Tegucigalpa.- Tanto el Partido Nacional como el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) emprendieron una campaña mediática contra la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) en defensa de sindicados en corrupción arguyendo ser víctimas de una “persecución política”.
Sin embargo, diversos sectores cuestionan que los políticos se quieran justificar en una falsa “persecución política” o los periodistas pretendan escudarse en la “libertad de expresión” cuando son llevados a los tribunales por implicaciones en actos de corrupción, lo que refleja el temor que les apremia al crear campañas mediáticas en contra de la lucha anticorrupción.
El pasado martes, cinco días después que se constituyó como normativa otorgar a la unidad anticorrupción poder enjuiciar a sindicados en corrupción sin requerir de la venia del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla o cualquier autoridad del Ministerio Público, la Uferco acusó a un diputado y varios exdiputados del Partido Nacional de conformar una red para desviar más de 18 millones de lempiras a través del Fondo Departamental a sus cuentas principales.
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Al siguiente día, las autoridades del Comité Central del Partido Nacional arremetieron contra la Uferco, en especial contra su director, Luis Javier Santos, a quien acusaron de “perseguirlos” olvidando que tras doce años de gobierno se cometieron innumerables actos de corrupción, sobre todo durante la pandemia del SARS-CoV-2.
“El titular ilegal de la Uferco, afín al Partido Libre, ha emitido requerimientos fiscales contra varios diputados y exdiputados nacionalistas violentando el debido proceso… lo dijimos y lo sostenemos, las acciones judiciales se realizarán únicamente contra el Partido Nacional”, detalla el comunicado.
La campaña continuó al siguiente día bajo la figura del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que mediante una publicación en Twitter, salieron en defensa de sus agremiados implicados en corrupción enarbolando la “libertad de expresión”, ante las especulaciones que 77 periodistas mencionados en el caso Hermes serían enjuiciados por la Uferco.
“Vigilantes ante una acción mal intencionada que se estaría fraguando contra de periodistas hondureños con la franca intención de desprestigiar y destruir su reputación y atentar contra la libertad de expresión y los medios de comunicación. Atentos compañeros. No nos van a callar”, se pronunciaron.
Lo paradójico en referirse a “no nos van a callar” es que el caso Hermes, que se presentó, en febrero de 2021, contra 11 funcionarios de Casa Presidencial en la administración del extraditado expresidente Juan Orlando Hernández, se malversaron alrededor de 122 millones de lempiras de los cuales, 98.3 millones fueron trasferidos a cuentas personales de 77 periodistas a cambio de emitir “opiniones favorables” a favor de JOH, como popularmente se le conoce a Hernández.
De acuerdo a las investigaciones de la Uferco, los desembolsos millonarios a los 77 periodistas, algunas actuales autoridades del Colegio de Periodistas, no se justifican como pago de publicidad porque nunca existió dicho servicio su único propósito era comprar el silencio de la prensa frente a las implicaciones de corrupción y narcotráfico de Hernández.
“Este es el vivo ejemplo de cómo está extendida la corrupción en el país que sale un Colegio de Periodistas en defensa de un caso sin ni siquiera conocer el fondo de un asunto. Nadie se pregunta qué se hizo los 18 millones, cómo llegaron a las cuentas de estos diputados, eso nadie lo pregunta, pero están tratando de descalificar y decir que es una persecución política, ¿Se imagina cómo está incrustada la corrupción?”, declaró Santos en entrevista a Criterio.
Añadió que la posición del Colegio de Periodistas pereciera que tiene vínculos con redes de corrupción, “es lo que percibo de estas posiciones incluso antiéticas del Colegio de Periodistas al tratar de descalificar a quienes estamos presentando las acciones”.
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REACCIONES DE SECTORES EN CONTRA DE CAMPAÑA PARA DESPRESTIGIAR LA UFERCO
El reconocido abogado experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, recriminó que el Colegio de Periodistas pretenda desacreditar el trabajo realizado por la unidad anticorrupción pese a los obstáculos del propio Chinchilla para querer debilitar su accionar.
“El Colegio de Periodistas es uno de los organismos que menos credibilidad y legitimidad tiene como para venir ahora a levantar una campaña en contra de la Uferco la cual es una instancia del Ministerio Público que, gracias al trabajo digno, decente del coordinador Santos y su equipo, es la única instancia que genera confianza en una mayoría de la ciudadanía”, reprochó.
Asimismo, alabó que a pesar que la Uferco se le redujo personal, salarios, incluso la seguridad y benéficos sociales “han estado haciendo un trabajo decente y que ahora venga el Colegio de Periodistas poniendo en duda el trabajo la credibilidad de la Uferco es absurdo”.
“Está comprobado que muchos periodistas que ahora se rasgan la vestidura, recibieron dinero del régimen de Juan Orlando Hernández para tergiversar los hechos o para levantar la imagen de Hernández. Me parece lamentable y obviamente no genera ninguna credibilidad, esto también está vinculado con la cúpula del Colegio de Periodistas que cuando gobernó Hernández estuvo en silencio absoluto y uno lo puede entender cuando salieron las pruebas en el caso Hermes en donde periodistas que se tildan de independientes, de dignos y decentes recibían dinero público para callar o tergiversar la verdad”, añadió.
De igual forma, el sacerdote jesuita director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), Ismael Moreno, expone que ningún sector de la sociedad debe tener miedo o sentirse amenazados por acusaciones de la Uferco, por el contrario, señala que se debe apoyar la lucha contra la corrupción.
