerpo de la víctima en la morgue de Tegucigalpa y, menos, a las dudas que generan las nuevas declaraciones de las autoridades de la Policía Nacional que aseguran que su primer comunicado era preliminar y no correspondía a una información concluyente porque “estaban investigando” o presentando a los supuestos autores materiales del delito.

La Policía y demás operadores de justicia siguen en deuda con la ciudadanía, a la que han reprimido en lugar de darle muestras de una investigación transparente e independiente contra los policías y superiores jerárquicos que pretendieron encubrir el crimen del que varios agentes fueron testigos, además del acompañante de Keyla Martínez, el ginecólogo obstetra Edgar Velásquez Orellana.

Sumado a eso, falta conocer los hallazgos de la autopsia sobre la magnitud del daño que se le infligió a la joven, lo que a su vez revelará ante la opinión pública el nivel de encubrimiento, engaño y manipulación de un sistema de justicia obligado a proteger a la ciudadanía, pero que más bien ha sido señalado por sus vínculos con bandas delictivas o del crimen organizado.

BANDA POLICIAL Y PARAMILITAR CRIMINAL  

Fuentes al tanto de la investigación a lo interno del MP revelaron a Criterio.hn la existencia de una banda criminal de policías y presuntos paramilitares que estarían operando desde el resguardo de la estación policial en La Esperanza, Intibucá, para cometer además vejaciones contra mujeres. A raíz del femicidio de Keyla Martínez se han dado a conocer al menos dos casos de mujeres detenidas, ultrajadas y amenazadas a muerte por elementos policiales; incluso, en uno de los hechos, una de las víctimas sufrió también el robo de más de diez mil lempiras que le sustrajeron los uniformados.

Las víctimas se mantuvieron en el anonimato y algunas incluso cambiaron de domicilio debido al enorme riesgo que corrían tras haber sido sometidas por los delincuentes uniformados y activos en la Policía Nacional, según investigadores que conocen de los casos y quienes también temen por sus vidas al denunciar la criminalidad que opera a lo interno de la institución.

Serán presentados chivos expiatorios, pero los verdaderos responsables están siendo protegidos, dijo la fuente a Criterio.hn. Incluso, reveló que uno de los implicados en la muerte de Keyla había sido trasladado a la posta de La Esperanza desde La Mosquitia, zona sometida por el narcotráfico con apoyo institucional, donde también se cometieron delitos contra mujeres al estilo de los ocurridos en Intibucá.

El modo de operar de estos delincuentes uniformados consiste en detener a mujeres que han ingerido alcohol o después de asegurarse de su grado de vulnerabilidad, a las que interceptan en operativos policiales o retenes de carretera en los que paran a los vehículos. Esos abusos son cometidos también contra pobladoras de aldeas.

Las víctimas mencionadas anteriormente fueron dejadas con vida por esta banda uniformada, pero Keyla Martínez no tuvo la misma suerte, señalaron las fuentes al asegurar que tanto la familia de la universitaria como de las mujeres ultrajadas en el pasado han sido amenazadas y coaccionadas para que guarden silencio.

Los parientes de la estudiante de enfermería defienden que la joven no se había opuesto a la detención por incumplir el toque de queda, como dijo la Policía, y muestra de ello son los vídeos que realizaron los agentes con sus teléfonos, incluso tomaron una fotografía del arresto en la que ella aparece de pie frente a la cámara y sin ningún indicio que haga suponer una actitud agresiva hacia los policías.

Como se sabe, su muerte no se produjo minutos después de la detención, sino horas después de haber sido ingresada a la celda, de la que -según testigos- se escucharon gritos durante la madrugada del domingo y luego todo quedó en silencio. Posteriormente, los policías reportaron “un intento de homicidio”.

Los supuestos homicidas alegaron ante los parientes que trasladaron a la joven al hospital Enrique Aguilar Cerrato para “salvarle la vida”, después de encontrarla colgando de los barrotes de la puerta de la celda, en los que había amarrado su propia blusa para ahorcarse.

IMPORTANCIA DE LA AUTOPSIA DE KEYLA MARTÍNEZ

El cuerpo de Keyla Martínez presentaba golpes contundentes o traumas contusos provocados con objeto romo sin filo en la cabeza, cuello y boca. La toxicología arrojó consumo de alcohol, pero el cuerpo también presentaba señales de maltrato físico, detalló la fuente a Criterio.hn

Habría sido sometida por dos o cuatro agentes policiales que, ante la fuerza y furia con que la joven se defendió para evitar los tocamientos y manoseos, la golpearon, la aplastaron contra el suelo y le laceraron la boca con el afán de dominarla.

