Papel de la sociedad civil en asuntos públicos

De la primera a la segunda comisión anticorrupción

Por: Arabeska Sánchez

Sera continuidad o habrá verdadero cambio de timón en la ya anunciada CICIH, esta es una de las principales preguntas que muchos nos hacemos cada vez que leemos algo relacionado a este tema o releemos los cinco informes más importantes que habría dejado la MACCIH tras su cierre luego del infortunado decreto que le dio su último adiós en medio de la temporada COVID.

Vale la pregunta en vista de que en aquella ocasión se realizó un fuerte esfuerzo por dejar capacidades investigativas y procesales ya instaladas, comenzando por los tribunales especiales contra la corrupción que ya han tenido un importante fogueo con los casos ya sentenciados, además de un Ministerio público que si bien en su momento fortaleció toda una fiscalía que se ha preparado para encabezar las acusaciones contra los actos que constituyen delitos de corrupción apuntando sus esfuerzos en contra de exfuncionarios y/o funcionarios involucrados en ese tema.

Se suman los avances de la misma sociedad civil que ya se formó para hacer sus propios estudios y participar de proyectos de prevención, a la cual hemos visto en numerosos foros, debates, participaciones en audiencias como paciente publico observador del desarrollo de los juicios entre otras acciones que se enmarcan en la llamada veeduría ciudadana, siempre presta a denunciar cuando algo no ha salido como se esperaba en el desempeño institucional.

Las pistas para encontrar la respuesta estarían en la revisión de los mecanismos de selección que deja esa primera comisión como experiencia validad de lecciones aprendidas, haciendo énfasis en que tan alta ha quedado la vara en cuanto a los criterios de escogencia de cada uno de los personajes que hoy conforma este sector anticorrupción.

También los nuevos acuerdos que estarían siendo los pilares fundamentales de la nueva estructura de trabajo que desde el principio nos harían ver las nuevas demandas de o líneas de trabajo que esta segunda experiencia de comisión anticorrupción traería: pues dependiendo de las necesidades a cubrir así habrán de ser las capacidades para formar y/o asesorar.

 Los tiempos parecen ser muy favorables para que este segundo enfrentamiento contra la corrupción suceda; esta vez, al igual que la vez pasada, no se parte de cero, pues la data de leyes que sirven de base para el juzgamiento de estos casos viene desde los noventa una de las ultimas por cierto aporte importante que un equipo fiscal haría en la ley antilavado de activos.

Se asoman puntos interesantes entre las propuestas dadas al público a través de medios, la siempre ansiada independencia de instituciones que encabezan la investigación que no es otra cosa mas que colocar un principio de objetividad en los procesos investigativos que va mucho más allá de la actitud politizada con la que muchas veces se termina escogiendo que casos pasan al estrado de un juez y cuáles no.

Lo que si queda claro es que no parece existir tanta incertidumbre, pues esta vez ya quedan de forma temprana ciertas reglas, como es el caso de los periodos de tiempo que está llevando el establecimiento real de la comisión -al 2023 según parece-, el acostumbrado diagnostico con que inicia casi todo esfuerzo de país en cualquier área de trabajo para saber al menos como se reciben las situaciones para luego decir cómo se despiden, en otras palabras si hubieron cambios entre la entrada y la salida, y si estos cambios han sido positivos o no más allá del número de casos contabilizados como logro anual -las circunstancias en que se han llevado a cabo y los costos que los equipos investigativos tienen en cuanto a riesgos y desgaste se refiere.

Mientras las dos partes negociadoras terminan de consolidar el convenio de entendimiento que desde ya se desea conocer, esperemos que el sistema anticorrupción que ya funciona teniendo al MP como caballito de batalla en el requerimiento fiscal, no pierda sus ánimos, pues aquella porción de la población que una vez pidió -con sus antorchas en alto- fortalecer más que las instituciones, el principio anticorrupción… les sigue apoyando. Hasta la próxima entrega, que estemos bien.

  • Arabeska Sánchez
    Abogada penalista. Especialista en criminología, con maestría en Seguridad Humana y Administración de Proyectos. Docente en la Universidad de la Policía de Honduras. Consultora internacional en criminología y seguridad. test2@test.com

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