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“Cuando los sectores se ponen a la defensiva, uno tiene el derecho de levantar sospechas por qué tanta preocupación, qué es lo que ocultan, qué es lo que guardan, qué es lo que no quieren que se conozca y lo peor que pueden hacer es que se acuse a la Uferco de persecución política, pero acusar de persecución política sobre eventuales casos de corrupción eso no nos ayuda”, expuso a Criterio.
Resalta que, “históricamente periodistas han estado comprometidos con la administración pública a cambio de proteger al gobierno, a cambio del silencio, elevar el perfil de determinadas figuras públicas a cambio de dinero y eso la Uferco debe investigarlo. Ya vendrán los periodistas a defenderse y, si en efecto son inocentes, se darán cuenta que no es persecución política”.
Por su parte, el congresista del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, exfiscal del Ministerio Público, defendió la labor emprendida por Santos dejando claro que ningún ciudadano está exento de ser investigado.
“Desde que conozco a Luis Javier Santos, jamás lo he visto actuar con tinte político o ideológico, siempre ha actuado con objetividad, de hecho, ha sido uno de los mejores fiscales del Ministerio público, sino el mejor. Todos los ciudadanos de un país están sujetos a ser investigados, no importa si estos son abogados, médicos, periodistas, empresarios, militares, religiosos, etc.”, pronunció.
Al igual, el abogado Raúl Paniagua indica que si alguna persona comete delito “independientemente quien sea”, el delito se debe enfrentar y para eso existe la función de investigación de los órganos operadores de justicia del Estado.
También, la abogada y diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, manifiesta que no se debe confundir o manipular el concepto de persecución política con el de persecución penal en contra de infractores de la ley.
“Funcionario público que infrinja la ley, de anteriores o este gobierno, deben ser enjuiciados sin excepción. Todos deben ser iguales ante la ley”, declaró.
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LOS BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE JOH A LA CÚPULA DEL CPH
Mediante Decreto Legislativo 86-2013, el 21 de mayo, cuando Hernández presidía el Congreso Nacional, se aprobó el un mecanismo mediante el cual el gobierno otorga el canje de deudas e impuestos con el Estado por parte de los medios de comunicación a cambio de publicidad en la forma que se establezca exclusivamente por el presidente de la nación o quien este delegue.
Como uno de sus tantos planes preconcebidos antes de asumir la presidencia de Honduras mediante fraudes electorales, Hernández impuso a los medios de comunicación un control de manipulación quienes, en su mayoría, se acogieron al régimen de indulgencia de impuestos manipulando sus políticas editoriales y usarlos a su favor durante sus ocho años como presidente.
Mientras el Colegio de Periodistas guardó silencio al igual que otras organizaciones, los canales de televisión, radios y diarios de prensa figuraron como una estructura que permitió a JOH incluso reelegirse en la presidencia de manera ilegal.
A la normativa se le sumó un reglamento que se aprobó mediante el Decreto Legislativo 40-2013 denominado Reglamento de la Ley de Rescate, Promoción, Fomento del Sector de las Comunicaciones que dispone el canje en un 50% del Poder Ejecutivo, 30 del Poder Legislativo y 20% al Poder Judicial, entre otras regulaciones que rige la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
El equipo de Criterio.hn durante cinco años ha solicitado información de los medios cobijados bajo la normativa, sin embargo, nuestros esfuerzos han sido infructuosos; inclusive, se ha hecho uso de la Ley de Acceso a la Información Pública con peticiones sin que exista entrega de la información solicitada.
Otra normativa que benefició a la cúpula del Colegio de Periodistas fue el pacto bajo el Decreto Legislativo 113-2019, que otorga un escudo de impunidad al no rendir cuentas del ente de pensiones de los comunicadores del cual existen denuncias de actos de corrupción en el manejo de los fondos de previsión de periodistas.
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Cabe señalar que el Instituto de Previsión Social de Periodistas (IPP) no ha sido auditado ni siquiera por lo que fue hasta 1995 la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Honduras, ni por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros (CNBS) en la actualidad.
Los directivos del Colegio de Periodistas gozan de impunidad en la operación administrativa y financiera del IPP, decreto ratificado y ampliado a solicitud del periodista Dagoberto Rodríguez quien era presidente del CPH en 2019.
A juicio de Joaquín Mejía, los medios de comunicación tradicionales fueron una de las columnas que sostuvieron el régimen de JOH porque “solo miraban algunas cosas puntuales, pero resulta ser que no se daban cuenta que eran un régimen autoritario e ilegítimo que estaba por un fraude electoral violando la Constitución, cometiendo graves casos de corrupción, cometiendo graves violaciones a derechos humanos”, expresó en declaraciones anteriores a Criterio.hn.
Un comentario
¿Cuándo la Justicia por corruopto (recibir moje) llama a tú puerta te sientes asustado o tienes miedo?
Pero, olvidas que por tus acciones se cometieron atrocidades y ahora te llegó la hora de dar cuenta.
Como decía un embajador gringo, no hay almuerzo gratis. Ponte sereno, y si eres inocente defiende tus colegas y gremio, pero si eres corruopto enfrenta la Justicia.
Recuerdoa que el que nada debe no tiene porqué temer, pero el que recibió moje de Joh para actuar de tapadera tiene que pagar.