Honduras no es la excepción a este tipo de proyectos financiados por bancos de desarrollo, los cuales prometen progreso, mientras violentan los derechos humanos de las comunidades. Uno de los ejemplos de este tipo de accionar fue la concesión ilegal del río Gualcarque, que condujo al asesinato de varios defensores del territorio, entre estos la lideresa lenca, Berta Cáceres
Portada: Proyecto sobre el río Petacón en la comunidad de Reitoca al sur de Francisco Morazán, donde la comunidad se opone al proyecto hidroeléctrico de Progelsa. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- Representantes del Congreso de Estados Unidos promueven iniciativa de ley que busca impulsar políticas que garanticen que los bancos de desarrollo no respalden proyectos que vulneren derechos humanos y se repare a las comunidades que fueron afectadas por estos en el pasado.
La propuesta legislativa, llamada Ley de Reparaciones de Instituciones Financieras Internacionales de Chixoy, fue presentada por los representantes Jesús “Chuy” García y Jan Schakowsky, ambos del estado de Illinois; con el acompañamiento de Ilhan Omar por Minnesota, Mark Pocan de Wisconsin y Raúl Grijalva por Arizona.
“El llamado «desarrollo» nunca debe tener el precio de violaciones de los derechos humanos. Pero a pesar de sus obligaciones bajo el derecho internacional, las IFI [instituciones financieras internacionales] han sido implicadas repetidamente, dejando a las comunidades afectadas sin opciones de recurso o reparación”, afirmó el representante García sobre la iniciativa legislativa.
Garcia agregó que presentó este proyecto de ley como parte de una discusión más amplia que se debe tener sobre la prevención de abusos a los derechos humanos por parte de los bancos de desarrollo y la creación de mecanismos de recurso independientes para hacer que esas instituciones rindan cuentas.
¿QUÉ IMPLICA LA INICIATIVA DE LEY?
La iniciativa legislativa, presentada en diciembre de 2022, ayudaría a crear un mecanismo de recurso para las víctimas de violaciones de derechos humanos asociadas con proyectos apoyados por instituciones financieras internacionales. A la vez que ordenaría a los representantes estadounidenses en las IFI que consideren los derechos humanos y los riesgos de corrupción antes de aceptar apoyar un proyecto propuesto.
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El proyecto de ley lleva el nombre de las comunidades indígenas guatemaltecas que fueron torturadas, violadas, asesinadas y desplazadas a la fuerza cuando el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiaron la construcción de la represa Chixoy en Guatemala, señala el comunicado de prensa publicado en el sitio web del representante García.
Previo a la presentación de la iniciativa, el congresista García se reunió con dos defensores del territorio que buscan justicia para la comunidad de Chixoy. Uno de ellos, Juan de Dios García, quien indicó que por más de 40 años el pueblo maya ha sufrido violaciones a sus derechos humanos, ambientales, culturales, sociales y económicos.
“Las inversiones de las entidades financieras internacionales no son todas las previstas y los resultados han sido desastrosos. Hoy abre un faro de esperanza para nosotros con la introducción de la Ley de Reparaciones de Instituciones Financieras Internacionales Chixoy de 2022. Crea un camino para que encontremos justicia”, manifestó el defensor guatemalteco.
HONDURAS, BANCOS DE DESARROLLO Y PROYECTOS EXTRACTIVISTAS ILEGALES
Los millonarios préstamos otorgados por parte de instituciones financieras internacionales a proyectos que supuestamente buscan desarrollo, pero que terminan violentando los derechos de las comunidades donde se implementan los mismos ha dejado un río de lágrimas y sangre a lo largo de Latinoamérica.
Honduras no es la excepción a este tipo de proyectos que prometen desarrollo, mientras violentan los derechos humanos de las comunidades. Uno de los ejemplos más publicitados fue la concesión ilegal del río Gualcarque en Intibucá, occidente de Honduras, que condujo al asesinato de varios defensores del territorio, entre estos la lideresa lenca, Berta Cáceres.
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En julio del año pasado, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Bertha Zúniga Cáceres, dijo a Criterio.hn que existe una “confianza ciega” por parte de estos bancos de desarrollo con las empresas con las cuales se asocian, algo que ocurrió en el caso del propio David Castillo, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), quien era uno de los contactos principales del FMO [banco de desarrollo holandés].
Zúniga Cáceres señaló que el banco de desarrollo continuó su relación financiera con DESA pese a las denuncias que se realizaron, por lo que desde el Copinh se maneja que hubo complicidad entre el FMO y DESA.
Esta inacción por parte del banco de desarrollo pese a las denuncias, motivó que el Copinh presentara, el 28 de junio pasado, ante la oficina del fiscal general de Holanda una denuncia penal contra el banco FMO y sus directivos, por suponerlos responsables de los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en su financiamiento al proyecto Agua Zarca.
En la costa norte de Honduras, específicamente en el municipio de Arizona, Atlántida, las comunidades se enfrentan a la imposición de un cuarto proyecto hidroeléctrico en dicho municipio, precisamente en el río Jilamito, única fuente de agua que queda para el consumo humano en esa zona.
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La población de Arizona con el acompañamiento del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) mantienen la exigencia para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desista del préstamo prometido a la empresa INGELSA.
El coordinador conjunto del MADJ, Martín Fernández, expresó a Criterio.hn en el marco de la visita del director de corporación financiera de EE UU a Honduras en julio de 2022, que “estas estructuras financieras internacionales terminan apoyando […] a los sectores económicos que tienen como práctica la acumulación escandalosa de la riqueza, el saqueo de lo público y lo comunitario a cualquier costo; fundamentalmente a través de la corrupción, la violencia y múltiples violaciones a derechos humanos individuales y colectivos”.
