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Policía de Honduras en el ojo del huracán por muerte de joven universitaria en una comisaría

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La noche de ayer salí un momento para relajarme tras haber acabado mi semana de clases como estudiante de enfermería, la policía nacional de La Esperanza, Intibucá, me detuvo supuestamente por incumplir el toque de queda y me trasladaron a la celda de detención en donde amaneció mi cuerpo sin vida esta mañana.

Ahora los agentes policiales se niegan a que me practiquen una autopsia para determinar mi causa de muerte.

Lo cuento yo porque Keyla Martínez no pudo: Autor desconocido (redes sociales)

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Una joven estudiante de enfermería porta una imagen de Keyla Martínez, durante la protesta realizada este lunes frente a la Facultad de Ciencia Médicas de la UNAH.

Por: Emy Padilla

Fotografías: Fernando Destephen

Tegucigalpa. –Un velo de misterio se cierne alrededor de la muerte de la joven estudiante de enfermería, Keyla Patricia Martínez Rodríguez. Las contradicciones han puesto nuevamente en tela de juicio la fiabilidad y transparencia de la policía de Honduras.

Las actuaciones de la institución uniformada ponen en duda la veracidad de los hechos narrados hasta el momento e incluso pareciera que se está ocultando algo o protegiendo a alguien.

Lo cierto es que Keyla perdió la vida en custodia de los agentes de seguridad del Estado asignados a la Unidad Departamental de Policía número 10 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, en el occidente de Honduras, donde hace seis años fue asesinada la ambientalista e indigenista, Berta Cáceres.

“Son unos asesinos, son unos ineptos y el Estado tiene la culpa por contratar gente inútil, inepta, negligente, para asumir esos cargos. La seguridad humana no puede estar a cargo de unos asesinos y hoy el Estado tiene toda la responsabilidad y yo los culpo directamente a todos por tener gente incompetente trabajando en esas postas policiales salvaguardando la vida de los seres humanos”: Nancy Martínez, hermana de Keyla.

 

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Los policías que llegaron esta mañana a la protesta, en la que se exigió una investigación exhaustiva sobre los hechos alrededor de la muerte de la estudiante de enfermería, fueron fustigados por su presencia y por pertenecer a una institución salpicada por corrupción, crimen y violencia.

LOS HECHOS

En un comunicado la policía dijo la mañana de ayer domingo que la joven había sido retenida a las 11:40 de la noche del sábado 6 de febrero, en cumplimiento a una denuncia realizada al Sistema Nacional de Emergencias 911 y que había sido ingresada en calidad de detenida a la Unidad Departamental de Policía número 10 en La Esperanza, Intibucá, por escándalo en vía pública y en estado de ebriedad e incumplimiento al toque de queda vigente según decreto PCM 012-2021.

Asimismo, “horas después, durante la ronda de supervisión en las celdas, los agentes la descubrieron intentado quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció”.

La versión policial carece de consistencia en datos relacionados a la hora y el lugar de la muerte. Para el caso el comunicado afirma que Keyla fue detenida en “estado de ebriedad”, pero ni siquiera se le practicó la prueba de alcoholemia, como reconoció en declaraciones a varios medios el subcomisionado a cargo de la Unidad Departamental de Policía número 10 en Intibucá, Melvin Alvarenga.

La policía también ha manejado ante los medios de comunicación la versión de que la joven fue encontrada agonizante en su celda a las 3:30 de la madrugada del domingo, pero el reporte médico señala que fue ingresada a las 2:55 de la madrugada a la sala de emergencia del Hospital Enrique Aguilar Cerrato.

Otra afirmación que hace la policía en el escueto comunicado es que la joven murió en el centro hospitalario, pero en el informe médico se consigna que cuando ingresó a emergencias no presentaba signos vitales, por lo que “se les explica a los miembros de la policía que la pte (paciente) se encuentra fallecida”.

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Este es el reporte del Hospital Enrique Aguilar Cerrato.

La versión policial de que Keyla Patricia se quitó la vida con su camisa, la que amarró a la puerta de la celda, ha generado suspicacias entre sus familiares, pobladores de La Esperanza, feministas y defensoras de derechos humanos que exigen una autopsia independiente.

Con rabia e indignación Nancy Martínez, hermana de la joven fallecida, fue directa al atribuir la muerte a los miembros de la policía. Según ella, el caso es un femicidio más bajo la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado.

