Tegucigalpa.- El dictamen de la Corte de Apelaciones sobre los recursos presentados en el caso de corrupción denominado Hermes, favorece a periodistas que fueron sobornados a cambio de emitir opiniones “favorables” hacia el extraditado exmandatario Juan Orlando Hernández, al señalar que no son objeto de responsabilidad penal.
La Corte de Apelaciones presidida por el propio presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, señalado de ser parte de la estructura criminal que instauró “JOH”, como popularmente se le conoce a Hernández, dictaminó que los 77 periodistas señalados de recibir sobornos no deben acusados penalmente pese que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) reveló que recibieron cheques bajo contratos ficticios de publicidad.
En el décimo quinto supuesto fundamento del dictamen sobre los recursos de apelación que se presentaron por el caso Hermes, los magistrados Argueta, Edgardo Cáceres Castellanos, Alma Consuelo Guzmán y Alba Leticia Suazo, liberan a los periodistas de una acción en su contra por parte de la Uferco, por lo que a continuación se describe tal cual el dictamen:
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Es importante señalar que cualquier acción tendiente a la realización de esa contratación, conlleva a distintos grados de participación, así como el estudio del conocimiento y la voluntad para la realización de las mismas, por lo que se reitera sobre la posición de garante de los imputados realizar la acción; sin embargo, es necesario señalar en que no existe un conocimiento o voluntad para realizar actos que producen hechos objeto de reproche penal por lo cual nos planteamos las siguientes preguntas:
¿Qué pasaría con las contrataciones de la empresa AID para con empresas de medios de comunicación o cualquier otra persona natural que se dedica al rubro de la difusión de publicidad en el caso que nos ocupa?
Para efectos de realizar una imputación penal tendríamos que hacernos las siguientes preguntas;
¿Qué tipo de actos preparatorios o de conspiración relacionados a defraudar el Estado bajo la ficción jurídica de una contratación directa para publicidad realizaron las personas naturales o jurídicas que contrató AID para proporcionar dicho servicio?
¿Tenían conocimiento previo u ostentaban una posición de garante por ordenamiento de la ley, para saber qué tipo de contratación había realizado la empresa AID con el Estado?
¿Qué fuentes de prueba pudiesen hacer inferir o deducir que las personas que contrató la empresa AID tenían pleno conocimiento del supuesto concierto previo entre los funcionarios públicos acusados con los representantes de la empresa AID y los imputados?
Frente a estas interrogantes, debemos señalar que los medios de comunicación terciarios u otras empresas naturales y jurídicas que se dedican a la difusión de publicidad no tienen un dominio de la acción de los imputados en el caso Hermes, de igual manera no tienen una relación directa o indirecta sobre la forma y el tipo de contratación que se elaboró por los funcionarios públicos aludidos.
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En el mismo dictamen, los magistrados libran de un posible requerimiento fiscal contra los periodistas al advertir al Ministerio Publico que dicha acción sería “improcedente” anticipando un veredicto que será utilizado por los periodistas a su provecho.
“Advertimos que estos medios de comunicación y personas naturales no tienen un dominio de ejecución sobre esa actividad, por consiguiente, dichos medios y personas no debe ser objeto de reproche penal ya que su actuar se desmarca del rango de la acción, tanto sobre el origen arbitrario en la elaboración del contrato de publicidad, así como lo relacionado al acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo”, detalla el fallo.
Lo anterior pretender desmeritar que existen indicios de responsabilidad penal por parte de 77 periodistas que fueron sobornados al recibir más de 98 millones por una empresa de fachada con quienes pactaron contratos falsos de publicidad a cambio de encumbrar la imagen de JOH frente a las implicaciones en corrupción y narcotráfico.
Según investigaciones de la Uferco, se creó una red de corrupción desde Casa Presidencial para sustraer 122.1 millones de lempiras durante los años 2014, 2015 y 2016, a través de la empresa de fachada Servicios e Inversiones AID, siendo la fenecida hermana de JOH, en ese entonces ministra de Comunicaciones y Estrategia, Hilda Hernández, quien solicitara la contratación directa de esta empresa.
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Servicios e Inversiones AID suscribió 29 contratos de manera directa, violentando la Ley de Contratación del Estado, con la supuesta prestación de servicios de manejo de publicidad a medios de comunicación televisivos, radiales, prensa escrita y digital, entregando un listado de 77 periodistas que recibieron 98 millones 313 mil lempiras.
El resto de los 122 millones, fue utilizado para compra de vehículos, boletos aéreos, pago de préstamos, construcción de vivienda, renta de vehículos blindados, elaboración de banderas para campaña política, pagos de planilla de una empresa mercantil y la compra de 102 hectáreas de extensión cultivada de palma africana, todas las personas afines al conservador Partido Nacional.
Se extendieron 2,227 cheques a nombre de 95 personas, 15 empresas y una transferencia, este caso Hermes es una línea de investigación del caso Pandora que develó el latrocinio de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas del Partido Nacional y Partido Liberal, el caso se encuentra en la impunidad.
