Texto y gráficos: Marcia Perdomo
Edición: Emy Padilla
Fotografías: Fernando Destephen
Tegucigalpa. –Rodeado por tres parques nacionales, dos refugios de vida silvestre y un jardín botánico encontramos el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida, donde se han instalado varios proyectos extractivos, entre ellos el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito al cual se le extendieron permisos ambientales y de operación pese a no contar con el consentimiento de las comunidades y estar ubicado dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Vida Silvestre Texiguat.
El Proyecto Hidroeléctrico Jilamito es ejecutado por Inversiones de Generación Eléctrica, Sociedad Anónima de Capital Variable (INGELSA), con matrícula mercantil 0000033459 – 00000 y en la que figuran como socios Herramientas Manuales Centroamericanas Sociedad Anónimas (HERMACASA) y Emin Jorge Abufele Marcos. Dun & Bradstreet, compañía que recopila datos financieros de empresas privadas, estima los ingresos anuales de INGELSA en US $1.07 millones y de HERMACASA en US $9.02 millones.
Entre los socios mayoritarios de HERMACASA, con matrícula mercantil 0000078799 – 00000, encontramos nuevamente a Emin Jorge Abufele Marcos y la empresa de capital estadounidense Simonds Industries Inc. Esta compañía—con sede en Fitchburg, Massachusetts, y que se publicita como el fabricante de herramientas de corte más antiguo de América del Norte—celebró un acuerdo de empresa conjunta con HERMACASA, con un 45 % de propiedad, según establece en su sitio web. Dun & Bradstreet estima sus ingresos anuales para 2020 en US $927,126.
Otros socios en HERMACASA son: Raúl Castillo; Inversiones Oasys, S.A. de C.V., Rafael Prieto, Citric S.A. de C.V., Grupo Corona, S.A., Jesús S. Siwady, Corporación Makaira S.A., Fuad C. Abufele, Omar Abufele Salomon, Jacobo Kattan, Matilde Prieto de Barraouse, Ana Lucía Prieto de Bográn, Dolores C. de Uclés, Mario Prieto Velez, Ferretería La Montañesa, María Consuelo del Reynaud Prieto, José Francisco Reynaud Prieto, Jenny Huda Chahín, María del Carmen Chahin, Pedro Cobos Caminos, y George K. Kawas.
Tanto INGELSA como HERMACASA, aparecen en su página web como integrantes del Grupo Inversiones Eléctricas S.A. de C.V. (Grupo IESA). Esta empresa aparece entre los socios de la Sociedad Eléctrica Mesoamericana Sociedad Anónima de Capital Variable (SEMSA) con matrícula mercantil 0000035863 – 00000. Otros socios son Emin Jorge Abufele Marcos, Finnfund, E&CO y CAREC. La Sociedad Eléctrica Mesoamericana Sociedad Anónima de Capital Variable está a cargo del Proyecto Hidroeléctrico de Mezapa, ubicado en la aldea de Mezapita, en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida. En el caso de SEMSA, Dun & Bradstreet valora sus ingresos anuales en US $5.58 millones.
En ambos casos, tanto en el Proyecto Hidroeléctrico de Mezapa como en el Proyecto Hidroeléctrico de Jilamito, el ciudadano hondureño Rafael León de Pioccioto Cueva es mencionado como representante de las antes mencionadas empresas en el contrato de operación para la generación de potencia y energía eléctrica del proyecto de Mezapa y la contrata de aprovechamientos de aguas nacionales publicados en el diario oficial La Gaceta el 6 de febrero del 2009 y el 12 de junio de 2014, respectivamente.
Así como Pioccioto Cueva fue representante de SEMSA y actualmente de INGELSA, el empresario Emin Abufele Marcos Santos aparece como socio a título personal y a través de sus acciones en sus diferentes empresas. Dos empresas generadoras de energía hídrica, mismos socios, mismo representante, ambas en el municipio de Arizona en el departamento de Atlántida.
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¿QUIÉN ES EMIN JORGE ABUFELE MARCOS?
Emin Jorge Abufele Marcos es un empresario sampedrano relacionado como socio en al menos cuatro empresas que Criterio.hn rastreó: Sociedad Eléctrica Mesoamericana, Sociedad Anónima de Capital Variable (SEMSA), a cargo del Proyecto Hidroeléctrico Mezapa ubicado en la aldea Mezapita, municipio de Arizona en el departamento de Atlántida; Inversiones de Generación Eléctricas, Sociedad Anónima de Capital Variable (INGELSA), a quién se le otorgó el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, siempre en el municipio de Arizona; Herramientas Manuales Centroamericanas, Sociedad Anónima (HERMACASA); e Industrias Molineros, Sociedad Anónima de Capital Variable (IMSA), entre otras.
