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Falta de voluntad política deja rezagada nueva forma de elección de magistrados para la Corte Suprema

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Redacción: Viena Hernández

Tegucigalpa. – Una vez culminé que el receso del mes de junio de los diputados y estén obligados a retornar a sus funciones al hemiciclo legislativo, la convocatoria para conformar la Junta Nominadora e iniciar de una vez  el proceso para la elección de los nuevos magistrados del Poder Judicial deberá consumarse.

Distintas organizaciones de derechos humanos se pronunciaron con el objetivo de aconsejar que se utilice un nuevo marco regulador para la Junta Nominadora, la cual tendrá la importante tarea de seleccionar a 45 candidatos de excelencia y buen comportamiento para aspirar a convertirse en los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para enero de 2023.

A través de este manifiesto, dieron a conocer su preocupación para que el Congreso Nacional (CN) promueva que ese proceso de selección se desarrolle de manera transparente.

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Entre las peticiones que, además, han sido mencionadas dentro de las propuestas presentadas para este proceso, elaboradas por diputados, por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y por la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, están asegurar que la elección se dé con base en méritos y capacidades, transparencia y publicidad, participación ciudadana, igualdad y no discriminación.

De asegurarse lo antes mencionado, se disminuirían los riesgos de remedar en el proceso de nombramiento las prácticas del pasado caracterizadas por favorecer la politización de la justicia, el debilitamiento de la independencia judicial y su eficacia en la lucha contra la corrupción, así como la garantía efectiva de los derechos humanos, favoreciendo la corrupción y la impunidad.

La propuesta nombrada Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entregada al Legislativo por el secretario de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana Mercado, fue elaborada junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.

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La prometedora propuesta señala que las organizaciones integrantes de la Junta Nominadora ya no tendrán potestad para presentar listados de candidatos por tratarse de una práctica que las coloca como “juez y parte”.

Aunque el proyecto ha generado altas expectativas para mejorar este proceso de selección y adecuarlo a estándares internacionales, este ha sido opacado por la falta de compromiso político, pues pese a la importancia del tema, ninguna de las propuestas ha avanzado en su tramitación y no se han emitido dictámenes ni han sido socializadas con la ciudadanía hondureña.

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ALTAS EXPECTATIVAS, PERO SIN AVANCES

Para asegurar la renovación de los magistrados, se debe estar en consonancia con las demandas ciudadanas y las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, procurando establecer directrices claras para el funcionamiento de la Junta Nominadora en el proceso de selección de magistraturas que debe comenzar en julio.

Lo esencial -mencionan- es otorgar las herramientas para aumentar la transparencia, idoneidad, independencia, rendición de cuentas, o para alcanzar la paridad de género en la conformación de la Corte.

Hay que recordar que, el proyecto de ley para la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia quedó en pausa, pues la idea era que fuera aprobada antes de junio, previo a las vacaciones de un mes de los diputados del Congreso Nacional.

La actual Corte Suprema de Justicia, dirigida por Rolando Edgardo Argueta Pérez, inició sus funciones el 11 de febrero de 2016 y deberá culminarlas en enero de 2023, esta ha sido fuertemente cuestionada por su omisión a la hora de impartir justicia y actuaciones arbitrarias en contra de los intereses de las mayorías, pero permisiva ante la corrupción y el poder, demostrado durante el gobierno pasado del extraditado por narcotráfico Juan Orlando Hernández.

A finales de mayo, durante un foro de transparencia, el titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana Mercado, señaló que tanto la cabeza de la Corte Suprema de Justicia como la de Fiscalía están podridas.

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