Entrevistada por varios medios de comunicación en Tegucigalpa, donde llegó escoltada por policías procedente de La Esperanza, Intibucá, para recoger los restos de su hermana en la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, Nancy dijo que a los agentes de la posta policial les convenía que su hermana muriera “porque seguramente le hicieron algo”.

La joven denunció además que los policías se negaron a darle las pruebas sobre el supuesto suicidio, como fotografías que describan la escena de la muerte. En su lugar, dice, la respuesta fue que ellos se encargarán de investigar el caso. “Pero, cómo yo voy a creer en lo que digan ellos, si ellos son los asesinos, si ellos son los culpables”.

Como hecho repudiable denunció además que los agentes policiales hicieron un levantamiento cadavérico arbitrario, porque “no tomaron fotografías de los hechos” y porque no le entregaron ninguna prueba. Asimismo, porque no le permitieron a Keyla comunicarse con su familia, es decir, con ella porque es con quien vivía, ya que el resto de su familia, su madre y demás hermanos, viven en Estados Unidos y España.

La joven exige la suspensión inmediata de los agentes asignados a la estación policial porque, a su juicio, todos son sospechosos y están encubriendo “el asesinato” de su hermana.

La última vez que Nancy vi a su hermana fue el sábado en la mañana. Keyla salió de la casa a las diez de la mañana a hacer compras para festejar el cumpleaños de una amiga. Nancy cuenta además que al momento de la retención su hermana se conducía en el vehículo de un amigo médico, quien se comunicó con ella hasta las siete de la mañana del domingo para informarle que lo habían arrestado junto con Keyla.

Según los relatos de la joven el médico le explicó que la llamaba hasta ese entonces porque los policías le habían quitado su teléfono móvil y tampoco le detalló lo que había sucedía con su hermana, pues se limitó a pedirle que llegara a la unidad policial.

Nancy asegura que su hermana no era una persona depresiva para que se quitara la vida y tampoco tenía comportamientos escandalosos, como lo afirmó la policía en el comunicado del domingo.

Hasta el cierre de la edición de este texto el Ministerio Público no se había pronunciado sobre los resultados de la autopsia. Por el momento los restos de Keyla son ansiosamente esperados por su hermana, familiares, amigos y defensores de derechos humanos que aguardan en las afueras de la Dirección de Medicina Forense.

Nancy dice sentirse abrumada por la supuesta protección policial, ya que varios agentes han estado cerca de ella desde que se enteró de la muerte de su hermana. “No nos dejaron ni a sol ni a sombra. Nosotros no necesitamos de la policía para venir y llegar a la morgue, sin embargo, se ofrecieron, incluso, en darnos la ambulancia. Pero ¿usted cree que yo voy a confiar en esos asesinos después de que asesinaron a mi hermana?”, comentó frente a varias cámaras de televisión.

La joven cree que la policía está actuando de esa manera “porque están protegiendo a los asesinos” y cerró la impactante entrevista revelando que se siente con mucho coraje porque recientemente llegó a esa misma posta policial donde perdió la vida su hermana, para denunciar que estaba siendo acosada, cerca de su casa, por un hombre, y los policías le respondieron que no podían actuar porque necesitaban pruebas para hacerlo.

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La policía de Honduras es vista por los movimientos sociales como represora y violadora de derechos humanos.

Organizaciones de defensoras de los derechos de la mujer estiman que en los últimos doce años en Honduras se han registrado al menos 5,406 muertes violentas contra mujeres. El Movimiento por la Paz “Visitación Padilla” cuantifica que en el 2019 se produjeron 365 femicidios y pese a la pandemia por Covid-19 en el 2020 321 y en lo que va del 2021 ya se registran más de 20.

El toque de queda impuesto por el gobierno desde marzo de 2020, como medida de control para contrarrestar la pandemia, está poniendo en mayor riesgo a las mujeres de Honduras, dice Merly Eguigure del Movimiento por la Paz Visitación Padilla, quien refiere que los elementos de la Policía Nacional y Militar están acosando y manoseando a las mujeres, e incluso, se sospecha que las están violando.

Las mujeres de Honduras se enfrentan también con un panorama extremadamente complejo frente a la justicia, pues se estima que al menos el 90 % de los femicidios se mantienen impunes.