La fuente relacionada a la investigación preliminar reveló también a este medio de comunicación que, según las observaciones médico legales de las lesiones que presentaba el cuerpo, los policías no solo rodearon su cuello con el brazo, sino también con sus manos, haciéndole presión en la boca y provocándole dificultad para respirar.

“Desde el punto de vista médico forense la manera de muerte es homicida”, cita el dictamen forense del MP emitido la tarde del martes, el que además agrega que la víctima murió a causa de asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias.

15 A 30 SEGUNDOS DE AGONÍA

Consultada por este medio, la exdirectora de Medicina Forense Julissa Villanueva dijo sentirse satisfecha de que el MP no se haya demorado con la respuesta científica, ya que la misma no necesitaba más de 48 horas al tratarse de una escena sin mayor dificultad.

Por lo anterior, destacó que la presión social, la coordinación de esfuerzos del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) para con la familia, defensores de derechos humanos, mujeres organizadas y hasta el temor a un contra peritaje al MP, produjo una respuesta inmediata.

A la pregunta de si se puede confiar en lo que hasta el momento ha dicho el MP referente al caso, Villanueva calificó de escasa la información desde el punto de vista médico legal, de ahí la importancia de una opinión independiente en momentos de incredulidad social hacia el MP, aunque espera que en el trascurso de los días la información que surja de la actuación de los investigadores y del dictamen forense definitivo sea transparente.

“De haberse realizado también una autopsia independiente o contra peritaje no solo sabríamos si la joven Keyla Martínez fue asesinada o es un homicidio”, sino también cómo, tiempo de muerte, las horas, si existieron o no indicios de abuso sexual, es decir, que esta historia no termina aquí sencillamente porque se ha dicho que es un homicidio, dijo Villanueva.

Todavía falta saber cómo fueron los hechos, si la torturaron, quiénes cometieron esta atrocidad, entre otras preguntas que serán premisas investigativas a la hora de presentar los requerimientos fiscales, agregó.

En su opinión científica, dijo Villanueva, en las muertes bajo custodia relacionadas con estrangulamiento no existe duda alguna de que son de naturaleza homicida.

En la revisión de casos similares ocurridos en este contexto, el instrumento con el que frecuentemente se somete a la víctima es un objeto contundente romo como un brazo o la mano, explicó. 

“De acuerdo con la revisión del cuadro lesionológico, la asfixia mecánica por estrangulamiento pudo ser con la mano o el miembro superior (braquial y antebraquial). Basta que se realice una compresión intensa sostenida sobre la región del cuello bilateral de 15 a 30 segundos para provocar muerte rápida”, expuso la experta patóloga.

Según los casos conocidos, la compresión braquial y antebraquial es una práctica comúnmente utilizada por elementos de la policía, quienes haciendo uso excesivo de la fuerza someten a sus víctimas. En los casos de las mujeres, basta mantener una fuerza sostenida sobre el cuello para causar la muerte casi de manera instantánea, en menos de un minuto.

En el caso de la joven universitaria, los estudios toxicológicos concluyentes demostrarán la presencia o ausencia de alcohol y abuso de drogas, y se podrá hacer correlación con su grado de conciencia, añadió.

Refirió además que la aplicación del Protocolo de Minnesota arrojará información sobre la presencia de tratos crueles o tortura. Explicó que los signos de abuso sexual se descartan haciendo un análisis sistemático y minucioso del cuerpo de la víctima en busca de sugilaciones, mordeduras y examen de región genitoanal completado con estudios inmunomicrobiológicos para detectar semen y sus componentes.

Esta información que aún se desconoce podría ser el móvil principal del crimen, un extremo al que todavía no se han referido los investigadores.

COACCIONES Y AMENAZAS COMUNES DE LA POLICÍA Y El MP

Criterio.hn conoció por expresiones de algunos familiares que no solo han sido amenazados por agentes policiales, sino también coaccionados desde el MP para evitar el involucramiento de otros expertos independientes y que el caso de Keyla Martínez continúe en la palestra pública.

El Protocolo de Minnesota, recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) en el caso de Keyla Patricia, está orientado a evitar que los funcionarios del Estado sospechosos de crímenes de lesa humanidad puedan actuar o influir en la investigación.

Recomienda una comisión investigadora independiente, con recursos y facultades suficientes, así como la posibilidad de recurrir a la ayuda de expertos internacionales en ciencias jurídicas, médicas y forenses.

Además, incluye también un modelo de autopsia y otro modelo de exhumación y análisis de restos óseos, para que sea seguido no solo por los profesionales que las practiquen, sino también por las partes involucradas, los periodistas, la ciudadanía y todos los observadores, para aumentar la transparencia del proceso.

No obstante, desde que la familia de la universitaria llegó a Medicina Forense se evitó todo intento de llevar a cabo un proceso de verificación o contra peritaje.

