Tegucigalpa.- Las y los pobladores de la península de Zacate Grande en el sur de Honduras se movilizaron este jueves desde las 6:00 de la mañana exigiendo la libertad para Abel Pérez Ávila y Santos Hernández Ortíz, dos defensores de la tierra y el territorio privados de libertad bajo la figura de usurpación.
La protesta fue realizada en la calle que conduce a la aldea de Coyolito, perteneciente al municipio de Amapala, en el departamento de Valle, frente a la entrada a la comunidad de Playa Blanca.
A las y los pobladores organizados en la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza), se unieron habitantes del municipio de Namasigüe, en el departamento de Choluteca, quienes enfrentan una situación similar en cuanto al derecho de acceso a tierra.
“Los usurpadores son todo el club de Coyolito: los Atala, los Cassis, los Facussé, los Gutiérrez. Toda esa gente son los usurpadores que nos vinieron a usurpar, que nos vinieron a robar nuestro territorio y que hoy nos llaman usurpadores en los medios”, reclamó una de las personas que participó en la marcha, transmitida por la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande.
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Continuó el discurso, señalando que sus comunidades han sido militarizadas, e integrantes de la comunidad de Playa Blanca privados de libertad por dos años por el delito de usurpación.
“El Estado, compañeros, los gobiernos han tenido en un abandono total a la península de Zacate Grande. Estamos siendo abandonados, no hay respuesta estatal y nos toca a nosotros luchar, y luchamos contra todos esos grupos de poder que hoy nos llaman invasores y por eso aquí estamos exigiendo la libertad de los compañeros”, afirmó.
De acuerdo al narrador de la transmisión realizada desde La Voz de Zacate Grande, ambos privados de libertad, originarios de la comunidad de Playa Blanca, fueron criminalizados por exigir el derecho a la tierra y denunciar a través de la radio comunitaria el despojo y violaciones a derechos que se dan en la península.
El cronista, quien no se identificó en la emisión, apuntó que los terratenientes buscan desalojar a las y los habitantes de la península de Zacate Grande, puesto que ninguna de las familias cuenta con títulos de propiedad.
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DETENCIÓN NOCTURNA DE UN DEFENSOR EN MEDIO DE ESTADO DE EXCEPCIÓN
“Imagínese, ¿cómo lo están tirando? ¡No sean así, hombre! […] No, no sean así, es una persona adulta, es un ser humano, no es un animal”, se escucha la voz de una mujer no identificada al momento en que fue capturado el comunicador y defensor del territorio, Abel Pérez Ávila.
El video del momento en que Pérez es subido a la paila de una patrulla policial fue compartido en las redes sociales de la radio comunitaria. De acuerdo, a información proporcionada por La Voz de Zacate Grande, la detención se realizó a las 7:30 de la noche del viernes 2 de junio, sin orden de captura.
La radio no lo dice en su publicación, pero ninguna de las dos acciones sería posible bajo el marco jurídico legal de Honduras, de no ser por la suspensión de garantías constitucionales bajo el estado de excepción decretado y extendido desde el 6 de diciembre de 2022.
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La detención del defensor del territorio Abel Pérez, ocurrió cuatro días después que líderes y lideresas de Adepza y la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, se reunieron con el secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor de María Campos; y el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Fúnez, con el objetivo de encontrar solución al conflicto de tierras.
Al día siguiente de la captura, La Voz de Zacate Grande reportó en redes sociales que tras su detención, Abel Pérez pasó la noche en la posta policial. Posteriormente, fue trasladado al Juzgado de Ejecución, donde se realizó una audiencia en la que se “le dictaron la sentencia” de dos años de prisión por el delito de usurpación de tierras.
En horas de la tarde de ese mismo día fue trasladado al Centro Penitenciario de Nacaome, Valle, donde también está privado de libertad —por la supuesta comisión del mismo delito— Santos Hernández Ortíz.
¿QUÉ PASÓ CON LA DEROGACIÓN PARCIAL DEL DECRETO 93-2021?
A inicios de marzo de 2023, las comunidades de la península de Zacate Grande en el municipio de Amapala, departamento de Valle y Los Prados en Namasigüe, Choluteca, con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos solicitaron al Congreso Nacional, a través de la comisión de asuntos constitucionales, derogar parcialmente el decreto 93-2021, que criminaliza a través de la figura de “usurpación de espacios públicos” a poblaciones que defienden la tierra y el territorio.
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La Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, apuntó en esa oportunidad que a través de las reformas al Código Penal en relación al delito de usurpación “se sostiene la criminalización de los comunitarios de la península de Zacate Grande, propiciando violaciones a los DD HH de las poblaciones en resistencia”.
Asimismo, subrayaron la relevancia de esta reforma en el derecho a la libertad de expresión y participación ciudadana en el caso del megaproyecto fotovoltaico Los Prados en Namasigüe, Choluteca.
En esa ocasión, el diputado por Cortés del Partido Libertad y Refundación (Libre) y presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Ramón Barrios, afirmó que la delegación que dirige visitaría la península de Zacate Grande para “constatar las dificultades” y “sobre todo darles respuesta desde la comisión a la reforma o la anulación y derogación del delito de usurpación”. No obstante, no se tiene conocimiento que haya visitado la zona de forma oficial.
