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 Propuesta de Honduras sobre CICIH se mantiene, pero descarta que sea acusador privado

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Tegucigalpa.- El gobierno de Honduras reveló el contenido de la contrapropuesta que entregó a Naciones Unidas en respuesta al memorándum de entendimiento para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras, descartando que el mecanismo se convierta en un acusador privado.

El canciller de la república, Enrique Reina, tras la exigencia de sectores de la sociedad, develó el contenido de la contrapropuesta del gobierno a Naciones Unidas que permita logran un entendimiento y avanzar en la conformación del mecanismo internacional anticorrupción.

“Para mayor transparencia y como una muestra inequívoca de la voluntad política de la presidenta Xiomara Castro para luchar contra la corrupción, hacemos público los cambios propuestos por el gobierno de Honduras al borrador de entendimiento para el establecimiento de la CICIH”, informó.

El equipo de Criterio.hn comparó el memorándum preliminar de entendimiento de Naciones Unidas frente a la contrapropuesta del gobierno evidenciando que, en su mayoría, el documento se conserva, sin embargo, la propuesta del gobierno se ampara en la independencia de poderes, atribuciones del Ministerio Público y garantizar el respeto a la Constitución.

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En cinco puntos de los 17 que contempla el memorándum, el gobierno realizó cambios al contenido siendo el más relevante que elimina que el mecanismo internacional “se constituya como un acusador privado”, pero deja abierta la posibilidad de reformas legales que permitan, a futuro, fortalecer al ente.

El punto 6 de la propuesta de Naciones Unidas indica que “los participantes reconocen que sería necesario la adopción de todas las formas que permitan al futuro mecanismo internacional realizar investigaciones de forma independiente, así como constituirse como constituirse en acusador privado”, mientras que el gobierno cambió a “considerando la independencia de poderes del Estado constituidos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, las partes reconocen que sería necesario la adopción de reformas legales que permitan al futuro mecanismo en la realización de investigaciones para el ejercicio de las acciones de forma independiente”.

Lo anterior evidencia que la CICIH no será ni acusador privado ni tendrá la facultad de librar requerimientos fiscales contra implicados en corrupción como lo demanda la ciudadanía, un organismo “con dientes”.

Cabe indicar que el Ministerio Público es el único organismo con la facultad de la acción penal pública, según el artículo 232 de la Constitución de Honduras, es decir, solo la Fiscalía puede librar requerimientos fiscales, por lo que pretender atribuir esa función a un mecanismo internacional requeriría una reforma constitucional que, al menos, podría conllevar dos años para su aprobación.

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El gobierno también acepta que se inicie con la fase I que contempla el envío de otro equipo de expertos de Naciones Unidas quienes deberán realizar un diagnóstico de instrumentos legales, instituciones y capacidades existentes en la lucha contra la corrupción, debiendo hacer recomendaciones sobre la necesidad de derogar, abrogar, reformar o crear nuevas normativas, pero dejan claro que serán tomadas en cuenta “siempre que no lesionen los derechos y libertades garantizadas en la Constitución y respetando las atribuciones e independencia de los poderes del Estado”.

Es importante señalar que el punto 7 establece que el acuerdo entre el gobierno y Naciones Unidas se concretará una vez que ambas partes hayan evaluado e implementado las recomendaciones del grupo de expertos, situación que extenderá el periodo para la instalación de la misión.

El punto ocho contempla la fase II que es la definición clara y precisa de las funciones, acciones y resultados esperados del mecanismo y la identificación y nombramientos de los funcionarios nacionales e internacionales que integrarán el mismo, así como la ubicación de instalaciones y el mecanismo financiero para poder operar.

 Todas las demás demandas de Naciones Unidas se conservan casi intactas con la salvedad que el gobierno hace hincapié en un buen funcionamiento del mecanismo que permita la restauración del estado de derecho y la “reconciliación nacional”.

Añaden en los considerandos, que las elecciones de noviembre “expresan la voluntad del pueblo a favor de un gobierno de reconciliación nacional, que revierta los daños de que ha sido víctima a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, condenado unánimemente por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), y que por doce años impuso un régimen de facto corrupto y narcotraficante, como ha sido evidenciado por el mecanismo internacional de la MACCIH y los fiscales de los EE.UU”.

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REACCIONES EN CONTRA  

La exclusión que la CICIH se convierta en un acusador privado ha generado el descontento y desaprobación de diversos sectores que señalan que sin esa atribución especial el organismo sería una copia de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que estaba limitada al Ministerio Público, a través de la fenecida Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

“Si no es para impulsar procesos serios de investigación que conduzcan eficazmente a enjuiciar a corruptos y criminales, ¿Para qué servirá la CICIH? No queremos burocracias, queremos instancias con dientes filosos para morder la impunidad con firmeza y decisión”, cuestionó el reconocido sacerdote jesuita y director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ).

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Joaquín Mejía, experto en derecho constitucional y derechos humanos. (Foto: Criterio.hn)

Para el abogado experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, la ciudadanía demanda una CICIH con facultades investigativas, independiente y que pueda enjuiciar directamente a los implicados en corrupción no un organismo similar a la MACCIH.

“La ciudadanía no quiere otra MACCIH, veremos si realmente hay voluntad política tanto del Ejecutivo como del Legislativo para cumplir las demandas ciudadanas de una CICIH «con dientes», expresó.

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Por su parte, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) instó al gobierno otorgar a la CICIH las facultades que espera y exige la ciudadanía respetando la promesa de campaña que los llevó al poder de la nación.

“Es importante que un mecanismo internacional de lucha contra la corrupción tenga los dientes suficientes y los dientes de un mecanismo de esta naturaleza se llama independencia para investigar, para judicializar los casos… Hago un llamado al gobierno de Honduras, a la presidenta Xiomara Castro, que recordemos que si hubo algo que movilizó a la ciudadanía a votar por la alianza fue el compromiso de traer una CICIH con dientes”, pidió.

La extinta MACCIH, en un principio, se cuestionó que no tenía atribuciones especiales, pese a eso, presentó 13 casos de corrupción en los que sindicó a más de 130 personas incluidos exdiputados, diputados, funcionarios, exfuncionarios, algunos empresarios, entre otros.

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