Esta última, IMSA, fue la tercera empresa arrocera beneficiada en el marco de la Operación Honduras Solidaria (HS), en la cual el Estado destinó 757.5 millones de lempiras, como lo reveló Criterio.hn mediante la tercera entrega de su investigación Honduras Solidaria: la pandemia del asistencialismo. Entre las ventas de arroz, harinas de maíz y de trigo, esta compañía ingresó en total 33.5 millones de lempiras de parte del Estado en el marco de la pandemia de Covid-19.
Emin Jorge Abufele Marcos [presidente] también aparece junto a Marjory Rodezno [secretaria] y Carlos Rene Ávila [tesorero] como directores de la compañía Operaciones Hidroeléctricas S.A., radicada en la ciudad de Panamá, constituida el 9 de noviembre de 2015 con escritura pública número 40,000 e inscrita bajo el folio 155616758 en el Registro Público de Panamá. Los socios accionistas nombrados en el certificado son los ciudadanos panameños Fernando Antonio y Luz Esperanza Rivera Chacón. Es notable señalar que tanto Abufele Marcos y Carlos Rene Ávila fueron quienes constituyeron inicialmente Inversiones de Generación Eléctrica, S.A (INGELSA) en febrero de 2006.
La escritura de Operaciones Hidroeléctricas S.A. establece como objeto de la Sociedad Anónima «el diseño, construcción, operación, mantenimiento, administración y supervisión de centrales hidroeléctrica, así como establecer tramitar y llevar a cabo los negocios de una compañía inversionistas; comprar, vender y negociar en todas las clases y artículos consumos acciones, bonos y valores de todas clases; comprar, vender, arrendar o de otro modo adquirir o enajenar bienes raíces; solicitar y dar dinero en préstamo, con o sin garantía; celebrar, extender, cumplir y llevar a cabo contratos de toda clase; constituirse en fiador de o garantizar la realización y cumplimiento de todos y cualesquiera contratos; dedicarse a cualquier negocio lícito que no esté vedado a las sociedades anónimas; y hacer cualesquiera de los actos que preceden como principales, agentes o en cualquier otro carácter representativo, sea el que fuere».
Pese a que en el sitio Open Corporates detalla que, a finales de 2019, Emin Jorge Abufele Marcos, Marjory Rodezno y Carlos Rene Ávila fueron removidos como directores de Operaciones Hidroeléctricas S.A., dicha remoción no consta en el Registro Público, que en Panamá es el organismo oficial, por lo que legalmente continúan dirigiendo dicha sociedad anónima. Es importante resaltar que Marjory Rodezno, aparece en el registro mercantil hondureño como representante de INGELSA; mientras que Carlos Rene Ávila como representante de SEMSA e IMSA.
Emin J. Abufele Marcos es hijo de Emin Jorge Abufele Salomón, quien en la década de los ochenta formó parte de la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), una organización de extrema derecha que se conformó en Honduras para contrarrestar el movimiento social surgido a raíz de la guerra fría y que se oponía a la invasión estadounidense en Centroamérica. Abufele Salomón también fue asesor presidencial durante el gobierno nacionalista del extinto Rafael Leonardo Callejas (1990-1994).
ORÍGENES DE LA ADJUDICACIÓN
Los Proyectos Hidroeléctricos Jilamito y Mezapa pueden ser rastreados desde septiembre de 2006 cuando la Administración Forestal Del Estado – Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Afe-Cohdefor) ahora Instituto de Conservación Forestal (ICF), emitió el dictamen técnico DAPVS-0113-2006 a solicitud de la Sociedad Eléctrica Mesoamericana, S.A. de C.V. (SEMSA). En el mismo, Afe-Cohdefor «determina que las Obras de Toma de los proyectos Hidroeléctricos sobre los ríos Mezapa y Jilamito están dentro de la zona de amortiguamiento de la RVS Texiguat y las Casas de Máquinas de los mismos proyectos se encuentran fuera de los límites de la RVS Texiguat, pero dentro de las microcuencas declaradas de los ríos Mezapa y Jilamito».
Lo anterior implica un reconocimiento tácito del Estado que los proyectos hidroeléctricos están dentro de una zona de amortiguamiento, razón suficiente para que no tuvieran éxito, sin embargo, las actuaciones dicen lo contrario, porque se les ha extendido los permisos e incluso la licencia ambiental.
Es importante resaltar que si bien los proyectos hidroeléctricos Jilamito y Mezapa, son manejados por empresas con nombres diferentes, coinciden en el nombre de algunos socios como ocurre con Emin J. Abufele Marcos. En el caso de SEMSA, la empresa fue constituida el 28 de febrero de 2005 con Emin Jorge Abufele Marcos y J. & E. Manufacturing, S.A. [empresa dedicada a la fabricación y comercialización de accesorios de fundición y afines, productos estampados en acero y materiales afines] como socios; mientras que INGELSA fue establecida el 9 de febrero de 2006 con Carlos René Ávila García y Emin Jorge Abufele Marcos como socios [el primero ya no está inscrito como tal].