Los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) prometieron  a la familia que buscarían a los policías involucrados en el homicidio, pero dijeron que para ello requerían la secretividad del caso, evitando en primera instancia el involucramiento de profesionales forenses al margen del MP o de manera privada. Además, y mientras esté en curso la investigación, cualquier acción de representación de defensores de derechos de la mujer u organizaciones defensoras de derechos humanos, detalló la fuente.

“Nos sorprende cómo los familiares desistieron del contra peritaje, ya que fueron ellos los que denunciaron la forma en cómo estaban realizando la investigación, por lo cual les facilitamos los procesos. Estaban muy firmes y, sorprendentemente, desistieron”, reaccionó la comisionada presidenta del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) del Conaprev, Glenda Ayala.

No obstante, aseguró que seguirán acompañando a la familia de Keyla Martínez porque el protocolo establece la prohibición de censura cuando las víctimas denuncian arbitrariedades, por lo que no puede ser coaccionada, ni amenazada solo por denunciar irregularidades de un ente estatal.

“Pudieron haber sido objeto de censura por parte de algunos agentes estatales, (lo) que también estamos obligados a verificar para plantear las recomendaciones necesarias y pertinentes en torno al caso”, agregó la defensora de derechos humanos, reconocida por la sociedad civil por su objetividad e independencia. 

La comisionada Ayala informó además que solicitaron al director de Medicina Forense la práctica del Protocolo de Minnesota durante la autopsia, que es el que establece si hubo tortura previa a la muerte, “pero aún no nos han dado el informe correspondiente, solo sabemos lo que han expresado de manera preliminar a la prensa”. 

Reconoció que “gracias a la presión social y mediática, los familiares por lo menos escucharon de un ente estatal la manera de muerte y por lo menos les da la posibilidad de exigir que se deduzcan responsabilidades a quienes cometieron este hecho”.

Ayala recordó a la ciudadanía que puede abocarse al Conaprev en casos similares y solicitar también los contra peritajes, porque igual son parte de los derechos que asiste a las familias y víctimas.

CASI 7 MIL MUERTES VIOLENTAS SIN INVESTIGAR

Se estima que entre 2002 y 2020 han muerto en circunstancias violentas alrededor de 6,900 mujeres, es decir, un promedio de 30 mensuales o una muerte diaria.

Solo en el 2019 hubo 406 homicidios, 318 en el 2020 y en lo que va del 2021 cerca de 30 mujeres ha perdido la vida de forma violenta, seis de ellas en las últimas 48 horas, manifestó en un comunicado la bancada del PINU.

“Creo que el Ministerio Público habló por la presión social, habló por la presión del contra peritaje y lo celebro, enhorabuena, pero que recuerden también que hay más de seis mil mujeres que han muerto en los últimos años, de las cuales el 95 por ciento está en impunidad. Y en menos de 72 horas después del crimen de Keyla Martínez se conocieron seis crímenes más, de los cuales solo en el caso de la joven enfermera se han expresado” dijo por su parte la exdirectora forense Julissa Villanueva.

Al preguntarle si el procedimiento judicial que se ha seguido con Keyla Martínez es el mismo que debe realizarse en los demás casos de muertes violentas de mujeres u homicidios bajo custodia o ejecuciones extrajudiciales, la respuesta fue que sí, aunque reconoció que hay otros más complejos que el expuesto.

“La escena del crimen no era compleja, solo nos iba a demostrar dos cosas: homicidio o suicidio (…) por eso siempre he dicho ¿qué cosas se pueden resolver con talento profesional? Casos como éste ¿Qué se necesita para resolverlo? Un lápiz, un papel y talento profesional y convicción”.

Agregó que los exámenes toxicológicos son importantes “por supuesto, con alta tecnología”, y dijo que durante su gestión la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el para el Desarrollo Internacional) donó equipo para el laboratorio de criminalística con el que “se puede tener resultados en 24 horas, de tal manera que no debe haber excusas ni en este ni en otros casos”.

En relación a los contra peritajes para que las familias logren justicia, mencionó que esa es la razón por la cual el caso se vuelve inédito en Honduras, así como para las organizaciones de derechos humanos, mujeres organizadas y sociedad civil en general.

“Ahora saben que este es un nuevo argumento, que es una pretensión de las familias querer saber qué es lo que sucede y dado que ha habido una torpe actuación en relación a la investigación criminal en el país, este es un recurso válido que no se debe de olvidar”.

Consideró que “si al Ministerio Publico le sacamos candela con todos estos casos y hacemos una organización probada, sin fines de lucro, para el apoyo público de todas esas familias que tienen casos similares, rápidamente obtendríamos respuestas”, aseguró al tiempo que destacó la importancia de la independencia de Medicina Forense, adscrita al MP y clave para el esclarecimiento de los hechos criminales.