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INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

Mientras Nancy era abordada por periodistas, a pocos metros, exactamente frente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde Keyla cursaba la licenciatura en enfermería, se registraba una protesta de estudiantes y organizaciones feministas, quienes exigían que la policía sea apartada del proceso de investigación y se practique una autopsia independiente dirigida por la médico forense y patóloga, Julissa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense.

“No fue un suicidio, fue un femicidio”, “la policía no me cuida”, “nadie se suicida en una comisaría”, “Keyla no se suicidó, la policía la mato”, eran parte de las consignas que un grupo de mujeres, entre estudiantes de enfermería, feministas y defensoras de derechos humanos, gritaba exigiendo justicia y un proceso de investigación transparente que lleve a los orígenes de la muerte de la estudiante universitaria.

Fueron firmes ante los medios de comunicación y al igual que Nancy, atribuyeron el deceso de Keyla a la policía y tildaron el comunicado policial de temerario porque prácticamente responsabiliza a la víctima de su propia muerte.

“Lo más delicado de esto es que la policía tenía bajo su custodia la vida de Keyla y no la protegió, por eso es que es vital que la policía no investigue este caso”, dijo Merly Eguiguren, una reconocida activista por los derechos de la mujer.

Eguiguren, del Movimiento por la Paz “Visitación Padilla”, comparó este nuevo caso con lo sucedido con la jefe regional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Santa Rosa de Copán, Sherill Yubissa Hernández Mancía, encontrada muerta en su casa de habitación en junio de 2018.

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Merly Eguiguere, del Movimiento por la Paz «Visitación Padilla», dice que el toque de queda impuesto por el gobierno está poniendo en mayor riesgo de violencia a las mujeres de Honduras.

Este caso fue cerrado por el Ministerio Público como un suicidio aun y cuando las evidencias científicas dicen lo contrario y a pesar de que la entonces directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, aseveró que se trataba de un homicidio.

Villanueva, quien dice haber sido separada del cargo por haberse negado a certificar un suicidio en el caso de la agente de la ATIC y por haber investigado las causas de los crímenes post electorales de 2017 y 2018, atribuidos a los cuerpos de seguridad del Estado, fue aclamada en la protesta de hoy para que lidere la investigación forense.

La exdirectora forense ha aceptado el reto e informó a Criterio.hn que para llevar a cabo esa tarea ya pidió la colaboración a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en donde se podría llevar a cabo el trabajo junto a un equipo de expertos bajo su coordinación para, no solo realizar una segunda autopsia, sino vincular a la ciencia con la verdad de los hechos.

En virtud que la muerte de la joven universitaria se registró mientras estaba en custodia de la seguridad del Estado, la UNAH, dice que “esto se convierte en una situación inaceptable y de mucha preocupación, pues el Estado debería garantizar la protección de la integridad física y la vida de las personas detenidas”

“Exigimos enérgicamente a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva, con independencia, imparcialidad y responsabilidad que dilucide los motivos de la muerte de la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez y que, de encontrarse mano criminal, se aplique todo el peso de ley a los responsables intelectuales y materiales de apagar sus sueños”, dice un comunicado de la Alma Mater.

La muerte de Keyla ha provocado conmoción en varios sectores de la sociedad hondureña, especialmente en organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes enfocan sus mensajes en exigir al Estado hondureño que esclarezca el caso, pero con una investigación independiente sin la participación policial.

En esa misma línea se ha expresado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Mediante dos tuits el organismo de las Naciones Unidas instó a las autoridades hondureñas a investigar la muerte de la joven universitaria con prontitud y de manera exhaustiva, independiente, imparcial y transparente.

La OACNUDH ha dejado claro que los resultados de la autopsia son claves para el esclarecimiento de los hechos y que toda muerte en custodia debe ser investigada como “potencialmente ilícita y deberían analizarse posibles signos de tortura lesiones y/o violencia sexual”.

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Estudiantes de enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, escriben mensajes en contra de la policía.

La protesta en Tegucigalpa se registró en paralelo con otra realizada en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, donde un grupo de jóvenes, entre mujeres y hombres, fueron reprimidos por la policía con gases lacrimógenos y balas cuando alzaban su voz de protesta exigiendo se aclare la muerte de la estudiante de enfermería.

Esta protesta se efectuó precisamente al frente de la estación policial de esta ciudad donde, según la policía, Keyla se suicidó.

Para mañana martes los movimientos de mujeres y feministas de la ciudad de Choluteca han convocado a otra acción de protesta.

 

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