En los últimos años, varios jerarcas y mandos medios de la Policía Nacional han sido acusados de delitos graves como el lavado de activos y el tráfico de drogas.
Los casos más sonados son: el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y el ex subcomisionado Mauricio Hernández Pineda, quienes se declararon culpables de delitos relacionados a la narcoactividad en Estados Unidos, entre otros.
Tegucigalpa, Honduras. – La Policía Nacional es la institución encargada de velar por la seguridad de las y los hondureños, y para estar en sus filas se necesita honradez y compromiso para hacer cumplir la ley, sin embargo, algunos se olvidan de estos principios y son seducidos por el crimen organizado. En los últimos años varios jerarcas y mandos medios han sido acusados de lavado de activos y tráfico de drogas.
Estas acusaciones no solo empañan la reputación de la institución, sino que también socavan la confianza de la ciudadanía en la capacidad de la policía para proteger y servir de manera justa y efectiva.
En las cortes de Estados Unidos han desfilado varios narcotraficantes hondureños que han manifestado que miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) han participado y dado protección en actividades vinculadas al tráfico de droga.
Los casos más destacados son el del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en mayo de 2022 y en febrero de 2024 se declaró culpable de conspirar para importar cocaína a ese país norteamericano.
Otro caso es el del ex subcomisionado policial Mauricio Hernández Pineda, primo de los hermanos Hernández Alvarado, quien tenía una orden de extradición y se entregó a las autoridades estadounidenses en 2020. En febrero de 2024 se declaró culpable de delitos relacionados a la narcoactividad y este martes, 2 de julio, fue condenado a 15 años de prisión.
Un mes y dos días después de declararse culpable, el Ministerio Público ejecutó una serie de allanamientos y más de 37 aseguramientos a Hernández Pineda, los cuales fueron ampliados cinco días después.
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POLICÍAS INVOLUCRADOS EN LAVADO DE ACTIVOS
En el tema de lavado de activos, otro antagonista es el caso del ex subcomisionado de policía, José Orlando Leiva Natarén, acusado desde el 2018 por el Ministerio Público de lavado de activos.
El 2 de julio de 2024, el Ministerio Público informó sobre la privación definitiva de dominio sobre 42 bienes divididos en inmuebles, cuentas bancarias y vehículos, propiedad de Leiva Natarén y su esposa Nancy Patricia Sánchez Cruz.
Lo anterior en virtud que la defensa de los imputados no presentó recurso de apelación al fallo que obtuvo el Ministerio Público.
La fiscalía detalló que en total, los bienes que pasan al Estado son 29 cuentas bancarias, ocho vehículos y cinco bienes inmuebles, cuyos titulares de derecho son el ex subcomisionado José Orlando Leiva Natarén y su esposa Nancy Patricia Sánchez Cruz.
La fiscalía logró la privación definitiva de dominio de la sociedad mercantil Corporación Natarén S. D. R.L. (CONAR) dedicada a la compra, venta, distribución, importación y exportación de automotores y demás accesorios para vehículos, propiedad de los ciudadanos antes mencionados.
Leiva Natarén fue capturado en julio de 2018 en Estados Unidos, y desde ese año se espera que las autoridades hondureñas coordinen la extradición del imputado hacia Honduras.
Junto a Leiva Natarén es acusada su esposa Nancy Patricia Sánchez, quien también fue localizada en el país norteamericano. Tanto Leiva Nataren como Sánchez tienen orden de captura girada en Honduras el 15 de mayo de 2018.
De acuerdo a la investigación de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), Leiva Natarén en un período comprendido entre 2006 y 2017 presentó un comportamiento financiero atípico. El exsubcomisionado llegó a mover en el sistema financiero alrededor de L 913 millones, teniendo un incremento patrimonial injustificado de L 300 millones, de los cuales L 282 millones corresponden a las operaciones de la empresa CONAR, L 15 millones de Leiva Natarén y L 3 millones de su esposa.
El comunicado de la fiscalía establece que el monto por el cual se emitió esta sentencia y que no pudieron justificar tanto el exsubcomisionado y su cónyuge es de más de 313 millones de lempiras.
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Otro caso, es el del comisario en condición de retiro, Constantino Josué Zavala Laínez, a quien se le dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva por el delito de lavado de activos en perjuicio de la seguridad social del Estado, con el delito precedente de tráfico de drogas.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, el uniformado tuvo un incremento considerable en su patrimonio el cual no estaba ajustado a los ingresos que percibía en el ejercicio de su cargo.
El 1 de julio de 2024, la fiscalía obtuvo una sentencia en la que declaró el decomiso definitivo de bienes inmuebles, sociedades mercantiles y 29 cuentas bancarias del comisario en condición de retiro, Constantino Josué Zavala Laínez y su grupo familiar.
El fallo ratificado por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción recayó sobre dos bienes que se encuentran localizados en Tegucigalpa, Comayagüela y Nueva Aldea del Distrito Central, Francisco Morazán; 14 vehículos, tres sociedades mercantiles y 29 cuentas bancarias.
Las pericias del ente acusador, a través de la UF-ADPOL, señalan que durante el período comprendido de 2008 hasta el 2018, se encontró una incongruencia patrimonial de Zavala Laínez y su núcleo familiar de 74.4 millones de lempiras.
Los análisis financieros estipulan que el comisario en condición de retiro no justificó más de 16.8 millones de lempiras que estaban en su poder. También realizó movimientos financieros atípicos desde el 2011 hasta el 2017, donde se observó un incremento patrimonial significativo, manteniendo durante todo ese tiempo un saldo a favor de más de 11 millones de lempiras, incluido en ese monto 4,412.72 dólares.
De igual forma, se desconoce el origen de más de 4.5 millones de lempiras en depósitos en efectivo que éste hizo a las empresas Grupo de Seguridad y Servicios Electrónicos S. de R.L, Eagle Visión S.A de C.V y Alpha Design Studio S. de R.L.
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Los casos de Leiva Natarén y Zavala Laínez no son aislados. En años anteriores, otros altos mandos policiales como el excomisionado general de la Policía Nacional, Leonel Sauceda Guifarro, fueron acusados de lavado de activos.
En febrero de 2022, Sauceda Guifarro fue absuelto y se ordenó su libertad inmediata, ya que el Ministerio Público no pudo acreditar los delitos de lavado de activos y malversación de caudales.
