Presentan amparo a favor de 17 familias lencas desalojadas en Siguatepeque

“Nos sorprende que el INA sabiendo que la Ley de Reforma Agraria, debe otorgarle la tierra a quienes la trabajan y a quienes la van a producir y cultivar, se lo otorgaron a una persona, pues que no tiene nada que ver con el tema”, Kenia Oliva

Tegucigalpa.- El Consejo Indígena de Río Bonito interpuso una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidiendo que sus derechos a la propiedad colectiva sean reconocidos y restituidos, tras ser desalojados el pasado 14 de junio de este año.

De igual forma, solicitaron a la CSJ ordenar medidas cautelares para garantizar los derechos integrales de la comunidad, ubicada cerca de las Cuevas de Taulabé en Comayagua, explicando que a causa de la omisión del Instituto Nacional Agrario (INA), cuatro personas de la comunidad han sido criminalizadas y enfrentan cargos penales.

Las y los representantes de las 17 familias afectadas fueron acompañados por el Bufete Justicia para los Pueblos, Centro de Derechos de Mujeres y el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos.

Tras la expulsión forzada del 14 de junio, 52 personas –entre adultos mayores, niñez y personas adultas—quedaron sin hogar.

María de la Cruz Lazo, parte de las familias afectadas. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn

María de la Cruz Lazo es una de las 52 personas, que junto a sus nueve hijos fueron desalojados y su casa destruida. La afectada contó a Criterio.hn que ellos tienen más de 10 años de trabajar la tierra y ahora que la finca ya está cosechando, fueron desalojados y sus casas destruidas.

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“Yo tengo una manzana de finca con gran sacrificio, vendiendo hasta mis animales para construir mi finquita y ahí, así nos sacó. No es justo que nosotros los pobres suframos. Miré ve, yo trabajo lavando ajeno, criando gallinas, logre construir mi finquita, tengo una manzana de finca, tengo nueve hijos y  oiga bien, ahora andar en casa posada”, narró Lazo. 

LA BUROCRACIA DEL INA EN CONTRA DE LA COMUNIDAD DE RÍO BONITO

De acuerdo con la explicación compartida en el comunicado de prensa, el INA ignoró por más de 10 años las solicitudes de registro como tierras colectivas de la comunidad. Esta negligencia permitió que un tercero tomara medidas que llevaron a la criminalización de miembros de la comunidad, se realizara el desalojo, con la consiguiente destrucción de las casas.

La abogada del Bufete Justicia para los Pueblos, Kenia Oliva, contó a Criterio.hn que, pese a que la comunidad solicitó la adjudicación de las tierras fiscales, el INA enredó el procedimiento en trámites burocráticos, hasta que otorgaron la misma a un topógrafo con residencia en San Pedro Sula, quien habría trabajado para el Instituto Hondureño del Café (Ihcafe).

Kenia Oliva, abogada del Bufete Justicia para los Pueblos. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn

“Nos sorprende que el INA sabiendo que la Ley de Reforma Agraria debe otorgarle la tierra a quienes la trabajan y a quienes la van a producir y cultivar, se la otorgaron a una persona que no tiene nada que ver con el tema”, señaló Oliva.

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La profesional del derecho apuntó que también solicitan al INA que anule el título de oficio. Sin embargo, recalcó que “Lo más grave de todo, es que a ellos los han expulsado sin una orden judicial. La policía de Siguatepeque llegó con el terrateniente, llegó armado él, con hombres civiles también armados, a sacar a las familias de ese lugar, les quitaron todo el café que está cultivado, son más de 30 manzanas de café cultivadas y lo que les han dicho es que ellos deben de comprar esa tierra”.

En Guanchías, Yoro, al menos 100 manzanas de cultivos –entre ellas milpas de maíz, entre otros granos básicos y legumbres–  fueron destruidas, el pasado 9 de agosto. La acción perpetrada por la Policía Nacional pone en riesgo la seguridad alimentaria de dicho sector que depende de estos cultivos para subsistir.

El presidente de la Federación Nacional de Campesinos Hondureños (Fenach), Julián Valdez, responsabilizó a las autoridades del INA por no realizar las investigaciones correspondientes.

En esa ocasión, Criterio.hn publicó que las organizaciones campesinas denunciaban que, desde la instalación de la Comisión de Seguridad Agraria, los campesinos y campesinas han sido víctimas de desplazamiento forzado, agudizando la problemática agraria.

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  • Marcia Perdomo
    Amante de la historia y la lectura, en permanente búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de una sociedad asfixiante. Investigo y construyo reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general. marciaperdomo@criterio.hn

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