Primo del presidente del Poder Judicial fue electo diputado violentando la Constitución

Abogado, Jhonier Fernández, impugnó su candidatura ante el TSE sin lograr que esta instancia actuara

Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-Roy Dagoberto Cruz Pérez, resultó electo como diputado el pasado 26 de noviembre, según los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pese a que por ser primo del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, no debió aspirar a ese cargo porque la Constitución lo prohíbe.
Lo anterior lo denunció este lunes el profesional del derecho, Jhonier Fernández, quien ha recurrido a las instancias del Estado correspondientes para evitar la consumación de este hecho, sin lograr hasta el momento su objetivo que está estipulado en el artículo 199 de la Constitución de la República, que establece que no pueden ser candidatos a diputado los parientes en el cuatro grado consanguinidad y segundo de afinidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

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El mismo precepto constitucional fue violentado durante las elecciones de 2005 por el ahora presidente, Juan Hernández. En aquella oportunidad Hernández fue electo diputado por el departamento de Lempira bajo las filas del Partido Nacional, siendo cuñado de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Elena Matute de Hernández.
EL PRIMO DE ROLANDO ARGUETA
Roy Dagoberto Cruz Pérez ya recibió la credencial del TSE que lo acredita como diputado electo por el departamento de Copán, bajo las filas del Partido Nacional y asumirá oficialmente su cargo el 25 de enero con la instalación de la primera legislativa del periodo 2018-2022.

El abogado Jhonier Fernández impugnó el 1 de octubre de 2017 la candidatura del primo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, ante el Tribunal Electoral. Sin embargo esta institución no procedió e incluso Fernández denunció que en dicha instancia se ha detenido el proceso y se le ha negado la prestación del expediente de mérito.
Además de dicha acción pidió una opinión al Registro Nacional de las Personas (RNP) para que esta otra institución del Estado se pronunciara sobre el vínculo sanguíneo que existe entre el diputado electo y el presidente del Poder Judicial.
El abogado, quien es además defensor de los derechos humanos, vaticinó que probablemente, tanto el TSE como el RNP emitan sus dictámenes una vez que el parlamentario concluya su periodo para el cual fue electo.

“Estamos molestos porque en el país la institucionalidad no está respetando el debido proceso”, expresó Fernández al salir hoy de la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso de inconstitucionalidad.

Lo que estipula el artículo 199 de la Constitución de la República:

No pueden ser elegidos diputados:
El Presidente y los Designados a la Presidencia de la República;
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia;
Los Secretarios y Subsecretarios de Estado;
Los jefes militares con jurisdicción nacional;
Los titulares de los órganos superiores de dirección, gobierno y administración de las instituciones descentralizadas del Estado;
Los militares en servicio activo y los miembros de los cuerpos de seguridad o de cualquier otro cuerpo armado;
Los demás funcionarios y empleados públicos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que determine la ley; excepto aquellos que desempeñen cargos docentes y de asistencia de salud;
Los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones;
El Procurador y Subprocurador General de la República, Contralor y Subcontralor General de la República y el Director y Subdirector de Probidad Administrativa;
El cónyuge y los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los citados en los numerales 1, 2, 4, 8 y 9 precedentes, y del Secretario y Subsecretario de Estado en los Despachos de Defensa y Seguridad Pública;
El cónyuge y los parientes de los jefes de las zonas militares, comandantes de unidades militares, delegados militares departamentales o seccionales, delegados de los cuerpos de seguridad o de otro cuerpo armado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cuando fueren candidatos por el departamento donde aquellos ejerzan jurisdicción;
Los concesionarios del Estado para la explotación de riquezas naturales o contratistas de servicios u obras públicas que se costeen con fondos del Estado y quienes, por tales conceptos, tengan cuentas pendientes con éste;
Los deudores morosos de la Hacienda Pública.
Estas incompatibilidades e inhabilidades afectarán a quienes desempeñen los cargos indicados dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección.