Tegucigalpa.- Organizaciones de sociedad civil de Honduras emitieron una carta dirigida a dar respuesta a la crisis agraria y de violencia socioambiental que atraviesan mujeres, comunidades indígenas y campesinas en la lucha y la defensa del territorio de cara al próximo gobierno, a ser electo este domingo 28 de noviembre.
Las dieciséis entidades aglutinadas en la Mesa Tierra y Territorio de Bienes Comunes de la Coalición Contra la Impunidad (CCI) se dirigieron a las personas que aspiran a la presidencia de Honduras. El enfoque toral del documento de ocho páginas fue enfocado principalmente en el combate de la pobreza rural, poner un alto a la criminalización de quienes defienden el territorio, y la construcción de un pacto ecosocial para el combate de la crisis climática y la destrucción del medio ambiente, entre otros.
En primer lugar establecieron que el combate de la pobreza rural pasa por reconocer la existencia actualmente de una política agraria que concentra la tierra en la agroindustria. Lo que a la vez provoca que el 60% de la producción agrícola este destinada a la agroexportación (café, banano, ocra, aceite de palma y azúcar) y apenas el 9% es producción de granos básicos (maíz, arroz y frijoles), dejando al 66% de la población en inseguridad alimentaria.
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Considerando lo anterior, remarcan la importancia de diseñar una política agraria integral, a través del anteproyecto de Ley Decreto de Emergencia Agrícola, Pecuario, Forestal y Climático para el combate a la pobreza rural. El mismo, afirmaron, fue elaborado por una diversidad de organizaciones sociales, indígenas, campesinas y de mujeres del país, con el objetivo de cerrar las brechas estructurales que determinan la crisis agraria y alimentaria en Honduras.
Un segundo punto es la cancelación de proyectos extractivistas de alto impacto socioambiental y la creación de una política de justicia ambiental reparadora de ecocidios socioterritoriales. Teniendo en cuenta que el 65% de los municipios en Honduras presenta áreas concesionadas para la construcción y funcionamiento de proyectos extractivos, muchos de los cuales se caracterizan por procesos administrativos plagados de corrupción, la cual se vio incrementada con la puesta en marcha de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDES).
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Una tercera materia es detener la política de criminalización contra quienes defienden la tierra y el territorio. Así como otorgar libertad a las personas defensoras perseguidas judicialmente y la creación de una jurisdicción de justicia indígena y campesina bajo estándares internacionales de derechos humanos. Subrayando que en Honduras entre 2010 y 2020 han sido procesadas al menos 2,962 personas defensoras de la tierra y el territorio, de estos 2,223 son hombres y 739 mujeres.
Un cuarto asunto es el establecimiento en la normativa nacional del carácter vinculante y obligatorio de los Cabildos Abiertos y la implementación de protocolos especiales de acceso a información pública en temas territoriales y ambientales. Esto debido a que el extractivismo se impone de forma arbitraria y bajo un halo de secretividad que genera conflictividad socioambiental y la judicialización de personas defensoras de tierra y territorio en Honduras.
Una quinta materia es el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección bajo el enfoque de los estándares internacionales para la protección de defensores y defensoras de tierra y territorio. Esto mediante el aseguramiento del papel protagónico y beligerante a lo interno del Mecanismo de la sociedad civil dentro del Consejo. Pues la forma en que está constituida actualmente está enfocada en medidas de protección de carácter policial y no en la salvaguarda de la vida de las personas defensoras.
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Según cifras de La Vía Campesina Honduras (LVC-H), citadas por la carta de la CCI, en el período comprendido del 2010 al 2021, aproximadamente 165 personas defensoras de tierra y territorio han sido asesinadas, de las cuales, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 96% de los casos se mantienen en impunidad ante la falta de investigación de parte del sistema judicial; y más de 2,400 personas defensoras han sido judicializadas.
En sexta instancia, proponen al Estado implementar las recomendaciones que hacen énfasis en el derecho de las personas defensoras de tierra y territorio a defender derechos, en la lucha contra el racismo, derechos de las mujeres rurales, fortalecimiento de instituciones de derechos humanos, seguridad alimentaria, consulta comunitaria alrededor de la instalación de los proyectos extractivistas, lucha integral contra el cambio climático, la promoción de los derechos indígenas y el esclarecimiento de asesinatos de personas defensoras de tierra y territorio.
En séptimo lugar, sostienen que el modelo de desarrollo neoliberal y extractivista fracaso en su totalidad, por lo que promocionan el desarrollo de una política económica que priorice las transiciones postextractivistas en tres direcciones: el salto cualitativo de un extractivismo depredador a un extractivismo sensato (con profundos controles ambientales) y de este transitar hacia un extractivismo necesario (gestionados autónomamente por las comunidades).
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El octavo punto está enfocado en proponer un amplio proceso de ambientalización de la sociedad y un pacto ecosocial, los cuales deberían girar en cuatro direcciones: la ambientalización de la educación, la ambientalización del derecho, la ambientalización de la ciudad y la ambientalización de la política alrededor de la construcción de un discurso orientado a fundar un nuevo orden ambiental, enfocado en el combate estratégico de la crisis climática, la destrucción del medio ambiente y la pérdida de la biodiversidad.
El documento fue suscrito por: Asociación de Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), el movimiento ambientalista social del sur (MASSVIDA), el Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), la Plataforma Agraria del Bajo Aguán, el Centro de Desarrollo Humano (CDH), Food First Information and Action Network (FIAN-Honduras), La Vía Campesina Honduras (LVC-H), el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo (FOSDEH), el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), el Consejo Desarrollo Integral para la Mujer Campesina (CODIMCA), el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), la Plataforma de Sociedad Civil de Siguatepeque, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Frente Nacional de Juventudes Campesinas (FRENAJUC), el Consejo Indígena Lenca Ambiental de Honduras (CILAH) y la Coordinadora Ambiental Indígena Lenca y Campesina de La Paz.
