Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. Ante la falta de una cohesión opositora en el Congreso Nacional, que permita acciones que esclarezcan y castiguen a los responsables de la quiebra del instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), anunciaron ayer que retomarán las protestas en las calles. Los parlamentarios hicieron el anuncio este martes en los bajos del Poder Legislativo, durante un platón en el que hubo poca asistencia de manifestantes y al que asistió el expresidente y jefe de bancada de esa institución política, Manuel Zelaya y la excandidata presidencial, Xiomara Castro de Zelaya.
La protesta fue convocada por la dirigencia de Libre, con invitación extensiva al pueblo hondureño en general; el mensaje no tuvo eco, porque al fueron pocos los que llegaron al lugar y quienes lo hicieron flamearon la bandera de este partido y corearon la música que los identifica. CRITERIO entrevistó al diputado Jari Dixon Herrera, quien señaló que la nueva estrategia de regresar a las calles es porque es difícil que desde el Congreso se haga algo para castigar y llegar al fondo del descalabro financiero del IHSS y de otras instituciones del Estado que han corrido la misma suerte.
Herrera apuntó que una de las propuestas de Libre es entablar un juicio político contra el presidente Juan Hernández, por actos de corrupción ligados a la entidad, tomando en cuenta que un medio de comunicación ha mostrado pruebas que parte de los fondos del latrocinio fueron trasladados al Partido Nacional y a su comisión de campaña. El parlamentario manifestó que su partido está consciente que es casi imposible lograr el juicio político para el presidente, ya que se requiere de tres cuartas partes de la totalidad de los diputados, es decir 96 votos y lamentablemente, muchos diputados de la oposición se han plegado al gobierno de turno, incluyendo diputados de Libre, que hoy son disidentes.
Al igual que la disidencia de Libre, hay diputados del Partido Anticorrupción (Pac) y del Partido Liberal, que están en esa misma línea, producto del trabajo bien estructurado del Partido Nacional, que ha dividido las fuerzas dentro del hemiciclo, añadió. A todas luces el proponer un juicio político por parte de Libre, no es más que una estrategia política, ya que ni aunque toda la oposición estuviera unida, lograría los 96 votos. La oposición suma 80 votos y el Partido Nacional cuenta con 48 diputados, por lo que se requeriría 16 votos del oficialismo.
Ante ese panorama, Herrera consideró que lo que resta es buscar el acompañamiento de la población, sin distinción de colores, porque el problema es de país y requiere del concurso de todos los hondureños para evitar que se sigan cometiendo abusos contra el pueblo. La propuesta del juicio político inició su curso el martes mediante una manifestación y continúa con una interpelación, “y así vamos ir presentado los proyectos necesarios, a la par de la movilización popular”, exteriorizó. El parlamentario vaticinó que el respaldo y la movilización popular, irá creciendo en la medida que se convoque a la población, porque ya hay un ambiente de indignación por parte de la gente. Asimismo, abrigó la esperanza que al final la oposición se unirá para sacar del poder a los nacionalistas.
OTRAS ACCIONES
Al pronunciar su discurso y al hacer referencia al latrocinio de las finanzas del IHSS, el expresidente Manuel Zelaya, propuso que se aplique el referéndum revocatorio, figura que no está contenida en la Constitución de Honduras.Según Zelaya, Hernández es responsable del fraude cometido contra la institución de seguridad social, que según cifras del Ministerio Público, asciende a casi 7,000 millones de lempiras, unos 350 millones de dólares. Zelaya, solicitó a Hernández que renuncie de la Presidencia, por suponerlo responsable de los actos de corrupción suscitados en el IHSS. “No aceptamos más esta democracia representativa, vamos a la consulta popular y a la soberanía del pueblo”, exclamó.
En ese mismo contexto se preguntó, ¿dónde está Transparencia Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos? Según el también jefe de la bancada de Libre, los organismos antes citados se han llamado al silencio pese a las pruebas fehacientes de corrupción que ligan al partido de gobierno. En su alocución, Zelaya hizo un llamado, no solo a los militantes de su partido, sino a toda la sociedad hondureña, para que inicien una jornada de movilizaciones a nivel nacional y para que se organicen en asambleas populares en todo el territorio nacional y así lograr la salida de los nacionalistas del poder.
Además de las movilizaciones, del juicio político y del referéndum revocatorio, los diputados de Libre, también anunciaron que pedirán al Consejo Ciudadano del Ministerio Público, la destitución del Fiscal General del Estado, Oscar Armando Chinchilla, por suponerlo cómplice del saqueo de los fondos del IHSS.
| LO QUE DICE EL JUICIO POLÍTICO
ARTÍCULO 234. Procede el juicio político contra el Presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional, cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño en su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal, la destitución del cargo será la única consecuencia derivada de la responsabilidad decretada mediante un juicio político. Cuando la denuncia fuere contra el Presidente de la República, la tramitación del proceso de enjuiciamiento y su destitución debe ser aprobada por las tres cuartas partes de la totalidad de los diputados; en los demás casos será por dos tercios de la cámara. El Presidente de la República solo puede ser destituido de su cargo por el Congreso Nacional mediante juicio político. La implementación del juicio político y sus efectos no son sujetos de control jurisdiccional y el decreto que al efecto se emita no requiere sanción del Poder Ejecutivo. El juicio político consta de dos (2) etapas: la etapa investigativa, que durará lo que el Pleno del Congreso Nacional determine, y la etapa de discusión y votación, que durará hasta cinco (5) días, contados desde la presentación del informe al pleno por parte de la comisión especial. |