En octubre de 2007, el Congreso Nacional presidido por Roberto Micheletti Baín aprobó la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, mediante el Decreto 70-2007 con el objetivo de promover la inversión pública y/o privada en proyectos de generación energía eléctrica con recursos renovables nacionales. Un año más tarde, el Congreso Nacional aprobó un nuevo decreto de incentivos (Decreto 55-2008), a favor de la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables; sin embargo, este fue vetado por el entonces presidente del Poder Ejecutivo, Manuel Zelaya Rosales, según documenta la Federación Internacional por los Derechos Humanos en el reporte «Honduras: Áreas protegidas y fuentes de agua en peligro. El caso del proyecto hidroeléctrico Cuyamel II en San Francisco, Atlántida».
Zelaya Rosales fue removido del Poder Ejecutivo por un golpe de Estado el 28 de junio del 2009 con participación de las Fuerzas Armadas. A través de esta acción violenta, el Congreso Nacional nombró a su entonces presidente, Roberto Micheletti Baín, como el mandatario de Honduras y dejó al liberal José Alfredo Saavedra, dirigiendo el Poder Legislativo. En agosto de ese mismo año se aprobó apresuradamente la Ley General de Aguas que abrió las puertas a la concesión a terceros de los recursos hídricos de Honduras. En ese momento, el Congreso estaba integrado por 62 diputados del Partido Liberal (PL), 55 del Partido Nacional (PN), seis del Partido Unificación Democrática (UD), tres del Partido Demócrata Cristiano (DC) y dos por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU).
Asimismo, en septiembre de ese mismo año la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la licitación internacional No. 100-1293/2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable.
Posteriormente, en septiembre de 2010, el Congreso Nacional, bajo la dirección del nacionalista Juan Hernández [actual presidente del Poder Ejecutivo], aprobó al menos 39 de 47 contratos de energía renovable adjudicados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través del proceso de licitación internacional número 100-1293/2009. Después de las precipitadas elecciones del 2009, el Congreso Nacional quedó bajo una mayoría del Partido Nacional con 71 diputaciones, el Partido Liberal con 45, el Partido Demócrata Cristiano con cinco diputaciones, Unificación Democrática con cuatro y el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata con tres.
Para el 8 de junio del 2010, INGELSA firmó el Contrato de Suministro de Potencia y Energía Asociada, N. 73-2010, entre el gerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano, e INGELSA a través de su representante Rafael León de Piocciotto Cuevas. No obstante, no fue hasta el 3 de septiembre de ese año en que el Congreso Nacional aprobó 39 de los 47 contratos de energía renovable adjudicados por la ENEE a través del proceso de licitación internacional, número 100-1293/2009.
El 9 de noviembre de 2011, INGELSA firmó la contrata de aprovechamiento de aguas nacionales para generación de energía eléctrica con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente [entonces conocida como SERNA], representando en la firma a la estatal el subsecretario, Roberto Cardona Valle. Esta contrata no fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta hasta el 12 de junio de 2014, mediante Decreto No. No. 341-2013.
Diez meses más tarde, el 10 de septiembre de 2012, la SERNA nuevamente a través de su subsecretario, Darío Roberto Cardona Valle firma el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Potencia y Energía Eléctrica del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito con el representante de INGELSA, Rafael León de Piocciotto Cuevas. Este contrato fue publicado en La Gaceta hasta el 12 de junio de 2014 bajo el Decreto Legislativo 343-2013.
A inicios de diciembre del 2013, SERNA emite la resolución No.1429-2013 en la que declara con lugar la solicitud de Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito. Mediante una redacción ambigua establece que aún no se ha realizado la socialización del proyecto. Específicamente es en el inciso tres del tercer considerando, en el que redactan: «En la actualidad este proyecto no se ha socializado, por lo que los representantes del SINEIA establecieron que el proyecto Hidroeléctrico Jilamito, debe de seguir un proceso de socialización que permita a los habitantes de la comunidad estar bien informados y ser tomados en cuenta en las decisiones relacionadas con los recursos locales». Pero seis meses después, el 5 de junio de 2014, sin haber subsanado lo antes establecido, la SERNA extiende a INGELSA el certificado de Licencia Ambiental No. 77-2014 al Proyecto Hidroeléctrico Jilamito bajo categoría tres.
En enero de 2015, Emin J. Abufele Marcos y Herramientas Manuales Centroamericanas, S.A. (HERMACASA) establecen la empresa de Desarrollos Hidroeléctrico Jilamito S.A. (DEHJISA). Para febrero de 2017, esta empresa se fusionó con Inversiones de Generación Eléctricas, S.A. de C.V. (INGELSA), ambas empresas contaban con Jorge Emin Abufele Marcos como socio.
