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Visita de director de corporación financiera de EE UU a Honduras preocupa a defensores del territorio

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Foto: Redes sociales de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Al centro el director general de la DFC, Scoth Nathan, junto a la embajadora estadounidense Laura Dogu y un ejecutivo de la banca privada.

Redacción: Marcia Perdomo

Tegucigalpa. – La presencia del director general de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los Estados Unidos, Scoth Nathan, genera resquemor entre los defensores del territorio en Honduras.

El representante de la DFC de los Estados Unidos se encuentra de visita en Honduras bajo la justificación de “promover el desarrollo liderado por el sector privado en el país y la región norte de Centroamérica”.

Durante su visita al país sostuvo reuniones con funcionarios del gobierno y la comunidad empresarial. Asimismo, participó en el lanzamiento de una garantía de cartera de préstamos que estaría respaldando a pequeñas y medianas empresas en Honduras, según informó la embajada de Estados Unidos en Honduras.

No obstante, su visita genera preocupación entre defensores del territorio en Honduras debido a los lazos que la DFC ha sostenido con empresas extractivistas en la región. Como ocurrió con Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima (INGELSA), la cual pretende imponer la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Jilamito en Arizona, en el departamento de Atlántida, Honduras.

Si bien la DFC terminó retirando el préstamo que había prometido por USD 35,750 millones, correspondiente al 47.3% del total del capital requerido —cuyo costo total era de USD 75,561 millones— la amenaza de perder una de las últimas fuentes de agua para consumo humano en el municipio de Arizona, permanece.

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En su momento, la DFC no dio razón para dicha decisión, excepto que fue tomada después de “un período prolongado de debida diligencia”. Sin embargo, se conoce que previo a la decisión, activistas en Honduras y Estados Unidos a través de una carta instaron a la agencia a abandonarlo, estableciendo paralelismos del proyecto con el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, una destacada activista que lideró la oposición a un proyecto hidroeléctrico similar en Honduras.

LA EXPERIENCIA DFC Y EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EN EL RÍO JILAMITO

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) está al frente de la lucha contra la imposición de un cuarto proyecto hidroeléctrico en Arizona, precisamente en el río Jilamito, única fuente de agua que queda para el consumo humano en dicho municipio

El integrante del MADJ, Víctor Fernández, dijo a Criterio.hn que esta visita les preocupa mucho, puesto que “estas estructuras financieras internacionales terminan apoyando […] a los sectores económicos que tienen como práctica la acumulación escandalosa de la riqueza, el saqueo de lo público y lo comunitario a cualquier costo; fundamentalmente a través de la corrupción, la violencia y múltiples violaciones a derechos humanos individuales y colectivos”. 

Fernández señaló que esta es la experiencia del MADJ en el caso del proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito y que está siendo promovido por la empresa INGELSA, propiedad de Emin Jorge Abufele Marcos y —a través de Herramientas Manuales Centroamericanas Sociedad Anónimas (HERMACASA)— de la empresa de capital estadounidense Simonds Industries Inc.

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El profesional del derecho apuntó que, si bien la DFC retiró el apoyo económico a INGELSA, este desconoció que esa “empresa y el régimen hondureño pretendían aplastar la dignidad de cerca de 30 mil habitantes de Arizona, Atlántida”.

Agregó, que desde la DFC también se desconoció que el proyecto violentaba el derecho humano al agua potable de miles de personas, así como su participación política y el derecho a un ambiente sano y allanaba el camino para la destrucción del Refugio de Vida Silvestre Texiguat, entre otros.

“Parar a INGELSA y a la DFC ha implicado un gigantesco esfuerzo popular que ha costado vidas, desplazamientos, criminalización, amenazas y muchos otros ataques que el nuevo gobierno debería evitar a toda costa”, afirmó Fernández.

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En relación al porqué entidades como la DFC y el banco de desarrollo holandés FMO, se involucran en proyectos extractivos inconsultos como las represas hidroeléctricas en los ríos Jilamito en Arizona, Atlántida y Gualcarque en Intibucá, Intibucá. El defensor del territorio expresó que “la banca internacional, privada y multilateral, son el brazo financiero que sostiene el despojo y saqueo de nuestro pueblo por parte del gran capital”.

Señaló que estas, como “parte de la conspiración que lideran los grupos económicos para saquear la riqueza de los pueblos, no cumplen ni con sus propias normas de control y autocontrol”.

Algo que ocurrió con el FMO, que pese a las advertencias de la lideresa Berta Cáceres previo a su asesinato, el banco de financiamiento holandés continuó subvencionando a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

“Financiando la muerte y múltiples crímenes contra el pueblo Lenca. No les importó y se volvieron sordos y hasta se burlaron de las denuncias de las víctimas y las organizaciones”, dijo Fernández.

El dirigente del MADJ concluyó: “El FMO financió un supuesto desarrollo que ellos mismos sabían o debían saber que era y es falso. Siempre hicieron lo que quisieron porque además de abusadores tienen confianza y certeza de su impunidad. Por eso es clave someter a los grupos económicos criminales y a la banca, al imperio de la justicia de los pueblos y que el desarrollo lo definan e implementen las comunidades, y no estos grupos criminales que abusan de los discursos desarrollistas que han terminado enlutando y empobreciendo a gran parte de la humanidad”.

“Parar a INGELSA y a la DFC ha implicado un gigantesco esfuerzo popular que ha costado vidas, desplazamientos, criminalización, amenazas y muchos otros ataques, que el nuevo gobierno debería evitar a toda costa”: Víctor Fernández, coordinador del MADJ.

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