La Ley Electoral de Honduras establece en su artículo 222 que las campañas políticas sólo pueden comenzar 50 días antes de las elecciones primarias y 90 días previo a las elecciones generales
Tegucigalpa, Honduras. – El fin de semana pasado, al igual que los anteriores, la gira política de la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, prosiguió en el departamento de Comayagua.
Aunque ella renunció a su cargo como secretaria de Finanzas para dedicarse a estas actividades políticas, los funcionarios y secretarios de Estado actuales que la han acompañado no lo han hecho, pese a la advertencia de la presidenta Xiomara Castro de renunciar a sus cargos si desean participar en política.
Moncada obedeció a la advertencia realizada por la presidenta de la República, Xiomara Castro, el 27 de octubre de 2023. Para el 1 de enero de 2024, ya había presentado su renuncia, acción que también fue repetida por su compañero de fórmula, Mauricio Ramos, quien dimitió de su cargo como titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
El mandato textual de la presidenta Castro establece que en una democracia es legítimo que varios funcionarios participen en política, pero si deciden hacerlo, deben interponer su renuncia.
A pesar del mandato claro y conciso, varios secretarios de Estado y diputados del Congreso Nacional se han visto en actividades políticas. Aunque desde la organización se justifique que se trata solo de un conversatorio, queda claro que es una concentración política.
Esta deducción se basa en que los encuentros se desarrollan en espacios públicos con el uso de logística como pancartas, altavoces e indumentaria alusiva al Partido Libre y su candidata presidencial.
Los analistas consultados por Criterio.hn cuestionan el papel de un funcionario en actividades políticas y la preocupación de la población hondureña sobre el origen de los fondos, que no siempre provienen de sus propios bolsillos, sino del dinero del Estado, es decir, de todos los hondureños y hondureñas.
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FUNCIONARIOS EN MÍTINES POLÍTICOS
Uno de los funcionarios que se ha visto en concentraciones e incluso en reuniones con los colectivos de Libre es el diputado Rasel Tomé, quien ha compartido toda su actividad política en sus redes sociales.
Sin embargo, también se ha observado la presencia de otros diputados, como la diputada Xiomara Hortensia Zelaya y el diputado Juan Barahona, quienes fueron vistos acompañando a Moncada en su gira realizada el fin de semana pasado en Comayagua.
Además de los diputados, también se ha observado la participación activa de los titulares de diversas secretarías en el denominado “conversatorio popular” llevado a cabo el domingo 18 de febrero de 2024 en Aranda, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.
Entre los funcionarios presentes se encontraban: Luther Castillo, titular de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacit); Lucky Medina, de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y Gerardo Torres, Vicecanciller de la República.
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PROSELITISMO USURERO
Sobre las acciones políticas realizadas este año, Ismael Moreno, exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y de Radio Progreso, catalogó la situación como “clara y oscura”, haciendo alusión a aspectos negativos y positivos.
Resaltó que es positivo el derecho a la organización social, aunque considera negativo que las campañas sean prematuras, teniendo en cuenta que el gobierno apenas lleva dos años.
Mencionó que aunque no se llamen oficialmente campañas políticas, estas acciones proselitistas elevan nombres y corrientes a lo que se le suma la duda sobre si se utilizan recursos del Estado y las instancias del gobierno para desarrollar las mismas.
Según Moreno, “esto debilita la administración pública y confunde a la población, lo cual considera un daño enorme y una forma de corrupción al usar obras públicas en función de perfiles y corrientes políticas”, expresó en diálogo con Criterio.hn
El “Padre Melo” como también es conocido, destacó que la realización de obras que corresponden hacer por mandato a los diputados y funcionarios, se puede utilizar como una forma de manipular a la población para obtener ventajas políticas.
Ante esta situación, Moreno sugiere denunciar el proselitismo encubierto en obras, ya que a pesar de la advertencia de la presidenta, solo dos funcionarios han renunciado, mientras que otros continúan en proselitismo usurero encubierto.
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SI ES CAMPAÑA POLÍTICA
En relación con este tema, el abogado y analista político Rafael Jerez mencionó que en el caso de los diputados que participan en actos políticos, pueden argumentar que estos eventos están relacionados incluso con la entrega de subvenciones. Sin embargo, la crítica en este caso es que no hay una rendición de cuentas pública, lo que genera dudas sobre la transparencia de tales actividades.
En cuanto a la precandidata presidencial Rixi Moncada, Jerez señaló que, al formar parte de la comisión negociadora para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIH), aún puede considerarse funcionaria pública.
En tanto, otros funcionarios que participan en estas actividades quieran presentarse como conversatorios y no campañas no valdría, ya que el objetivo es solicitar el voto de la población hondureña.”Lo que se escucha es que están haciendo un llamado para votar por una fórmula, entonces realmente sí es una campaña política”, expresó Jerez.
En este contexto, surge el cuestionamiento sobre el papel de los órganos electorales en Honduras, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Política Limpia. Sin embargo, Jerez analizó que, por el momento, hay un control partidario en el CNE, por lo que sería difícil que tomen medidas al respecto.
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¿QUÉ DICE LA LEY ELECTORAL?
Cabe señalar que la Ley Electoral de Honduras establece en su artículo 222 que la propaganda electoral sólo puede llevarse a cabo 50 días antes de las elecciones primarias y 90 días antes de las elecciones generales.
Este mismo artículo resalta que cualquier acción de propaganda realizada fuera de los plazos establecidos conlleva una multa equivalente a 50 salarios mínimos.
La ley textualmente prohíbe “la propaganda electoral mediante el uso de televisión, radio, periódicos, revistas, vallas publicitarias en lugares públicos, así como altavoces fijos o móviles”.
Aunque esta ley se refiere específicamente al proceso formal de propaganda electoral, podría aplicarse si en el momento actual se está solicitando el voto, opinó Jerez.
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FALTA ÉTICA
Por su parte, el analista político Aníbal Cálix expresó que legalmente podría ser válido, ya que al reunirse con simpatizantes no necesariamente está solicitando el voto, sino que puede estar llevando a cabo un trabajo de reestructuración.
Sin embargo, desde un punto de vista ético, se podría argumentar que los funcionarios deberían estar centrados en resolver los problemas actuales del país en lugar de enfocarse en su futuro político.
“Desde el punto de vista ético, no lo considero correcto, especialmente cuando se trata de funcionarios que han estado en funciones durante dos años y ahora están inmersos en campañas políticas”, afirmó.
Cálix destacó que este panorama debería ser abordado con mayor rigurosidad, pero lamentablemente las instituciones encargadas de la fiscalización carecen de la voluntad y los incentivos necesarios para hacerlo.
“Es lamentable que las instituciones encargadas de la fiscalización no tengan ni la voluntad ni los incentivos suficientes, considerando la importancia del tema y la cantidad de trabajo que aún queda por hacer”.
Y añadió: “La Ley tiene pocos dientes, y por eso es muy difícil cambiar la situación a través de herramientas legales”.