Entre la creación de DEHJISA y su posterior fusión con INGELSA, los pobladores del municipio de Arizona en cabildo abierto en noviembre de 2015 decidieron por mayoría declarar su territorio libre de minería e hidroeléctricas pese a pretensiones de manipular el cabildo por parte de las autoridades locales. Esta resolución fue ratificada en dos ocasiones más, una el 24 de marzo de 2019 y el 28 de diciembre de 2020. Pese a la negativa de los pobladores del municipio de Arizona, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su rama empresarial BID-Invest y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) han decidido financiar el 74.1 % del costo del proyecto que está valorado en US$75,561 millones.
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SAGACIDAD AL SERVICIO DE LA ILEGALIDAD
A partir de la configuración histórica expuesta anteriormente queda claro que el Proyecto Hidroeléctrico en el río Jilamito fue concebido de la mano de su similar en el río Mezapita –siempre en el municipio de Arizona– mucho antes que fuese aprobada la Ley General de Aguas en agosto de 2009. Asimismo, pese a que el proyecto no fue socializado, la SERNA emitió la resolución No.1429-2013 en la que declara con lugar la solicitud de licencia ambiental pese a que el mismo documento establece que aún no se había realizado la socialización entre las comunidades.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), a través de su coordinador Víctor Fernández, sostiene que en Arizona más que conflictos existen violencias ejercidas por funcionarios públicos del Gobierno quienes toman decisiones e imponen sin contar con el consentimiento de las comunidades. «El funcionario de la SERNA que firmó el estudio de factibilidad, la trata de aguas y la licencia ambiental, nunca estuvo acá. Y desde allá desarrolló una conducta distante y soberbia de entregar lo que no es de él. Es violento que un funcionario desconozca esa relación que tiene la gente, ocultándole la información y metiendo militares y policías a la zona para imponer un proyecto», expone Fernández.
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El abogado explica que el orden jurídico para este tipo de proyectos es: primero autorizar el estudio de factibilidad, segundo tramitar el licenciamiento ambiental, tercero firmar los contratos de generación de energías y comercialización con la ENEE y SERNA para posteriormente ser aprobados por el Congreso Nacional y ser publicados en La Gaceta.
Pese a esto, en el caso de la concesión del río Jilamito, Criterio.hn comprobó que inicialmente se firmaron el contrato de suministro con la ENEE [junio 2010] y la contrata de aprovechamiento de agua [noviembre 2011] y el contrato de operación para la generación, transmisión y comercialización de potencia y energía eléctrica [septiembre 2012] con la SERNA, pero paradójicamente fue hasta diciembre de 2013 que se declaró con lugar la solicitud de licencia ambiental.
Es así como se explica que pese a estar firmados desde 2011 y 2012, la contrata de agua y el contrato de generación, estos no fueron publicados en La Gaceta sino hasta junio 2014. El compromiso ya estaba adquirido sin licencia ambiental; sin embargo, para simular apego legal estos no fueron publicados en el diario oficial hasta que se declaró con lugar la solicitud de licencia ambiental.
«La corrupción es esta. La entrega de 24 ríos en el departamento de Atlántida bajo esa forma de violencia […] funcionarios que están coludidos con la empresa privada para hacerse del botín más generoso, que es el tema de la generación de energía, con contratos que solo implican ganar, ganar y ganar», plantea Fernández.
Ante estos hechos que involucran una posible colusión entre funcionarios públicos y empresa privada, el MADJ presentó en octubre de 2020 ante la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público una denuncia por «hechos que podrían configurar la comisión de los delitos de fraude y abuso de autoridad ejecutados por funcionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y socios de las sociedades mercantiles Inversiones de Generación Eléctrica S.A. (INGELSA), Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V. (SEMSA) y otras diez sociedad mercantiles que se concertarían para favorecerse ilegalmente de la contratación para el suministro de potencia y su energía asociada con recursos renovables al margen de la Licitación Pública Internacional 100-1293-2009». Así como una investigación en relación con las «irregularidades en el licenciamiento ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito».
Con relación a INGELSA y sus socios, Fernández opina que es una empresa mercantil interesada en acumular capital a costa del municipio de Arizona y del país. «Sus socios y accionistas, Emin Abufele y todos estos, son una estructura gansteril de este país. […] Ya tienen otros dos proyectos acá. Y vienen con otro». Además, agrega que forman «parte de la estructura empresarial […] que está interesada en seguir saqueando y sacando plata del Estado”.
En la tercera entrega de este especial, Criterio.hn ahonda en la subvención monetaria por parte de agencias financieras y de cooperación en el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito y el impacto sobre las comunidades que rechazan proyectos extractivistas.
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Un comentario
Exelente investigacion mucha dedicacion