siete mujeres deben ser electas magistradas de la Corte

Piden transparencia en elección de la Corte para garantizar protección de DD HH 

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En los doce años de gobierno del conservador Partido Nacional, la independencia de la Corte Suprema de Justicia fue seriamente socavada, iniciando con el golpe técnico realizado el 12 de diciembre de 2012 por el Congreso Nacional

Redacción: Marcia Perdomo

Tegucigalpa.- La Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos en Honduras remarcó la importancia de un proceso de elección transparente e imparcial de las y los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para asegurar la protección de los derechos humanos y la sostenibilidad del Estado de derecho.

Tras la publicación en el diario oficial La Gaceta de la Ley especial de organización y funcionamiento de la junta nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el pasado miércoles 20 de junio, la organización se pronunció con respecto a las eliminaciones realizadas a los incisos b), d), y e), así como la modificación del c). 

Las profesionales del derecho manifestaron que los cambios en el articulado de la ley arriba mencionada, “representan una evidente fisura que puede dar paso a injerencias y dependencia de la nueva CSJ frente a las fuerzas políticas”.

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Además, expusieron que debe asegurarse la independencia del Poder Judicial, el cual debe funcionar de forma complementaria, independiente y sin relaciones de subordinación ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Indicando que el artículo 303 de la Constitución manda a magistrados y jueces a someterse únicamente a la Constitución y a las leyes.

De esta forma, subrayan la importancia de la transparencia en el proceso para garantizar la protección de los derechos humanos y la sostenibilidad del Estado de derecho.

A la vez que exhortaron “a la omisión de intervenciones partidistas que vulneren el goce de la justicia de las y los hondureños, llamando a la imparcialidad y objetividad en cada una de las actuaciones ejercidas para el nombramiento de magistrados capaces, idóneos y competentes”.

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Los incisos eliminados del artículo 15 de la propuesta de ley incluían los siguientes requerimientos: “no ser miembro activo de un partido político, ni haberlo sido en los dos (2) años anteriores a su auto postulación”; “no haber sido o ser miembro titular o suplente de la Junta Nominadora”; “No tener vínculo de parentesco en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros de la Junta Nominadora, con diputados del Congreso Nacional y altos funcionarios del Estado”.

Mientras que la modificación del inciso c) permite que puedan autopostularse personas condenadas pero sin sentencia firme por delitos dolosos, violencia doméstica o incumplimiento de deudas alimentarias.

Sobre este cambio al inciso c), el exfiscal general de la República y actual titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana, mostró inconformidad contra las diputadas que votaron a favor del mismo.

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Como titular de la Secretaría de Transparencia, Orellana fue quien presentó ante el Congreso Nacional la propuesta de Ley para regular el funcionamiento de la junta nominadora para la elección de magistrados y magistradas de la CSJ.

De igual forma, declaró: “La Corte Suprema ideal es la que garantiza los derechos de las personas, protegiéndolos de los demás y, especialmente, del ejercicio arbitrario del Poder Público. A eso aspiramos cuando exigimos magistrados independientes, probos y capaces. Un primer paso es la ley aprobada”.

En los doce años de gobierno del conservador Partido Nacional, la independencia de la Corte Suprema de Justicia fue seriamente socavada, iniciando con el golpe técnico realizado, la madrugada del 12 de diciembre de 2012, por el Congreso Nacional contra cuatro magistrados que habían declarado inconstitucionales varias leyes promovidas desde el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo.

Entre las leyes declaradas inconstitucionales estaba la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (RED), precursora de la ahora derogada Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), entre otras.

La Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos en Honduras hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y participar en la veeduría del proceso de elección de magistrados con el objetivo de construir una Corte Suprema de Justicia independiente y libre de injerencias.

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